Foucault y la Gubernamentalidad Fiscal

 

  

FOUCAULT Y LA GUBERNAMENTALIDAD FISCAL 

Tulio Rosembuj, 18 de febrero 2023.

 

ABSTRACT. 

Es difícil entender la hegemonía neoliberal sino se recurre a M. Foucault.  Sus reflexiones proveen los instrumentos de interpretación que, en su tiempo, apenas apuntaban. El análisis revela una teoría y práctica totalizadora de la gubernamentalidad, del arte de gobierno, sujeto al fundamentalismo de mercado. Un discurso, el neoliberal, que aspira a pensamiento único y verdadero y que ha resistido los embates desde la izquierda y la derecha. La autocracia liberal evoluciona hacia una forma de totalitarismo, comprensivo de todos los segmentos públicos y privados de comportamiento. Esto también incluye al poder tributario y sus efectos políticos, sociales y económicos. Lo importante es tener en cuenta que el contradiscurso debe componerse, a su vez, como verdad, para desmontar la falsificación de la realidad en todos sus aspectos. Si no se actua en su conjunto –sobre el Estado, la democracia, la norma constitucional, las libertades individuales-, la verdad neoliberal seguirá imponiéndose pese a su falsificación absoluta. 

1.Foucault y la gubernamentalidad. 1.1. La sociedad de normalización. 1.2. La acción a distancia. 1.3. Los dispositivos de seguridad. 1.4. Tecnología de poder. 1.5. El discurso del poder. 1.6. La verdad y el poder. 1.7. El principio de veridicción del mercado. 1.8 Del Estado de policía a la policía de Estado. 1.9. La soberanía fiscal. 1.10. La razón del Estado y las contraconductas. 1.11. La racionalidad del gobierno liberal. 1.12. La gubernamentalidad fiscal.  1.13. La resiliencia y la justificación del sistema. 1.14. El discurso del poder tributario. 1.15. La veredicción del Estado. Conclusiones.

 

1.Foucault y la gubernamentalidad. 

La razón de Estado establece que la defensa militar y el orden público son necesarios para la existencia del Estado y su preservación. La atribución institucional de poderes exorbitantes es legítima para asegurar su conservación externa y el orden público interno.

La razón de Estado, ratio status, ragione di Stato, se concibe en Europa entre los siglos XVI y XVII y supone la convergencia de instituciones ya existentes –la fuerza militar, policial, impuestos, administración, y otras que hacen a la economía, a la vida social- en torno al concepto único de Estado, que las articula.

El arte de gobernar a la población, a partir del siglo XVIII, es una nueva forma de racionalidad política (artificial) alejada de principios y valores distintos a los que correspondían a los propios fines de la monarquía, del Príncipe. No es un gobierno divino, sino, exquisitamente humano, secularizado. El Estado es la encarnación de la forma racional sobre la que se diseña el arte de gobierno.

“La razón de Estado es lo que permite mantener el Estado en buen estado” (Foucault).

La población es la destinataria de la razón de Estado. El aparato dirigido para ponerla en práctica es la policía que pone en funcionamiento la razón de Estado. La policía posee los medios necesarios para aumentar, desde adentro, las fuerzas del Estado y es de su incumbencia lo que sirve al mantenimiento del orden público de la sociedad.[i]

La seguridad del Estado es el factor que alimenta la racionalidad política y el dispositivo militar y de la policía y el impuesto sirven exactamente a esa finalidad.

“En el fondo, y de manera general, la policía tendrá que regir y –ese será su objeto fundamental– todas las formas, digamos, de coexistencia de los hombres entre sí. El hecho de que vivan juntos, se reproduzcan, necesiten cada uno a su turno, determinada cantidad de alimentos, aire para respirar, para vivir, subsistir; el hecho de que trabajen, de que trabajen unos al lado de otros en oficios diferentes o similares, y también el hecho de que se encuentren en un espacio de circulación, toda esa suerte de socialidad…será lo que deba tomar la policía a su cargo…la policía se ocupa de la sociedad”.[ii]

La doctrina de M. Foucault ilustra y completa la tesis de N. Elias y lo hace estudiando el nuevo sujeto público creado. La creación del Estado viene de la conjunción de la diplomacia y la fuerza militar y de la policía y del monopolio fiscal. La razón de Estado identifica el nuevo poder, al cual le es ajeno cualquier otra inquietud que la conservación y crecimiento de su propio poder.[iii]

El arte de gobierno dice Foucault, está intimamente ligado al desarrollo de la estadística o aritmética: el conocimiento de las fuerzas propias y la de los diferentes Estados. La razón de Estado es gobierno conforme a la fuerza del Estado.[iv]

La razón de Estado inicia la andadura del Estado de policia al amparo del fortalecimiento propio y como modo de satisfacción de la vida de la población. El objeto de la policía dice Foucault, es la gestión de la potencia pública y es casi infinito e ilimitado.

Es a partir de mediados del siglo XVIII que destaca la autolimitación de la razón de gobierno, por causa de la economía política. El principio de la racionalidad política del liberalismo limita la razón de Estado precedente en un modo determinante: no es la policia, sino la económia política como fundamento de gobierno y su consecuencia de gobierno mínimo o frugal:

“el arte de gobernar lo menos posible, entre un máximo y un mínimo, eligiendo el mínimo antes que el máximo”.[v]

La transformación del Estado administrativo de policia en Estado de racionalidad política no impide, al contrario, la conservaciòn de las bases históricas de los monopolios públicos de violencia fìsica y fiscal. El conflicto estallará entre los monopolios privados y la competencia entre ellos en el seno del mercado, para ocupar y aprovecharse de los dispositivos de seguridad públicos que se mantienen y acrecientan: los gastos e ingresos públicos.

La economía política recoge las instituciones ya existentes, administración, justicia, impuesto, para sus fines. La estadística se confirma como el nuevo eje del conocimiento. La burocracia estadística determina clasificaciones ocupadas por cada persona y que ilustran lo que pueden o no hacer, introduciendo, en el siglo XIX, instrumentos de vigilancia y control. 

Foucault matiza entre la soberanía del Estado, que encarna los monopolios de violencia física y los impuestos y el absolutismo jurídico y el poder en sentido estricto. En algún momento afirma que la soberanía desaparece ante la nueva gubernamentabilidad. Posteriormente, admite que soberanía y economía de gestión del poder pueden coincidir e ir en paralelo como así sucede hasta ahora. Al final, en sus últimos escritos, reconoce que el conflicto de fondo permanece irresuelto entre individualismo y/o totalitarismo. Entre soberanía totalitaria o democrática.

El poder del Estado posee una versión disminuida porque omite aquello que clásicamente encierra el concepto de soberanía. Foucault minimiza el poder del Estado porque es una consecuencia del conjunto de la sociedad antes que su lugar privilegiado. El poder, en cuanto tal, habita hogares moleculares.

El poder está deslocalizado, descentralizado y se ejerce de continuo en modo transversal sobre todos los individuos, es relacional. El control del poder público no asegura ni la extinción ni la modificación de los segmentos de poder existentes en las relaciones humanas entre hombre y mujer, entre padres e hijos, en las instituciones, fábricas, prisiones, los hospitales, la escuela.

El poder del Estado es insuficiente para comprender la totalidad de las redes de relaciones de poder entre las personas que, a su turno, le condicionan, en el ejercicio de su propio poder.

El Estado, sostiene Foucault, no tiene esencia, no es un universal, ni ostenta una fuente autonoma de poder. El Estado es un campo incesante de competencia de relación de fuerzas políticas, sociales, económicas que modifican, cambian, invierten su comportamiento

El Estado no tiene corazón, no prueba sentimientos y no tiene un interior. El Estado es una realidad compuesta, una abstracción mitificada:

“el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples”.[vi]

El Estado como campo de convergencia o contraste entre diversas fuerzas en distintos momentos y espacios.

El Estado, sin embargo, es algo más. El Estado, en una interpretación que rechaza Foucault, es la potencia simbólica colectiva que resulta, en cada conjunto de personas, de sus relaciones mutuas de la solidaridad de sus intereses, de la comunidad de acciones entre ellos, de la corriente de sus opiniones, de sus pasiones.

El Estado no existe sin ciudadanos; no es anterior ni posterior a los mismos, pero existe igual que ellos existen, distinguiéndose de cada uno y de todos por facultades y atribuciones de excepción (monopolio de la violencia fìsica, de los impuestos, de la soberanía del estado de excepción). Lo que es móvil y fluctuante es el ejercicio del poder público y la titularidad de su acceso e influencia institucional.

La razón de Estado no es igual que la razón individual, siendo el interés del Estado objetivamente diverso al interés privado y sus actos diferentes a los de los ciudadanos. Dice Proudhon que el libre albedrio del Estado tiene el nombre de razón de Estado; el libre albedrio individual se llama libertad.[vii]

La confrontación entre libertad individual y Estado no puede aceptarse plenamente porque son manifestaciones diferentes. La libertad no es una ficción porque inviste una facultad positiva que es al individuo como el Estado es al conjunto de los ciudadanos. El poder simbólico del Estado, como demuestra Bourdieu, es un metapoder cuya conquista es propòsito de los poderes sociales, politicos, económicos, culturales.

La esencia del neoliberalismo –sobre todo el ordoliberalismo alemán de la posguerra consiste en el desarme de Estado público y general, para su remodelación bajo los principios de la economía de mercado y el desmantelamiento de lo colectivo.

El fundamentalismo del mercado ocupa el Estado y desocupa toda la potencia de la asociación, de la comunidad, del fortalecimiento del uno entre todos, con todos. Su propósito eleva a dogma el privilegio de la soberanía del individuo, de la empresa, frente a las amenazas del Estado autónomo y de la renuncia de la tutela de la posición de los que no pueden realizar sus capacidades a paridad de posibilidades.

El mercado neoliberal adopta al Estado para la regulación y formalización de la competencia entre las empresas. El Estado pasa a ser un artefacto construido por el mercado. La racionalidad política neoliberal debe destruir sin tregua el interés público, los fines colectivos y cualquier atisbo de interés desinteresado. La demolición de la idea del servicio público y la dimisión del Estado de cualquier vínculo de igualdad social y solidaridad.

El Estado, en suma, es soberania subordinada al mercado y respeto al mercado autoregulado conforme a la lógica de los precios. El fundamentalismo del mercado, la competencia y el lucro privado e individual.[viii]

La racionalidad política a partir del siglo XVIII ofrece la verdad liberal en su sentido único y total del poder público, del mercado, del individuo. El siglo XX ilustra y lastra la fuerza de la construcción originaria ante la múltiplicidad de tentativas fallidas de gubernamentabilidad pública: socialista, marxista leninista, nacionalsocialista, fascista.

El neoliberalismo, explica M. Foucault, transforma la perspectiva clásica de la relación entre el estado y el mercado. El liberalismo clásico –dejar hacer -solicita del estado que libertad queda en manos de la economía, mientras que el neoliberalismo propone como el mercado libre puede poseer la función y el papel de la creación del estado, haciendo posible el fundamento de su legitimación.

“El gobierno debe acompañar la economía de mercado desde el inicio hasta el final. La economía de mercado no quita nada del gobierno. Al contrario, fija la agenda en la cual uno coloca la regla para definir toda la acción gubernamental. Uno debe gobernar para el mercado, en lugar de a causa del mercado”.[ix]

Los efectos del mercado son soberanos y su intervención legítima solo puede formularse para garantizar los mecanismos competitivos como disciplina: una regulación general por vía del mercado. La ley formal no debe incursionar en campos que no le corresponden, como, por ejemplo, la brecha de renta o riqueza social o la desigualdad.

“Desigualdad es igual para todos”. No se trata de la “estatización del individuo”, como afirma Röpke, que degrada a las personas a animales domesticos alimentados por el Estado, encadenadas a los establos estatales, sino la personalización del Estado como servicio democrático para posibilitar la seguridad humana a todos y de cada uno de los miembros de la comunidad.[x]

El mercado otorga a cada uno lo que se merece y todos debemos aceptar el modelo de sociedad implícito. El Estado es el primer sujeto sometido a control, vigilancia, juicio, por el mercado.

La inseguridad extrema pone en tela de juicio la debilidad del aparato del Estado. El Estado es el último umbral de defensa para la población, para si mismo, para los poderes que representa.

El propio Foucault afirma que el pacto del Estado con la población incluye la seguridad, ante eventos singulares, excepcionales, urgentes, fuera de las previsiones legales ordinarias. La garantía contra los riesgos e incertidumbres, accidentes, daños, seguridad personal vinculados, v.g. al terrorismo o a la pandemia. La gubernamentalidad del Estado reacciona ante la angustia social porque puede perder la adhesion de los ciudadanos si no les protege contra la inseguridad.[xi]

El accidente peligroso es primero peligroso para los ciudadanos, pero segundo para todo el sistema politico, administrativo, judicial, económico. Y la gestión del accidente peligroso pertenece al poder público, vecino como está de los monopolios históricos contra la violencia pública y el monopolio fiscal.

La vocación del Estado es la de ser policial y totalitario, es decir, hacer un control administrativo preciso de todo, solo moderado por el pluralismo democrático y las libertades sociales, un punto hacia la totalización impedida por la individualización y subjetivación social.

“Las sociedades de seguridad que están en condiciones de concretarse toleran toda una serie de comportamientos diferentes, variados, al límite, desviados, antagónicos, a condición de encuadrar la posible eliminación de cosas, de gentes, de comportamientos considerados como accidentales y peligrosos. Esta delimitación del “accidente peligroso” pertenece al poder”.[xii]

El accidente peligroso es soberanía de estado de excepción en estado puro y respira la superioridad de la urgencia por sobre la norma legal, convertida ella misma en norma por necesidad.

La dispersión y adhesión de la práctica del poder en la sociedad en que se expresa no deja indiferentes a los riesgos sistémicos que reclaman el protagonismo del Estado de policia.

La racionalidad política nace para regir alguna conducta de otras conductas humanas, sin mengua que puede acompasarse al totalitarismo o al individualismo, sin transición, si lo requiere la conservación del poder.

El arte de gobierno es la nueva racionalidad política del Estado liberal. El Estado de policia se convierte en Estado gubernamentalizado, sin pérdida de sus atributos originales condensados en el concepto de dispositivos de seguridad, pero con alcances diferentes a los conocidos. De una parte, la población como objeto de política (biopolítica) y de otra el estado de gubernamentalidad mediante el nuevo saber que proporciona la economía: una sociedad de libertades bajo control de los aparatos de seguridad que impidan su disolución, o el caos.[xiii] 

La gubernamentalidad, en palabras de Foucault, alude a tres cosas:

-El conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los calculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad.

El capitalismo aferra las instituciones, crea y difunde los discursos y las tácticas y estrategias cuyo propósito es la gestión de la población (biopolítica) y de los individuos.

-La tendencia que en todo Occidente no dejó de conducir hacia la preeminencia del tipo de poder que podemos llamar gobierno sobre los demás: soberanía, disciplina y que indujo, por un lado, al desarrollo de todo un tipo de aparatos especìficos de gobierno y por otro, al desarrollo de toda una serie de saberes.

La tecnología del poder es amplia, abarcando todos los segmentos y células sociales, apoyada en conocimientos específicos y saberes concretos adecuados a la finalidad del discurso liberal: una producción lo más intensa posible apoyada en la vigilancia concreta y precisa de los individuos mediante la normalización de su conducta a miles de órdenes preordenados.

-El resultado del proceso en virtud del cual el Estado de justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos XV y XVI se “gubernamentalizó” poco a poco.[xiv]

La sociedad no se estatiza, sino que el Estado se gubernamentaliza. El gobierno es la cumbre de un poder anónimo e invisible que se extiende de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.

La gubernamentalidad es la tecnología política que permite el ejercicio del poder sobre la población, su conocimiento y dirección, los dispositivos de seguridad y el fortalecimiento diplomático y militar y fiscal.

El mérito neoliberal reside en su discurso completo, unificado, totalizador cuyo eje son las libertades individuales en un marco de juego de limitaciones, restricciones, controles predeterminados.

La lógica del mercado, como nuevo depósito de la verdad, dirigido a la disciplina completa del medio social y de las actividades polìticas, sociales, económicas, morales de la persona. La sociedad depende del mercado y queda sometida a sus fuerzas.

 

1.1. La sociedad de normalización.

La gubernamentalidad ilustra la tecnología del poder liberal, porque supone una completa (totalizante) reforma del ejercicio de la autoridad pública. Es el paso de la disciplina policial del Estado de la sociedad, a las formas modernas capitalistas de la economía de la sociedad de normalización y control de la población. La tecnologia de poder difuso, extendido, invasor de toda la vida humana, que explica como se conducen las conductas de los demás, sea en su relación con el Estado, con la persona, la familia, en la escuela, en las instituciones.[xv]

La disciplina tiene un doble sentido. Por un lado, encierra el mecanismo del poder en un espacio reglamentario sin límites. El objeto es la sumisión de la persona y el castigo del malhechor y peligroso. La disciplina aspira a que el elemento humano se convierta en normal o excluirlo del concierto común como antisocial, vago, maleante.

“El orden, en efecto, es lo que queda una vez que se ha impedido todo lo que está prohibido. Este pensamiento negativo es, creo, el elemento característico de un código legal. Pensamiento y técnica negativos”.[xvi]

El poder disciplinario es heredero de la soberanía de ley y su modo de acción es el esquema de la prohibición, de la sancion y la ocultación. Es un poder exterior a las conductas y su efecto es esencialmente negativo. El impuesto es puro poder disciplinario.

Por otro, la disciplina tiene un código diferente positivo, porque se muestra como práctica efectiva en la sociedad y en el comportamiento de las personas. La disciplina escribe un medio y orienta las conductas de las personas estimulando o penalizando su actividad conforme a sus comportamientos.

“Las disciplinas conllevarán un discurso que sera el de la regla, no el de la regla juridica derivada de la soberanía, sino el de la regla natural, es decir, el de la norma”.[xvii]

El poder normalizador es positivo y produce el hecho de la vida en la población en su conjunto y la transformación técnica de los individuos en particular.[xviii]

La normalización, la norma, ensaya de dividir entre lo normal y lo anormal y usa los medios para su corrección cuando se puede o empleando otros recursos cuando es imposible. La transformación del individuo conlleva una jerarquía de individuos que se califican como aptos o ineptos en función de la eficacia de la producción, la educación, salud.[xix]

El arte de gobierno neoliberal hace un arte de la cultura del peligro. No hay liberalismo, escribe Foucault, sin vivir peligrosamente. Los mecanismos de libertad/seguridad son inseparables:

“La libertad y la seguridad: la relación libertad y seguridad es el centro propulsor de esta nueva razon de gobierno…la economía de poder específica del liberalismo”.[xx]

La sociedad de la normalización es una síntesis definitiva de la estrecha relación entre el ejercicio del poder, cualquiera que sea su naturaleza, y la creación de un discurso de verdad que se produce, transmite, circula para lograr su aceptación como ortodoxia e inevitabilidad en sus destinatarios.

“La norma es un juego dentro de las normalidades diferenciales. La normalizaciòn consiste en poner en juego y hacer interactuar esas diferentes distribuciones de normalidad. Lo normal es lo primero y la norma se deduce de él, o se fija y cumple su papel operativo a partir del estudio de las norrnalidades. Por consiguiente, yo diría que ya no se trata de una normación sino más bien, o en sentido estricto, de una normalización”.[xxi]

El poder neoliberal se instala en la conducción de las conductas, lo cual supone, en la práctica social la emergencia de la biopolítica y el biopoder para someter los cuerpos y el control de la población:

“la invasión de la vida enteramente…La invasión del cuerpo viviente, su valorización y la gestión distributiva de sus fuerzas fueron en ese momento indispensables (para el desarrollo del capitalismo)”.[xxii]

 

1.2. La acción a distancia.

La gubernamentalidad es un añadido determinante de la acción a distancia para transmitir un discurso de poder basado en los dispositivos de seguridad que permita, como lo hizo, la persuasion distinta y eventualmente complementaria de la órden disciplinaria y la coacción. La preeminencia y la fundamentalidad del mercado y la reducción de la vida a puro objetivo económico intestado en cada uno de los individuos, solicitaba la docilidad y el dominio de la verdad instalada sobre la población.

La sociedad normalizada recurre a la acción a distancia mediante la cual se crea un medio de orientación y dirección de la persona para que actue de conformidad a lo que se pretende de ella. Una acción sobre acciones de los demás para que su voluntad responda a los estímulos deseados basado en las probabilidades que se predeterminan y excluyen o segregan cualquier otra alternativa, salvo la contraconducta social de resistencia, de vagancia, de peligrosidad social.[xxiii]

La acción a distancia es uno de los elementos innovadores neoliberal porque sirve para que aquellos otros ajenos al centro, puedan identificarse con sus deseos y aspiraciones y convertirse en aliados de gobierno o pasivos sostenedores de su sistema de poder.

“ …a center of calculation… on the desires and activities of others who were spatially and organizationally distinct”.[xxiv]

El poder neoliberal se instala en la conducción de las conductas, lo cual supone, en la práctica social la emergencia de la biopolítica y el biopoder para someter los cuerpos y el control de la población “…a center of calculation … on the desires and activities of others who were spatially and organizationally distinct”.[xxv]

La exasperación de la vigilancia lleva al control de las libertades y vidas de cada individuo, para su aprovechamiento económico, politico, social, moral. La sociedad de control perfecciona la sociedad de normalización y la acción a distancia.

“ « Contrôle », c’est le nom que Burroughs propose pour désigner le nouveau monstre, et que Foucault reconnaît comme notre proche avenir. Paul Virilio aussi ne cesse d’analyser les formes ultra-rapides de contrôle à l’air libre, qui remplacent les vieilles disciplines opérant dans la durée d’un systéme clos.

Il n’y a pas besion de sience-fiction pour concevoir un mécanisme de contrôle qui donne à chaque instant la position d’un élément en milieu ouvert, animal dans une réserve, homme dans une entreprise (collier électronique). Félix Guattari imaginait une ville où chacun pouvait quitter son appartement, sa rue, son quartier, grâce à sa carte électronique (dividuelle) qui faisait lever telle ou telle barrière ; mais aussi bien la carte pouvait être recrachée tel jour, ou entre telles heures ; ce qui compte n’est pas la barriére, mais l’ordinateur qui repère la position de chacun, licite ou ilicite, et opére une modulation universelle”.[xxvi]

La sociedad normalizada es una sociedad de vigilancia que, en nuestros dìas, deviene sociedad de control, sociedad de seguridad, fruto de la dominación digital de la libertad individual. La inteligencia artificial –el algoritmo, el Big Data, machine learning– permite el empleo del neuromarketing y remote sensing a escala no conocida hasta ahora en la manipulación de las preferencias y las decisiones de la persona sobre datos extraídos a terceros, que ni tan siquiera sabe de su existencia, sea con fin de beneficio o de control e influencia.

Para mayor preocupación la acción a distancia opera sobre la base de neuromarketing y de las técnicas de sensibilidad remota (remote sensing) en la manipulación del mercado y del comportamiento cívico.[xxvii]

 

1.3.   Los dispositivos de seguridad.

El riesgo social se combate con el cálculo de las probabilidades, la tentativa de prevenir la aleatoriedad o lo imprevisible y, en el principio, con la estadística, la policia gubernativa, la coacción y la sanción. Pero, Foucault apareja la gubernamentalidad con los dispositivos de seguridad que acompañan la razonabilidad del arte de gobierno con carácter indefinido.

El dispositivo es un conjunto heterogéneo que incluye cualquier cosa: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas reglamentarias, policiales, enunciados cientìficos, tanto lo dicho como lo no dicho. El dispositivo es la red que se establece entre estos elementos.

El dispositivo es una muestra de la complejidad del poder que afronta su ejercicio en todos y cada una de sus actuaciones u omisiones en red. Esto podría consentir la calificación del poder como sistema complejo. Es interesante observar en su interior las distintas fuentes de producción juridical: ley, reglamentos, medidas administrativas, que indican la subordinación clara del absolutismo jurídico a la decision política superior y su manipulación a esos efectos.

El dispositivo responde a una urgencia, una función estratégica dominante. Por un lado, el proceso de sobredeterminación, porque cada efecto se quiera o no influye sobre los otros y obliga a un reajuste permanente. Por otro, una adecuación estratégica perpetua, ante el cambio de la realidad.

El dispositivo posee naturaleza estratégica, lo cual implica una cierta dirección de las relaciones de fuerzas en interés propio, de una intervención racional y concertada en esas relaciones de fuerzas, sea para orientarlas en una dirección, para bloquearlas o para establecerlas. El dispositivo es parte de un juego de poder ligado a circunstancias de saber.

El capitalismo, desde la primera Revolución Industrial fue pionero en un acotado dispositivo de seguridad que captura, orienta, determina, intercepta, modela, controla y asegura los gestos, las conductas, las opiniones y los discursos de las personas, en sentido positivo o negativo, según las circunstancias.[xxviii]

La razón de Estado neoliberal es la gubernamentalidad a distancia y el encuadramiento de los dispositivos de seguridad que aseguran su relación de fuerza dominante sobre las otras fuerzas discrepantes o antagónicas, que impida su cambio y, sobre todo, el estado de excepción soberano para la suspensión de la ley y de la constitución en casos de emergencia.

El discurso del poder enlaza el poder público y los poderes particulares esparcidos en la sociedad. El propósito declarado es la verdad de subordinaciòn de todo el arte de gobierno para el mercado (vericidad del mercado). Es un discurso contrastado por pràcticas sociales efectivas de poder y que atraen poderes establecidos en la sociedad, sea en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las instituciones, en la teoría y en la academia.

 

1.4. La tecnologia del poder.

La biopolítica genera nuevas tecnologías de biopoder. El fenómeno de la población obliga a la administración, control y dirección de la acumulación de gente, conforme a las necesidades demográficas, de salud pública, de higiene, condiciones de habitabilidad, longevidad y fertilidad. Una nueva tecnología de ejercicio del poder que tiene un concreto y preciso carácter de dispersion en realidades diferentes. El poder, dice Foucault, implica acceder a los cuerpos de las personas, a su actos, actitudes y modos de comportamiento diarios en sus casas, en las escuelas, en el trabajo, en el hospital, en las cárceles, lo cual supone un notable esfuerzo de normalización, manipulación y condicionamiento.[xxix]

Las tecnologias del poder desarrollan disciplinas generales de todo orden, que generan estrategias particulares en el sistema social y sirven de fundamento a los programas que sirven a su realización.

El sueño de la burguesia es la puesta bajo vigilancia a toda la población. El sueño realizado del panopticon de Bentham es que un solo individuo (ahora diríamos, un solo algoritmo) puede vigilar a todo el mundo. El verdadero problema, dice Foucault, es la policia, el panoptismo. Para esto el poder del Estado es absolutamente necesario, aunque no lo dice.[xxx]

 

1.5. El discurso del poder.

El nucleo del poder es uno de los principios rectores de las tésis de Foucault. Todas sus construcciones son derivadas de las relaciones de poder entre individuos.

“La principal característica del poder es que algunas personas pueden determinar más o menos enteramente la conducta de otras personas, pero, nunca hasta su agotamiento o coercitivamente”.[xxxi]

De modo que el poder no equivale a sumisión sin consecuencias. Es una relación que orienta una aceptación recíproca entre el que manda y el que está sujeto, con la última decisión de parte de éste de rechazar o rehusar la condición, a pacto que renuncie a sus beneficios y arriesgue la marginalización o exclusión.

El poder no es propiedad, sino estrategia y por tanto se ejerce, no existe mas que en acto, algo que está en juego.

La relación de poder es relación de fuerza: la guerra continuada con otros medios. El poder politico asume el cometido de esta guerra permanente a través de su registro en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje, en los cuerpos de unos y otros. Y solo la contraconducta social puede producir la decision política de otra relación de poder, mediante su cambio, el de sus operadores materiales, de sus discursos de verdad.[xxxii]

La racionalización distingue cada forma de poder, sea en las relaciones entre sexos, de los adultos sobre los niños, de una clase sobre otra. Cualquier gobierno de personas por personas implica un tipo de racionalidad que sirva para difundirla, justificarla, explicarla. Por ello, la crítica no es suficiente, sino se postula su reemplazo por otra racionalidad. Lo que debe cuestionarse, dice Foucault, es la forma de la racionalidad, porque, de lo contrario, se arriesga en que la racionalidad prevalente se imponga con simples modificaciones cosméticas a su ejercicio. En otros terminos, la racionalidad del poder es completa, no admite fragmentos o parcialidades, que impidan su disolución en las relaciones de poder racionalizadas existentes

El poder es un circuito de relaciones encadenadas y se organiza y funciona en red, de circulación continua entre individuos que somete los cuerpos, guia los gestos, rige los comportamientos. El individuo es un efecto del poder:

“El poder circula a través del individuo que ha constituido”.[xxxiii]

Finalmente, el postulado de la legalidad o de la estrategia de los diversos ilegalismos. El poder gestiona su legalidad mediante la gestión de ilegalismos o reservando los ilegalismos para configurar su propia legalidad.

“…la ley no está hecha para impedir algún tipo de comportamiento, sino para distinguir las distintas maneras bajo las cuales se puede vulnerar la ley”. Los ilegalismos no son casuales o una imperfección inevitable, sino que son un elemento del funcionamiento social, estratégico. Todo dispositivo legislativo ha contemplado unos espacios reservados en los que la ley puede ser violada, otros en los que puede ser ignorada y finalmente, otros más en los que las infracciones pueden ser castigadas.[xxxiv]

La ley ilegal sirve para la configuración de comportamientos legítimos para su violación consentida (privilegios, ventajas); para ignorar su efectividad (el abuso del derecho) o constitutivas de infracciones más o menos sancionables, conforme a las relaciones de poder en curso.

El poder es siempre previo; nunca es ajeno y no hay márgen para que den el salto quienes están en ruptura con el. Esto supone rechazar un privilegio absoluto de la ley. El poder es coextensivo al cuerpo social y crea relaciones intrínsecas a distintos tipos de relación, de producción, de alianza, de familia, de sexualidad. Las formas de ejercicio del poder no se agotan en la prohibición y el castigo, sino que crean una tecnología compleja de normalización aceptada y seguida por los individuos. Cada relación de dominio es integrable y utilizable en estrategias más generales.

“Que no se pueda estar nunca “fuera del poder” no quiere decir que estemos atrapados de cualquier forma”. (Foucault); significa que las resistencias seran reales y eficaces en cuanto se formen en el lugar exacto en el que se ejercen las relaciones de poder: el trabajo, la empresa, la familia, la escuela, el Estado policial administrativo, v. g, el poder tributario.[xxxv]

 

1.6. La verdad y el poder.

El poder-saber es una ecuación esencial del arte de gobierno liberal. Sus prácticas sociales sirven para transportar al medio una tecnología de poder cuya virtud es presentarse como un regimen de verdad y establecer de su parte lo que es verdadero o falso. La verdad se hace régimen real mediante el discurso impuesto. Y así lo que no forma parte es falso. La verdad es un premio y lo falso un castigo. No es una verdad real sino funcional al discurso del poder de dominación. La discriminación entre verdadero y falso esta reglada de conformidad a los efectos politicos del poder.

El regimen de la verdad está ligada a los sistemas de poder que la producen y la mantienen y a los efectos de poder que induce y que la acompañan.

“Este regimen ha sido una condición de formación y de desarrollo del capitalismo… Un conjunto de procedimientos reglamentados por la producciòn, la ley, la repartición, la puesta en circulación y el funcionamiento de los enunciados”.[xxxvi]

La economía política de la verdad se funda en:

-Discursos científicos e instituciones que los producen.

-Incitación económica y polìtica.

-Inmensa difusión y consumo.

-Transmisión prevalente en grandes aparatos politicos o econòmicos (Universidad, ejército, escritura, medios de comunicación).

-Debate politico y enfrentamiento social.

El funcionamiento de los enunciados tiene un carácter más agudo en la actualidad merced a las redes sociales digitales. La falsificación de los discursos es intencional y efectivamente destinada al engaño.

El dogmatismo del discurso se apoya en el principio de veridicciòn del mercado.

 

1.7. El principio de veridicción del mercado.

El mercado es el nuevo sitio de la veridicción o de la verdad: un sitio que verifica- falsifica para la práctica de gobierno. Es el mercado, afirma Foucault, el que hace que un gobierno para ser bueno debe funcionar segun la verdad del mercado. La vericidad coincide con las reglas que consienten al discurso el establecimiento de los enunciados que podrán ser caracterizados como verdaderos o falsos. Es una formulación que no tiene nada que ver con la realidad, sino que depende de determinadas reglas de verificación y falsificación, que producen las consecuencias que se pretenden.

La veridicción del mercado es ilimitada. El discurso neoliberal contamina con la lógica del precio, el economicismo, toda la actividad humana. Nada queda fuera de su verdad. La unica verdad de realidad es el fundamentalismo del mercado.  Esto excluye de raiz cualquier contaminación metafísica –justicia-; de interferencia externa del autoorden del mercado –igualdad-, o la conservación y protección de la persona, de la naturaleza, de la parte más frágil de la producción.

La empresa es el agente preciso para la soberanía del mercado. El homo oeconomicus es la personificación de la racionalidad económica. El empresario capitalista recibe los impulsos que las personas le envían y los traslada al tipo y volumen de producción correspondiente. El empresario es la organización predestinada para hacer que el mercado responda a las señales de los precios, porque sabe que de su acierto depende el entero sistema y su propia suerte.

“Se trata de hacer del mercado, de la competencia y de la empresa, lo que se podrìa llamar la potencia que da forma a la sociedad…una sociedad dirigida hacia la multiplicidad y la diferenciación de las empresas”.[xxxvii]

El discurso de la verdad neoliberal formula premisas indiscutibles, fuera de toda duda, enunciando lo que puede ser verdadero o falso, sin tener en cuenta la verdad real, sino la coincidencia con el discurso propuesto y las reglas que lo implementan, a partir de lo cual las coincidencias son verdaderas y las discrepancias son falsas.

 

1.8. Del Estado de policía a la policía de Estado.

El impuesto es una expresión directa de la supremacía del Estado, sea policial   o heredero en el continuismo soberanista liberal. El impuesto es la manifestación del poder político y de la sujeción continua y regular del ciudadano a la razón de Estado, a los actos de autoridad. La contribución común es indispensable para el mantenimiento de las fuerzas armadas, de la seguridad y los gastos de la administración.

La administración fiscal es capital estadìstico, de información privilegiada. Supone la contabilidad, la comprobación de las riquezas particulares, el archivo, la evaluación de los bienes, la resolución de los litigios y, como apunta P. Bourdieu, la acumulación de un inmenso capital de informaciones (estadística), porque no hay impuesto sin conocimiento de la riqueza social y la fuerza que lo sostiene y que lo hace efectivo. Un conocimiento secreto que confiere más poder al que lo obtiene y usa sea para su preservación o como dirección contra los adversarios.[xxxviii]

Las leyes fiscales se califican como leyes de policía de observación necesaria para la salvaguardia de la organización política del país. Son consideradas como manifestación de soberanía del Estado y de aplicación imprescindible a quien se halle en el territorio.[xxxix]

La soberanía es el fundamento principal del impuesto. El poder tributario se considera análogo al poder de policía y con efectos estrictamente unilaterales. Es una prestación de orden público para satisfacer las necesidades financieras de la Administración pública. La relación entre el contribuyente y el Estado es una relación de fuerza, que no jurídica, y su deber se establece siempre, en cuanto está dentro de la esfera de acción del poder del Estado y constreñido a soportar la supremacía con un sentido de unidad relativamente avanzado (sentimiento nacional).[xl]

El impuesto, por razón de Estado, se interpreta como un instrumento puramente administrativo. Las contribuciones comunes se advierten como recursos necesarios para subvenir la razón de estado, sea en materia diplomática y militar cuanto policial.

A partir del siglo XVIII la recaudación tributaria crece en forma exponencial. La administración perfecciona la potestad coactiva de la gestión financiera del Estado que no resiente la privatización de su propiedad rústica, industrial, comercial.

El poder fiscal es como el poder de policía y su efecto es estrictamente unilateral. El deber general de contribuir al gasto público es puro deber de orden público del súbdito. La contraconducta cívica, entre las cuales el impago del impuesto o resistencia se identificaba como alteración del orden público.

“La institucionalización del impuesto es el resultado de un tipo de guerra interior llevada por los agentes del Estado contra la resistencia de los sujetos…Se trata de crear un cuerpo de agentes encargados de recaudar y capaces de manejar lo recogido sin desviarlo en su provecho”.[xli]

La policía fiscal, como arma de la razón de Estado, confirma a M. Foucault, porque, de entrada, el poder administrativo de la autoridad no tenía limitación legal eficaz y ejercita con habitualidad el golpe de estado reglamentario. La ley es dominio teórico de la garantía patrimonial, de la seguridad personal, de las libertades y su desarrollo y actuación queda como dominio de la Administración.

La coacción fue imprescindible para la recaudación tributaria.

“L’impôt es nécessairement lié a la forcé qui le fonde et qui le rend possible. Ces opérations inévitables de violence n´avaient de chance de succès qu´autant que le pouvoir contributeur y engageait clairement son prestige et sa légitimé”.[xlii]

La potestad administrativa impregna la actuación del impuesto. Y no es casual que su interpretación jurídica se funde en el derecho de la administración a su aplicación, ignorando cualquier configuración de relación jurídica que la obligue con la tutela genérica del contribuyente.

El principio de legalidad durante la autocracia liberal tropieza con obstáculos internos, en primer lugar, la democracia elitista fruto de la restricción del censo electoral y del voto y, segundo, la exclusividad propietaria de la representación legislativa. La forma de ley del impuesto prevalece por sobre la aceptación, aprobación, vigilancia, de la contribución pública (consentimiento).

Administración su decisión precede siempre el dictado formal de la ley.

Fue a consecuencia del nuevo paradigma constitucional de la dignidad de la persona (el ejemplo clásico es Weimar) que la policía fiscal encuentra límites. La razón de Estado, el impuesto, es una amenaza imprevista en la autocracia liberal. No tanto por la legislación democrática, que no existe; cuanto, por la expansión del poder fiscal administrativo como amenaza de la garantía de libertad patrimonial. Es el momento en que las burocracias (nobleza de Estado) desarrollan sus propios intereses y poder a lo largo de los Estados.

La potestad fiscal forma parte de la razón de Estado y,como la potestad punitiva penal, está en el borde de la amenaza de la libertad individual en sentido lato.

De igual modo, el esquema del impuesto, en el marco de la legalidad clásica, no renuncia a su vocación determinante de conseguir los recursos necesarios para el gasto público–militar, administrativo– mediante la policía fiscal, con la barrera del hecho imponible y los elementos esenciales del tributo de ciertos contribuyentes. La legalidad se frena ante la selección interesada de las manifestaciones de capacidad contributiva de los sectores representativos, los más ricos, en la producción legislativa.

El límite a la policía fiscal no era una preocupación del Estado preconstitucional, en la medida que no afectara los intereses tutelados por las leyes tributarias. La distancia entre ley y Administración era incolmable y no era suficiente acotarla como actividad vinculada cuando ejercita plenamente su poder mediante la discrecionalidad, la reglamentación y decisiones subsidiarias. Para la teoria de supralegalidad a su conducta, aunque, la traducción de la teoría a la práctica fue y es terriblemente conflictiva, porque el choque entre la democracia representativa y el Estado administrativo es común e inevitable.

El poder de policía fiscal será compatible en la autocracia liberal en la medida que su ejercicio de autoridad sea compatible con la libertad patrimonial o, en su defecto, donde el sacrificio de la libertad individual (y fiscal) no afecte la elite política y social.

La Administración nace y se desarrolla a expensas de la ley y sigue una andadura idéntica a la potestad punitiva. La dicotomía de sujetos infractores y los delitos reserva la ley para los que la dictan y la Administración para todos los demás (vulgarmente sujetos amenazadores o peligrosos).

El impuesto define legalmente los elementos esenciales del tributo que afectan a los titulares del absolutismo jurídico (los propietarios). Es una garantía exclusiva de tutela de su inherente capacidad contributiva. Fuera del perímetro de la ley abunda la policía fiscal.

La policía fiscal equivale en el ordenamiento económico al poder de policía. La policía fiscal viene con la superioridad del poder de imperio, empleando reglamentos, resoluciones, actos, de prevención y represión y de urgencia que se sustraen al dominio de la ley, conforme a su oportunidad o conveniencia. (O. Mayer).

El Estado de Policia impone el absolutismo de la autocracia liberal hasta bien entrado el siglo XIX. La contracultura democrática –pluralismo social, nuevas formaciones políticas, asociacionismo comunitario, sindicatos, cooperativas, mutualidades- es un visitante no deseado ante el absolutismo jurídico. Su efecto principal es la consagración de los principios superiores a la forma de ley escrita, rígida y sometida a manipulación parlamentaria, cuya efectividad es gradual, ocasional y fugaz.

La autocracia liberal vacía de contenido el principio democrático legislativo en cuanto comenzó a perder la supremacía sobre los órganos representativos del Estado por obra del pluralismo social. El consenso al impuesto, que informó, el orden medieval, dura en esta etapa lo que el control sobre la representación política de los ciudadanos. Así, poco a poco, se convierte en marginal o residual la participación cívica en la toma de decisiones tributarias. Y, esto inclusive pese al advenimiento de las constituciones rígidas que lo proveen, que, de hecho, quedan en suspenso.

El principio de legalidad queda sujeto a una legitimidad que no es adjetiva, sino que le exige legitimarse con resultados de justicia ante los valores y principios de la super-ley constitucional. El nuevo paradigma constitucional tropieza con cerrada oposición. Desde su inicio, la constitución es encasillada en un mero conjunto programático, de orientación subsidiaria y subordinada, distante de la directa aplicación de su contenido al comportamiento institucional y cívico.[xliii]

La centralidad del Estado administrativo pone riesgo la ley democrática. Es un error atribuir la deslegalización a la crisis del Estado. No es la ley, es la democracia legislativa que aparece en el eje de los ataques, como variable independiente, incontrolada, de autogobierno de los ciudadanos.

La autocracia liberal soportaba a duras penas el consentimiento a la formación legislativa en la medida que seleccionaba a su decisión a los electores y elegidos. La complejidad social lleva a una representación abierta, pluriclasista, inspiradora de vías de regulación legal que colisionan con los intereses de los monopolios orgánicos y la orientación de los monopolios públicos, en particular el fiscal. El estado de excepción, la emergencia, pasa a ser el instrumento de gobierno soberano, sea por decisión politica, administrativa, judicial.[xliv]

La reacción de la autocracia liberal es inmediata y no se hace esperar. La urgencia deslegalizante se convierte en el modo de gobierno soberano ordinario y regular: la suspensión soberana del derecho y la potencialidad legislativa democrática mediante el estado de excepción.

La sociedad de normalización como conjunto de saberes y prácticas sociales encarnados en la población no puede despojarse del poder soberano del Estado, que asegura su propia continuidad y la del sistema social en su conjunto. La sociedad de normalización enmascara la soberanía, ocultando el ejercicio del poder sobre cada persona y la población en general.

Las disciplinas quedan al amparo de la disciplina de la emergencia, del hecho excepcional, de la urgencia. Si la necesidad es la regla ya no habrá sociedad disciplinada por la normalización. Eso es el efecto inevitable del poder pastoral y de la razón de Estado: individualismo y/o totalitarismo y deslegalización democrática.[xlv]

El Estado de policía se inclina hacia lo que Agamben califica como Estado de Seguridad, que se basa en la generalización del miedo y la incertidumbre, la despolitización de los ciudadanos, la ausencia de la certeza de derecho.

“El Estado de seguridad es un Estado policiaco, ya que el eclipse del poder judicial generaliza el margen discrecional de la policía, la cual, en un estado de emergencia devenido normal, actúa cada vez más como soberano”.[xlvi]

El Estado de Seguridad se funda en la alimentación permanente del miedo porque es la única forma de asegurar su legitimidad ante la población, mediante una instancia superlativa de control digital e informático.

Afirma W. Benjamin “Incluso ʺel derechoʺ de la policía marca justamente el punto en que el Estado, sea por impotencia, sea por las conexiones inmanentes de todo ordenamiento jurídico, no se halla ya en grado de garantizarse -mediante el ordenamiento jurídico- los fines empíricos que pretende alcanzar a toda costa”.[xlvii]

 

1.9. La soberanía fiscal.

La ley es la guerra, la estrategia en acto de esa guerra. En Foucault el mapa de los ilegalismos surge para ocultar la estrategia del poder de dominación y sometimiento. Nunca participó del culto del Estado de Derecho.

La concepción legalista no tiene más valor que la represiva. El poder inspira ambos casos: en uno la ley sólo aparece como una reacción exterior, de afuera, a los deseos, y en el otro como una condición interna, de dentro. La ley se configura como una inclusión de lo que es y, asimismo, de lo que se rechaza afuera.[xlviii] 

Deleuze sostiene que “la soberanía no reina más que sobre lo que es capaz de interiorizar”, como una condición internalizada de la represión y el deber de obediencia. La dominación de la sociedad de normalización disciplinaria se sirve de la soberanía para esconder el ejercicio efectivo del poder y viceversa.

La excepción soberana consigue suspender la validez de la ley y de la constituciòn y que se retire de la excepción.

La necesidad aflora una fuente suprema de derecho que se concreta en nuevo derecho que puede ir contra el vigente o más allá de lo que autoriza.

La necesidad no reconoce ninguna ley y crea su propio derecho objetivo (Santi Romano). La soberanía fiscal aparece desde siempre inspirada en la emergencia: es una situación en la que la gobernabilidad articula el dispositivo de seguridad de la urgencia (necesidad) para compeler su aceptación.

La primera aproximación es la actuación del Poder Ejecutivo sin ley, mediante actos con fuerza de ley, que apartan al legislador, a la norma constitucional, de su autoria. La inversión de las fuentes jurídicas resulta inevitable e incontrolada: decreto-ley, delegación legislativa, reglamentos, circulares.

El efecto es la desmaterialización del principio de legalidad, inclusive en su expresión formal: no hay tributo sin ley. La tutela de la ley a los elementos esenciales de cada impuesto, la reserva relativa de ley resulta desbordada por la incursión de la soberanía excepcional. Aún más: la relación de excepción incluye los principios y normas constitucionales mediante su exclusión.

Los actos con fuerza de ley inscriben el no derecho como valor frente a la ley que rige, pero queda pendiente de actuación. Fuerza soberana de ley para lo que no es y ley despojada de soberanìa para lo que es.

En segundo lugar, la autoridad soberana ejerce el monopolio fiscal de la decisión y el derecho se suspende a si mismo (Schmitt). El nuevo derecho inspirado por la excepción ostenta una clara minusvalía de legitimidad formal y un exceso de aplicación real y, a la inversa, la ley, los principios y valores constitucionales conservan su formalidad pura, cayendo en la desaplicación, en la pérdida de fuerza efectiva en la comunidad. Aparecen, pero, no existen. Así se interrumpe el significado de lo que era el resultado del legislador y de la exigencia del pluralismo social y de las formaciones sociales no empresariales.

La irrupción de la emergencia y de la necesidad de la decisión soberana vacìan de contenido la ley, la democracia legislativa y no menos importante, la pretendida superioridad constitucional. La norma constitucional destinada para destronar a la ley es destronada por la decisión excepcional.

El soberano suspende la (legitimidad) del orden jurídico y como dice Schmitt, crea derecho sin derecho para hacerlo. Es el instante en que carece de sentido recurrir al principio de legalidad, en cualquiera de los aspectos que se aplique, en los principios de justicia tributaria, de igualdad, capacidad contributiva, progresividad, solidaridad o del gasto público de inversión colectiva y de seguridad humana.

En tercer lugar, la soberanía no ocupa espacio o lugar visible. Está presente en la excepción, sea del poder ejecutivo, administrativo, judicial. Es un poder único que fractura sus decisiones conforme a criterios de urgencia en las distintas sedes del poder público y suspende el ordenamiento jurídico afectado, debido a puras motivaciones empìricas de seguridad del sistema vigente en si mismo.   

 

1.10. La razón del Estado y las contraconductas.

La gubernamentalidad es permanente mientras se la consiente y acepta. La sociedad civil, la población, la Nación, que se desarrollan a la par del Estado están prestas a las contraconductas específicas que la contradicen, la primera sublevación, el primer enfrentamiento. La contraconducta, en la idea de M. Foucault, es la lucha contra los procedimientos puestos en práctica por la gubernamentalidad para conducir a los otros. La razón de Estado no es immune a la protesta. La gubernamentalidad exige particular sensibilidad a las reacciones de la sociedad civil. La autocracia liberal debe adaptarse a las transformaciones que se producen y la emergencia de sectores y agentes sociales que la impugnan, a pacto de conservar su hegemonía.

Primero, M. Foucault, señala un final del tiempo político cuando la sociedad civil se libere de las coacciones y tutelas del Estado, reabsorbiéndolo en su seno.

La legitimidad, que no la coacción ni la sanción, impulsa la obediencia a la ley. Una Administración percibida como legítima puede esperar una amplia cooperación social. La legitimidad denota la aceptación popular del derecho del gobierno a gobernar (M. Levi). Al contrario, la ilegitimidad es una contraconducta de la comunidad que puede terminar con la razón de Estado, y cuyas expresiones atravesaron el siglo XX. El conflicto entre coacción máxima o cooperación plena.

El principal efecto es la conversion civil del Estado, obligado a nuevas alianzas, y un deber de protección ampliado a franjas sociales desatentendidas. Tilly atribuye al deber de protección uno de los factores de poder de los nuevos Estados, acompañando la transformación de la sociedad civil y los nuevos paradigmas constitucionales en la huella de Weimar.[xlix]

Segundo, M. Foucault indica un final histórico en la contraconducta respecto a la aspiración de la razón de Estado totalitario de la obediencia total y exhaustiva de los individuos. Se trata de la rebelión de la población a los lazos de obediencia y su reemplazo por la ley de la naturaleza de la población. El derecho a la ruptura de todos los lazos de obediencia, salvo persuasion, convicción.

La democratización, apoyada en las manifestaciones sociales y la creciente conciencia de los derechos, limita la arbitrariedad pùblica obligando a una relación de respeto e igualdad de tratamiento entre el gobierno y los ciudadanos y de consulta permanente en torno a las decisiones relevantes. El totalitarismo liberal es la nueva modalidad de vigilancia, superior a la normalización disciplinaria.[l]

Tercero, el Estado pierde su atributo de poseedor de la verdad absoluta. Ya no toca al Estado el patrimonio de la verdad social, la verdad del Estado, la razón de Estado que pasa a la sociedad transparente a sí misma y dueña de su propia verdad, de lo que quiere y lo que debe hacer. La pérdida de la verdad es la principal pérdida del poder liberal y neoliberal.[li]

“La cuestión política, en suma, no es el error, la ilusión, la conciencia alienada o la ideología es la verdad misma”.[lii]

El Estado se entiende y extiende cuando entiende y extiende las contraconductas. La apuesta de la razón pública no puede disociarse de su relación de legitimidad con la sociedad civil, con el respeto a los individuos como activos de inteligencia, con el reparto del saber democráticamente y preservado de la manipulación de los grandes intereses privados.

En suma, protegiendo a todos de los riesgos sistémicos que amenacen la resiliencia del sistema democrático económico y fiscal (la digitalización, el sistema financiero, el cambio climático, las empresas multinacionales, las pandemias).

El Estado es el sujeto de la actividad financiera, una organización que tiene fines, vida y medios de acción superiores por potencia y duración a los de las personas. La transformación civil del Estado acompasa la constitucionalización de la seguridad humana y la dignidad de las personas.

El Estado es el intérprete de las soluciones más convenientes para las necesidades individuales, colectivas, públicas. Todo ello requiere la aquiescencia de la colectividad. Sin ella decae la legitimidad de los sacrificios personales y patrimoniales que se pueden exigir. La colectividad no se convoca solo mediante la coacción, sino por la adhesión, convicción, persuasión. Es la legitimidad democrática constitucional.

La democratización es el calificativo que acompaña la transformación del Estado de policia en otra cosa distinta: reconocimiento de las garantías de todos los ciudadanos, control cívico de las actividades públicas de sus agentes, recursos y la protección de las acciones arbitrarias.

La superación neoliberal de las distintas crisis de gubernamentalidad planteadas, acredita la fortaleza de la tecnologìa del poder y los programas que le sirven. El saber de los dispositivos de seguridad no pudo ser sustituido, hasta ahora, por ninguna de las tentativas históricas: el sistema como un todo resiste los embates, desde la izquierda o la derecha, en favor del privilegio liberal, de las grandes empresas, de la gran propiedad, y capital financiero.

La virtud neoliberal es que su gubernamentalidad funciona como la lógica del aparato administrativo, judicial, de seguridad interna y externa, de impuestos y la lógica del mercado, de las libertades individuales y de las iniciativas económicas potenciales de cada individuo.

El Estado debe crear redes de verdad, estructuras de igualdad y de polìticas públicas de justicia. Por un lado, la ruptura de los obstáculos de exclusion y de integración de todos los grupos en la sociedad. Por otro, facilitar la igualdad social sin discriminaciones injustificadas. Finalmente, la participación cívica en la confección y aprobación de las decisiones tanto políticas, cuanto administrativas o judiciales.

“The state in this case goes from being a mediating agent for a pact between social forces to an intervening agent that uses its own resources to expand the networks of protected consultation”.[liii]

 

1.12. La racionalidad del gobierno liberal.

La verdad del poder liberal, desde su origen, ordena superioridad sobre los monopolios públicos de violencia física y fiscal para preservar su preeminencia en el mercado y del mercado, en la configuración del aparato jurídico y la dispersión de los enunciados que la enmascaran.

Su expresión concreta sigue el decurso del predominio de los monopolios privados en el ascenso e influencia en el sistema económico y las innovaciones tecnológicas. Los ganadores de cada destrucción creativa schumpeteriana ganan supremacia sobre los demás y la pierden en la siguiente. Desde la máquina de vapor, transportes, industria pesada, sistema financiero, hasta la digitalización actual.

La cuestión política, dice Foucault, no es casual, es la verdad misma. La racionalidad política es un discurso genético de mercados, leyes, jurisprudencia y sujetos.[liv]

La racionalidad liberal es una síntesis de la economizaciòn del poder, extendido sobre las personas en torno al interés del mercado, y los individuos, que se ajusta conforme a las nuevas circunstancias tecnológicas. La empresa es el aglutinante de la gubernamentalidad porque reune el concepto de libertad ilimitada de la iniciativa económica, del máximo beneficio en el menor tiempo posible.

La burguesía en sentido general y algunas de sus partes en particular no tienen un elevado sentido de cumplimiento: la clase dirigente, dice M. Duverger, logra escapar del impuesto, no tanto como antes con la nobleza, pero bastante ampliamente. Esta evasión organizada por el propio legislador busca la satisfacción a determinadas clases sociales con poder politico mientras se finge someterlas a las mismas leyes que los otros ciudadanos, lo cual no es verdad.

La ley sociológica formulada por G. Jeze, describe que la clase dominante, en todos los regimenes, tiende a evadir la carga fiscal y a repercutir su carga sobre el conjunto de la sociedad. El incumplimiento de los deberes fiscales, de las obligaciones sociales, de la responsabilidad laboral, medioambiental y seguridad social es la contrapartida del cumplimiento de masa, apoyado en la sociedad de normalización, de la acción a distancia, de los dispositivos de seguridad y de la tecnologìa del poder.[lv]

El sistema político de un país no es neutral ni imparcial ante la clase que económicamente predomina, lo cual determina la estructura y alcance del sistema fiscal y que es causalmente imprevisible ante la emergencia de nuevos monopolios privados y la desaparición de los antiguos.[lvi] 

A.Puviani, desde una premisa semejante a A. Loria, sostiene que:

“El Estado se desvela en su íntima composición como un agregado de fuerzas dirigido a la defensa y desarrollo de una parte de la sociedad, contra el resto de la misma; la Hacienda Pública es un proceso de actividad política dirigida a sustraer a la sociedad los medios necesarios para el triunfo de los intereses de una parte de la misma”.[lvii]

B.Griziotti [lviii] establece que la actividad financiera tiene un carácter político, que no económico en sentido estricto, y sus fines son políticos, hecho que deriva de la propia naturaleza del sujeto público. Los fines públicos no son subsidiarios de los intereses de grupos, clases o personas dominantes, porque el Estado tiene su propia autonomía y su tiempo es más dilatado que el de cualquiera que aspire a su control perpetuo. O sea, el Estado es independiente de las clases aún cuando pueda ser víctima transitoria de su parasitismo o desviación de los intereses generales a favor de los propios que gobiernan:

“Los fines del Estado no son aquellos de la persona o casta dominante que se apodera del gobierno o del poder de coacción estatal para la defensa de sus intereses particulares, aunque esto suceda…que van más allá de los fines particulares de sus gobernantes”.[lix]

El propósito del Estado es político, que no exclusivamente económico, y en el desarrollo de la Hacienda Pública está sometido al juego de las fuerzas sociales que aspiran a la hegemonía de sus medios y fines por sobre los de otros intereses que juzgan menos que los propios, de sus intereses particulares por encima del interés colectivo.

El impuesto y el gasto público suceden como medios de transferencia de dinero desde los más débiles, frágiles o menos afortunados hacia los más ricos y poderosos.

La transformación democrática tiene su primer desafio en el sistema tributario, los impuestos, los procedimientos y la aplicación de los recursos y en la predistribución mediante la ley privada de la propiedad, de los contratos y el segundo desafio consiste en transformar las necesidades sociales en bienes públicos. Eso es un sistema tributario progresivo.

 

1.12. La gubernamentabilidad fiscal. 

La disciplina policial gana en perfección porque transporta un discurso de poder unificador y totalizante sobre el conjunto de la sociedad y del propio Estado que, frecuentemente, enmascara su naturaleza unilateral y coactiva bajo una normalización disciplinaria, soberanìa policial de urgencia, que lo justifica.

La sociedad de normalización dice Foucault, es una sociedad donde se cruzan, de acuerdo con una articulación perpendicular, la norma de la disciplina desde fuera con la norma de la disciplina –el hecho- que regula el interior de los procesos, mediante la reducción de los desvíos el retorno a la media, el mantenimiento del equilibrio.

El poder normalizador inspira el orden liberal de la razón de Estado y se asienta en la sujecióin a la disciplina y su traslado que afecta las conductas de todos. Una “normalización disciplinaria”

Las disciplinas otorgan coherencia a los medios que regula y corrige y modula los comportamientos de las personas que los protagonizan o crean individuos que las promueven. Las disciplinas refieren formas de comportamiento social que son inexorables para los que quedan bajo su alcance, porque encuadran oficio, profesión, técnicas, saberes necesarios para pretender ser u ocupar lo que es.

Hay procedimientos de información, de declaración, de contabilidad, de presupuestos económicos, de interpretación de auditoria, de buenas pràcticas corporativas, de referencias técnicas impuestas. Su adhesión asegura la regla normal y su rechazo ocasiona la destrucción o la marginalización de los que lo protagonizan.

Laas disciplinas centralizan la producción general de libertades e intereses individuales compatibles con la eficacia y la eficiencia del sistema económico, correlativa a la libertad y seguridad personal, patrimonial y del capital. El nucleo de la normalización es la economización de la vida, incluidas las esferas íntimas y particulares de cada uno. No hay otra razón de gobierno que la del mercado y la mercantilización convierte en metafísica cualquier impostación moral de justicia, de igualdad social, de solidaridad.

El empresario encuentra su motivación en el propio interés egoista y su autoestima crece con la satisfacción de su interés, sin mas racionalidad económica que la propia decision. Así su trono de interés lo lleva al trono del sacrificio porque percibe como desventajas la protección de la presencia pública, la cooperación o la solidaridad con otros, o la regulación juridica de la competencia tóxica de poderes extremos de las multinacionales, digitales, sistema bancario financiero (oligopolios, concentración, globalización).

El impuesto es lo que debe ser conforme a la economía de mercado y las empresas. Fuera del circuito, quedan los contribuyentes de masa de menores recursos, sean consumidores, trabajadores, pequeños propietarios. La extracción fiscal democrática orienta otra dirección distinta porque en su forma depende la democracia social.

Todavía peor: el sistema tributario no solo preserva el juego de los gamers que lo eluden o evaden, sino que, en sí mismo provoca el empobrecimiento fiscal de los pobres. Al final terminan soportando impuestos superiores a lo que reciben de la Hacienda Pública. Los pobres pagan impuestos superiores a las transferencias que reciben y frecuentemente los llevan por debajo de la línea de pobreza.

La paradoja de la creencia en la universalidad y homogeneidad del sistema tributario explica el desconocimiento de que los que apenas demuestran capacidad contributiva contribuyen en mayor proporción que los que más poseen. El empobrecimiento fiscal surge cuando los pobres lo son más a causa de los impuestos que les cargan por sobre los beneficios fiscales que reciben. Esto sucede sobre la renta de salarios o impuesto sobre las ventas

Tiene toda la razón A. Jurow Kleiman cuando sostiene que el empobrecimiento fiscal viola la dignidad humana, porque daña el bienestar físico y emocional de las personas y empeora su exclusión social.[lx]

Nada excluye que el concepto en su dispositivo de seguridad neoliberal tenga un radio más amplio a su enunciado. El impuesto es un precio por el disfrute de bienes o servicios públicos que solo pagan los que los usan o disfrutan. El impuesto no está dirigido a gravar la capacidad contributiva de los que más disponen, deliberadamente privilegiados, sino el uso y disfrute de los bienes públicos de los que menos poder de disposición tienen.

Los dispositivos de seguridad, la razón práctica del gobierno, fijan los límites a la prédica de la libertad y controles o sanciones a su aplicacion, sin riesgos, ni peligros. La libertad individual no puede existir sin intervención ordenada y consentida y la democracia es un peligro siempre que no quede limitado a la forma reguladora de los precios. El máximo riesgo es el dispositivo de seguridad del estado de excepción soberano que crea su propio orden sin derecho: la ilegalidad de la ley.

“Cuando (Foucault) nos habla de ilegalismos, se refiere a que éstos no son adventicios o una imperfección inevitable, sino que son un elemento del funcionamiento social cuyo papel está contemplado en la estrategia general de la sociedad…indica que todo dispositivo legislativo ha contemplado unos espacios reservados en los que la ley puede ser violada, otros en los que puede ser ignorada y finalmente, otros más en los que las infracciones pueden ser castigadas”.[lxi]

La evasión del impuesto es la primera señal de violación de la ley y la elusión o planificación fiscal agresiva es la segunda señal de que puede ignorarse la ley sin consecuencias. Las infracciones que se aplican protegen a la evasion y la elusión de los grandes contribuyentes.

El sistema legal tributario ofrece la traslación de la carga del impuesto sobre terceros, sean consumidores o trabajadores. El impuesto es redistributivo en sentido contrario al que se declama y oculta sus efectos para evitar el debate de los que resultan afectados. La repercusión de la carga tributaria es un privilegio legal y económico de la empresa y su traslación es un sofisticado instrumento de diferencia entre los tipos de gravámenes nominales y los efectivos que debieran pagarse.

El arte de gobierno neoliberal hace un arte de la cultura del peligro. No hay liberalismo sin vivir peligrosamente. Los mecanismos de libertad/seguridad son inseparables.

La cultura del peligro depende el éxito o fracaso de cada uno, su ambición en el mercado y el cultivo de sus intereses económicos. El peligro superior está en los que no superan ni la prueba de la propiedad, de la riqueza o del comportamiento ordenado en el sistema social y sumen en desorden la sociedad normalizada. El peligro viene del individuo, que no de la desigualdad de hecho que soporta de los que disfrutan del poder económico, social, politico.

La desigualdad es el resultado de la carencia de cada individuo y del órden natural del mercado. La competencia exige su maxima garantía para evitar la extralimitación de la democracia y la interferencia arbitraria del Estado.

El órden liberal es victima de crisis de gubernamentalidad (crisis social, económica, política), cuando se verifica un coste económico de las libertades superior a sus resultados y quiebran los dispositivos de seguridad de la vida de la población. La crisis de gubernamentalidad impone un retorno a la defensa a ultranza de la soberanía como último recurso, frente a los “accidentes peligrosos”, el retorno al absolutismo jurídico, a través o pese a la ley y, al final, el recurso a la urgencia y la excepción de la norma juridica.

La autocracia, la excepción y la urgencia inspiran la disciplina, que no normalización, sin la adhesión y el consenso de la población y la última orilla de la coerción

El poder neoliberal parte del padronazgo del centro de la información política que le permite la diseminación de sus propósitos sobre el conjunto social, distante y distinto, del ejercicio de su dominio totalizante sobre la población.

Sus principios convierten la ideologia en una práctica social difusa, dispersa, que cubre todos los segmentos de la comunidad. La internalización de la libertad como posible para todos por igual es el gran triunfo de la racionalidad liberal. A sus pies quedan las ruinas de la redistribución de la riqueza, de la progresividad fiscal, de la imposición y del gasto público con resultado de justicia.

Son mecanismos indirectos de gobierno que componen un escenario sujeto a aceptación, no necesariamente vinculado a la coercion o a la fuerza. El éxito neoliberal se consuma en el consenso social como inevitable de sus enunciados que indican como realidad su propia construcción conceptual.[lxii]

El proyecto de Foucault es un enunciado anticipador de lo que despues vendrá. La sociedad de normalización convierte las técnicas de gobierno en prácticas sociales: el individuo es un efecto del poder. La normalización, previene lo que sucede ahora con la digitalización. Y si adviene la crisis, como enseña la pandemia de Covid, el recurso se dirige a la excepción soberana.

El dispositivo de seguridad es la atención flexible y puntual de la gubernamentalidad a lo que hace o no hace y sus efectos sobre su propia conducta y la conducta de los demás.

“el dispositivo es esto: un conjunto de estrategias de relaciones de fuerza que condicionan ciertos tipos de saber y son condicionados por ellos”.[lxiii]

La sociedad normalizada no se apoya solo en la coacción. El deber de obediencia es fruto de discurso del poder que oculta o disimula las ventajas y privilegios de las relaciones de fuerza existentes sobre y dentro del Estado y que aspira al consenso.

El dispositivo es el establecimiento de las reglas de información, cálculo, evaluación, archivo, que expresan la voluntad del gobierno del poder, como exámen de los riesgos que se le presentan y las soluciones que propone para contar con la aceptación social. Las soluciones no tienen otra causa que la conservación y mantenimiento del poder del gobierno sobre la población.

El contribuyente cumple con la obligación tributaria a su cargo porque piensa en terminos de interés general, así le enseñan y es el saber instruido, sin reparar que su contribución al gasto publico reemplaza a las de aquellos que poseen mayor capacidad contributiva y reciben la parte más relevante del gasto público para conserver e incrementar su riqueza. Y lo piensa porque no atina a una alternativa sistémica convincente que lo persuada de lo opuesto.

El dispositivo es la descripción de la trama del poder, la razonabilidad política de la decision de gobierno, sobre todo, en la consecución de sus propósitos. Y, encubre la voluntad política explícita cuando conviene o la hace aparente en caso contrario. Sus elementos no son evidentes o textuales, pueden ser ocultos o mudos y se extienden a toda y cada una de las actividades que emprende.

La renta del trabajo, los consumidores, los pequeños empresarios o propietarios son la red de cumplimiento que se consigue con un discurso del impuesto que encubre el incumplimiento de las rentas del capital, de la empresa, de la erosión fiscal los grandes patrimonies y empresas y la atribución privilegiada de los beneficios fiscales y del gasto público.

Las tecnologías de poder y las estrategias constituyen el nucleo de las redes de dispositivos de seguridad: la red de seguridad y garantía de la gubernamentalidad.

Las disciplinas no producen coacción, sino normalización disciplinaria, modos de subjetivización dirigidos a la creación de los individuos conforme a las aspiraciones de los que las dictan, o sea, individuos que piensan que lo que hacen es obra de su propio esfuerzo, que no de otros que los orientan y los conducen, técnicas y procedimientos para dirigir el comportamiento humano. Una libertad finalmente regulada, ajena a cualquier idea de trama comunitaria o solidaria.

El liberalismo enriquece la razón de Estado, ampliando su cobertura basada estrictamente en la soberanía de excepción, hacia el conjunto de la sociedad, de la población y de los individuos, en la perspectiva de conseguir la adhesion de otros a sus propios fines e intereses.

La estadística fue el primer eslabón del conocimiento de la población por el gobierno (la biopolítica) al que siguieron sus programas, calculos, aparatos, documentos y procesos; las prácticas de expertos privados y corporaciones profesionales en presupuestos, auditorias, prácticas contables, referencias de conducta en las actividades de empresa, de profesión, de oficios, inspección.

Las normas técnicas que benefician a los agentes del mercado y que despues se extienden como una mancha obligatoria sobre todos los contribuyentes; balance, estados contables, pérdidas y ganancias, deducciones. Las guias fiscales de referencia (benchmarks) son un mecanismo invalorable para que el trabajador, el consumidor, el agricultor aprenda que es objeto de extracción fiscal no compartida por los contribuyentes de mayores recursos, aunque utiliza su lenguaje, sintáxis, léxico, sin discusión.

La gubernamentabilidad alcanza todos los dominios sociales y facilita la gubernamentabilidad de las personas. El liberalismo consigue transportar sus propios valores a distancia sobre otros conforme a sus propios esquemas y normas que así devienen autoambiciones o juicios propios de los destinatarios, como si no hubiera otra verdad.

La soberanía del Estado de policia suma una tecnología de poder y una estrategia de desarrollo que tiene como centro la normalización social, las disciplinas, el orden de la coexistencia, fundada en un discurso de poder que está presente en todos los sitios y la gubernamentabilidad suma la soberanía policial a su seguridad.

“Cada práctica para la conducta de conducta implica autoridades, aspiraciones, estrategias, la invención o nuevas técnicas o tecnologias”.[lxiv]

No hay tecnología del poder ni tampoco relación de poder sin un discurso verídico. Sin verdad, el poder queda desnudo como mera relación de fuerza, de dominio y sumisión.

La nueva economía de poder afirma Foucault, pretende el crecimiento de las fuerzas sometidas y la fuerza y la eficacia de quien las somete. La verdad es el mercado y la producción de libertades bajo dispositivos de seguridad que impidan su crecimiento descontrolado y desordenado o amenacen las relaciones de poder, de fuerza, establecidas.[lxv]

 

1.13. La resiliencia y la justificación del sistema.

J.T. Jost y M.R. Banaji ofrecen un marco sugestivo de reflexión psicosocial, cuya dimensión trasciende la frontera del interés personal, de grupo, encuadrando la adhesión a justificar lo que existe, de personas en posición social menos favorecida.[lxvi]

Las personas, cualesquiera que sea su grupo social de pertenencia, están motivadas, conciente o inconcientemente, a defender, justificar y reforzar aspectos del status quo, incluyendo las instituciones sociales, económicas y políticas existentes y sus decisiones.[lxvii]

La motivación de la justificación del sistema vigente en sus aspectos màs destacados es variable y depende de factores situacionales –contexto- y diferencias individuales.

La motivación de apoyo se fortalece ante particulares contextos.

– el sistema social es criticado, desafiado o amenazado por eventos externos (terrorismo)

– el sistema social se percibe inevitable, perpetuo, inmune a cambios significativos

– la persona se siente impotente o dependiente del sistema social y sus autoridades.

La causa subjetiva de la justificación del sistema obedece a motivos epistémicos dirigidos a la reducción de la incertidumbre, motivos existenciales frente a las amenazas y motivos relacionales para evitar conflictos sociales, al amparo de estereotipos interesados que definen y defienden la igualdad social.

La justificación del sistema es una constante del poder simbólico dominante: económico, social, político. La violencia simbólica, como dice Bourdieu, aparece como la consecuencia natural, fisiológica del discurso del poder.  La posición de ventaja inspira una literatura, una narrativa, un marco, en el cual toda discrepancia aparece extraña, inadecuada, inoportuna, censurable para el conjunto y cada una de las personas.

No es ninguna sorpresa que la causa del status quo, sea férreamente sostenida desde los grupos más beneficiados, que obtienen las ventajas de la existencia y continuidad del sistema y de sus fundamentos ideológicos de conservación, sea del mercado, de la empresa, de la subordinación del trabajador, porque no se merece otra cosa o tiene lo que se merece.

La adhesión de los grupos desfavorecidos al sistema ilustra un proceso que A. Puviani denominara como ilusiones financieras: la creación de falsas ideas o representaciones sociales para ocultar la verdad, en beneficio propio de la que las inspiran. Los estereotipos, en la versión de J.T. Jost, cumplen una función análoga, pero màs extensiva.

“Stereotypes in other words serve ideological functions.In particular, they can justify the exploitation of certain groups by others and can justify the poverty or powerlessness of some groups and the success of others in ways that make these differences seem legitimate and even natural”.[lxviii]

Los estereotipos sobre la inferioridad de los grupos sociales desfavorecidos consiguen el consenso de su formulación sometida a la razón del poder simbólico dominante. Consecuentemente, significa la renuncia a los motivos individuales o de pertenencia social, la pérdida de autoestima y, lo que es más relevante, el concurso al discurso del grupo más favorecido (out group favoritivism), que le resulta claramente perjudicial.

El estereotipo dibuja un trabajador que es vago, estúpido o irresponsable y que puede ser o es internalizada por su destinatario. Tiene la culpa de su situación y, a la par, goza de la ventaja mentirosa de vivir bien sin mayores responsabilidades. La mujer está convencida que es adecuado su menor salario que el del hombre. La internalización de la inferioridad ocurre mediante los estereotipos y lleva directamente a la justificación del sistema.[lxix]

El estereotipo juega un papel determinante en la falsa conciencia de los más desfavorecidos porque facilitan explicaciones de fácil comprensión para la justificación del sistema.

“More often than not individuals have a conservative tendency to accept the legitimacy of the  established heirarchy and to perceive existing institutions as basically reasonable and just until proven otherwise”.[lxx]

La justificación del sistema juega una función paliativa en el corto plazo, porque hay una sensación de efecto positivo, que no negativo, en el status quo, compartido por los ricos y pobres. Estos últimos reconocen que el sistema es, al mismo tiempo, una amenaza a su bienestar y un colchón ante la amenaza. Son, a la vez, víctimas y defensores.

El status quo debilita la voluntad de cambio social, salvo que sea inevitable o probable que se produzca y que sea compatible, en algunos de sus aspectos, con el sistema existente.

La resistencia al cambio de los grupos desfavorecidos implica su tàcito reconocimiento a la legitimidad del sistema: son cómplices de su subordinación frente a las estructuras de desigualdad y vulnerabilidad social que sufren. El precio de la desigualdad es el sostenimiento del sistema, bajo la falsa creencia, que acierta en la eliminación de la incertidumbre, de las amenazas a su propia vida, de su relación social con otros grupos. El marco de la narración que le llega es la de su natural inferioridad para mejorar su posición social y necesidades mediante la transformación del sistema.

“The most popular explanation on the political left and right for why poor people often endorse regressive forms of taxation and oppose wealth redistibution is that the poor believe that they will become rich one day, in other words, the acceptance of inequality on the part of the working class is often assumedd to be driven by the anticipation of self-interest”.[lxxi]

La motivación psicológica es que no hay esperanza por grave que sea, fuera del status quo, Y la esperanza, si se quiere dar un nombre, consiste en la riqueza individual. El egoísmo excluye cualquier forma de solidaridad social que no sea compatible con los trazos de otra política de propósito público, de lucha contra la desigualdad económica, de género, o contra el cambio climático.

La resiliencia fiscal juega con la preferencia de las cartas de continuidad conservadora, que no transformadora: la memoria es la resistencia oculta que la alimenta. El consenso adaptativo propone un perfeccionamiento de lo que ya está, que no su cambio hacia fines distintos. Esto tiene un claro soporte histórico porque la gubernamentalidad fiscal se impone desde hace al menos dos siglos.[lxxii]

La transformación necesita argumentos, historias, relatos que impriman su sello en las motivaciones intrínsecas de las personas y ahuyenten la inseguridad o la amenaza. El marco no puede caer del cielo: pertenece a los valores colectivos adoptados por la comunidad. La reforma es un medio para que prospere el individuo, el grupo social, la familia y, a la postre, el Estado como eje de la creencia social y del interés fiscal.

La discusión en los EEUU sobre el impuesto sobre sucesiones ofrece un ejemplo de la importancia del relato para conseguir una finalidad contraria al interés general. En efecto, su abolición fue provocada por la defensa de la familia antes que la Nación. Es un impuesto que fue definido como de la muerte. Un peligro para el futuro de la familia en lugar de un favor a la igualdad de oportunidades. Su oposición contó con el soporte de una mayoría de personas que, por un lado, no se veían afectadas y, por otro, de no aprobarse, como sucedió, debían contribuir con sus impuestos para reemplazar la pérdida de los recursos.

“Widespread public ignorance of the facts allowed conservatives to successfully emphasize the family frame in a way that implicated individual, rather tan national interests. Although only 2% of the population paid estate taxes, more than half of the public incorrectly believed that the tax affected all taxpayers and that the tax was assessed on transfers to surviving spouses”.[lxxiii]

El poder de enmarcar la oposición al impuesto en la preservación de la familia, que no era cierto, contribuyó al apoyo de la justificación del sistema y la eliminación del proyecto. Otro marco, promoviendo el soporte fiscal a la familia, probablemente, hubiera neutralizado a la posición conservadora consiguiendo la aprobación del impuesto de sucesiones.

La evolución histórica del sistema fiscal, desde sus orìgenes enseña un gradual proceso evolutivo desde las primeras expresiones objetivas, reales, proporcionales, de capitación hasta ahora. El desafio actual, no implica destrucción de lo existente, sino adaptación conforme a las necesidades colectivas interpretadas por el poder público. Y esto significa profundizar la extensión de la base de los impuestos personales directos del sistema y la modificación de la imposición sobre el consumo por otra clase de IVA proporcional sobre la renta, basado en la capacidad contributiva de la organización, que no de los factores productivos singulares.

Es mas riesgo para el conjunto del sistema un subsistema jurídico fiscal basado en el monocultivo de la capacidad contributiva de los que menos pueden, de espaldas a la efectividad, a la autoorganización espontánea de las personas y que no ofrezca recursos para la asistencia entre todos los que integran la comunidad, en el bien entendido que no amenace la seguridad de los poderes consolidados, tanto locales como global.

Los ciclos evolutivos de la panarquía en los principales impuestos solo pueden fundarse en la convicción de su necesidad de cambio porque constituyen una amenaza endógena al sistema fiscal. La crisis destructiva en el Impuesto sobre Sociedades, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Valor Añadido, deducción impuesta de impuesto, no es una pretensión ideológica en sentido estricto sino de continuidad del sistema tributario bajo fundamentos distintos. Desde la desigualdad hacia la solidaridad; desde la equidad suficiente a la inequidad.

La resiliencia transformadora del sistema fiscal debe emprender la via de la solidaridad y del compromiso de igualdad y justicia social, desde la realidad de las cosas que no funcionan.

 – sobre el reparto de la renta y la riqueza y la recaudación obtenida

 – sobre la calidad y cuantía de la responsabilidad personal y social compartida de cara a la contribución al gasto público.

 – sobre el perfil moral de los valores y principios que deben inspirar el comportamiento de la autoridad pública (política, administrativa, legislativa, judicial).

El cambio avalado por el sistema es un modo de convocar a los grupos sociales extrañados ofreciendo una comunicación e información creible sobre los motivos que fundan la oferta de transformación.

La transformación no tiene porque ser un camino incierto, plagado de amenazas o de conflicto. El cambio tiene que ser, para los interlocutores, mas soportable que el no cambio en el tiempo y el contexto.

La transformación fiscal es deudora del statu quo, de la memoria pasada: no hay pretensión de construir otro sistema distinto, sino de modificación de las deficiencias del sistema actual que impiden su eficacia; de la responsabilidad compartida entre los contribuyentes y la prevalencia del interés fiscal y público en su diseño y aplicación.[lxxiv]

La resiliencia es la propiedad de un sistema de adaptarse al cambio de situación debido a factores endógenos o exógenos. Como cualquier otro sistema complejo, el sistema fiscal es más o menos resiliente. La adaptación puede ser conservadora, con vistas a su continuidad como hasta ahora, o transformadora, apreciando cambios que aseguren su futuro. No son decisiones fáciles. El poder simbólico del Estado tiene que elegir entre las deficiencias actuales, que aventajan a algunos y afrontar las reformas a favor de la mayoría. No se trata solo de un perfil moral. La resiliencia transformadora implica la igualdad social, la redistribución de la riqueza, la diversidad y la progresividad del impuesto como conveniencia para aumentar los recursos necesarios para financiar las necesidades públicos y los riesgos sistémicos (pandemias, cambio climático, digitalización, pobreza). Es decir, pasar de la soberanía totalitaria a la soberanía democrática.

El sistema fiscal es crucial para cada Estado. El derecho a la protección fiscal demanda resiliencia, a fin de evitar el colapso o la destrucción de su funcionamiento, en suma, para evitar la caída sistémica.[lxxv]

La resiliencia no es perpetua y podría quebrarse en un instante. La adaptabilidad es obligada. Las opciones son la memoria, mirando hacia el pasado, o creativa, abriendo una ventana de oportunidad a los cambios necesarios. Las decisiones no son simples porque la complejidad solicita la prevalencia del propósito público. El sistema fiscal actual no sirve para satisfacer las necesidades colectivas y demuestra su agotamiento y subordinación a los agentes económicos privados. Esta condenado a la injusticia con respecto a los despojados de poder político, económico, social y dista de conseguir los fines esenciales: igualdad, redistribución, capacidad contributiva y recursos.

La resiliencia conservadora propone la persistencia de un sistema fiscal erosionado por los privilegios y las ilusiones financieras o estereotipos dirigidos a la obtención de un consenso artificial, incluidos los sectores sociales desfavorecidos, contra la justicia social, lo cual debería ser posible, y la libertad de la dominación arbitraria. El no cambio es una de las fuentes principales de incertidumbre y amenazas para el sistema fiscal y el sistema económico, político y social, el no cambio es el emblema de la soberanía totalitaria y una constatación que la desdemocratización funciona.

 

1.14. El discurso del poder tributario.

El Estado no es el lugar privilegiado del poder, su poder es un efecto del conjunto. La microfìsica del poder es el vehìculo para ascender desde las relaciones de poder infinitesimales hacia el centro para establecer como se utilizan, doblegan o transforman por mecanismos más generales de dominación y como poderes más globales o beneficios económicos pueden insertarse en el juego de estas tecnologias de poder relativamente autonomas y moleculares.

El razonamiento de Foucault era claro, aunque en sus escritos finales expresa dudas: una cosa es la soberanìa, cosa propia del Estado y otra la economía del poder, cosa inherente a la gubernamentalidad. Esa separación no sirve, sin embargo, en la gestión de la Hacienda Pública.Y ello ocurre, porque los monopolios públicos que sustentan la soberanìa no desaparecen con el Estado liberal, sino que se convierten en medios de supremacia del discurso de poder. El poder tributario y financiero, aparece adosado a la política de la gubernamentalidad y la gubernamentalidad no puede subsistir sin la soberanía de excepción.

La corrupción institucional de los sectores más fuertes del mercado opera sobre el sector público para obtener beneficio de sus decisiones, resoluciones, leyes, sentencias. Es, siguiendo a Lessig, la estricta consecuencia de la influencia o dependencia del gobierno de la corrupción encarnada por intereses privados distintos a los propósitos de la institución pública y que influyen en su realización.

El error o la representación falsa en la mente de los ciudadanos es fruto de la corrupción (institutional corruption). La corrupción institucional implica una economía de influencia sistémica y estratégica que debilita la efectividad de la institución, especialmente erosionando la confianza pública o la credibilidad en tal institución; influencia que se adquiere mediante dinero, poder o ideología.[lxxvi]

El poder produce la realidad social a traves de una transformación técnica de los individuos a la enseña de la sociedad normalizada. El poder no solo consiste en negar, prohibir o reprimir. El poder produce efectos positivos en las personas porque se articula mediante el conocimiento, su circulación y organización: formación, registro, observación, indagación, pesquisa, verificación. O sea, por la acción a la distancia y las tecnologías de poder del saber en las prácticas sociales.

El impuesto circula a lo largo y ancho de los individuos, de las empresas, de las familias y su aceptación no es fruto de la amenaza o de la coacción, sino de una verdad revelada y creida sobre su necesidad, justificación y conveniencia, obviamente, ocultando sus efectos contrarios a la justicia, igualdad, solidaridad. Es evidente, lo dice Hayek, que la justicia social no integra la eficacia ni eficiencia del sistema fundamental del mercado.[lxxvii]

La ley permite una gestión política y económica mediante las diferencias interesadas entre legalidad e ilegalidad. La forma de la ley y los efectos prohibitivos que implica no expresa la jerarquía de la fuente juridica piramidal kelseniana o el pretendido absolutismo soberano de la ley. Al contrario, integra estrategias de poder que no pertenecen al ámbito del derecho.

“Las leyes están hechas por unos y se imponen a los demás” (Foucault).

El sistema fiscal es una ley de ilegalidades destructivas: los contribuyentes más ricos tienen la potestad de eludir o evadir su cumplimiento y repercutir la carga, en su caso, sobre los demás y el contribuyente de masa está obligado a soportarlo.

Cualquier impuesto, sea directo o indirecto, puede ser objeto de transferencia de la carga tributaria legal sobre otros. El contribuyente puede desplazar la carga económica decidiendo por su propia voluntad el cuanto de su contribución. El hecho de contribuir no distingue entre contribuyente de derecho y contribuyente de hecho y de ese modo falsifica la progresividad del impuesto y la capacidad contributive, porque el sujeto pasivo no lo soporta y permite ocultar la carga sobre los sujetos que la sufren.[lxxviii]

“Under those systems, owners of capital enjoy maximum ability to exercise choice in determining the ultimate size of their nominal tax bill and to shift the economic burden of that bill to someone else”.[lxxix]

Toda la estructura jurìdica tributaria, pese a sus buenas intenciones, facilita daños concientes e intencionales a sus víctimas, en base a ocultación, encubrimiento, mentiras. (evil law). Son leyes inmorales en el sentido de Radbruch, Dworkin, Fuller.[lxxx]

 “el ilegalismo no es un accidente, una imperfección más o menos inevitable…En último término, diría que la ley no está hecha para impedir tal y tal tipo de comportamiento, sino para diferenciar las formas de eludir la propia ley”.[lxxxi]

El postulado de legalidad de Foucault reclama el fundamento extrajurìdico de la ley, como dispositivo de seguridad, interpretando asì como no casuales las lagunas del derecho, el abuso del derecho o la desaplicaciòn de las normas jurìdicas supremas. La legalidad o ilegalidad es material de conveniencia y oportunidad. Es el espacio de una ley inmoral o amoral, desprovista de principios jurídicos fundamentales efectivos.

 

1.15. La veredicción del Estado.

La verdad neoliberal no es un mero programa politico, sino un cuidadoso instrumento de gubernamentalidad dirigido a fijar sus predicados como verdad de la realidad, cuando son manifestaciones más o menos articuladas de racionalidad política de ejercicio de poder, cuya coincidencia con la realidad es casual. De lo que se trata es de mitificar como falso lo que no coincide con el enunciado, aunque no sea real ni existente, presentando como inseparable lo que es solo una forma de hegemonía.

La veridicción del mercado solicita del estado que la libertad queda en manos de la economía. El mercado autosuficiente permite falsificar y verificar la práctica de gobierno, siempre que se tome en cuenta para lo que el gobierno realiza, las reglas que sigue o los actos que adopta, consiguiendo la libertad para todos que el estado no puede obtener. Es indiferente aquello que no se traduce en mercado. La igualdad social y la redistribución de la riqueza le es ajena.

Es el mercado que define la acción gubernamental. Uno debe gobernar para el mercado, en lugar de a causa del mercado. Los efectos del mercado que no del estado son autosuficientes y su intervención legítima puede formularse para garantizar la competencia como disciplina: una regulación general por via del mercado. El mercado otorga a cada uno lo que se merece y todos debemos aceptar el modelo de sociedad implicito. El Estado es otro sujeto sometido a control, vigilancia, juicio, al servicio del mercado.[lxxxii]

El orden espontáneo del mercado, autoorganizado e instintivo al amparo de la ley impide que el poder público, el Estado, pueda interferir arbitrariamente el orden natural del mercado, de la empresa, de los individuos, según su propia voluntad y al socaire de presiones democráticas. La tutela de la competencia mediante un ordenamiento jurídico adecuado y estable evita la eventual omnipotencia democrática.

Decía Polanyi que el control del sistema económico por parte del mercado es deraimportancia para la entera organización de la sociedad: significa el fin de la conducción autónoma de la sociedad respecto al mercado. No es la economìa la que debe insertarse en las relaciones sociales, sino que son las relaciones sociales a ser insertadas (embeddedness) en el sistema económico.[lxxxiii]

Es mérito del neoliberalismo el enunciado de un discurso de verdad, predicado y aplicado inagotablemente, para regir los comportamientos sociales y su aprovechamiento. El nucleo económico y moral descarta que la injusticia social, la desigualdad maxima, sean, como es en realidad, efectos del fundamentalismo del mercado, de la concentración de la riqueza, del orden oligopólico de la economía sin Estado compensador.

“La veridicción del mercado es verdadero en si mismo y tambien representa la forma verdadera de toda actividad”.[lxxxiv]

La razón de Estado no desaparece, simplemente, se ignora cualquier veredicciòn del Estado.Su adaptación es perpetua a las diferentes aplicaciones de la racionalidad neoliberal, a lo largo de su historia. La universalización del modelo de la burguesía llega a animar la constitución de las democracias populares, incluida la Unión Soviética donde el Estado aparecìa como hegemónico, sin que se cambiaran las relaciones de poder en la familia, entre el hombre y la mujer o en la escuela.[lxxxv]

La veredicción pública no puede trascender sin legitimidad democrática y como parte de otra racionalidad que sustituya la que heredamos desde el siglo XVIII.

El poder público identifica la sociedad civil y es símbolo permanente de su continuidad, más allá de las vidas o intereses efìmeros. Hay Estado antes del Estado y despues. El poder simbólico del Estado domina pese al mercado y los postulados de desarme.

La gubernamentabilidad autónoma del Estado puede contribuir a dar respuesta adecuada al discurso totalizador del mercado del poder neoliberal. Para que ello suceda debería proponerse como tecnologìa y programa la autónomía democrática del Estado, la competencia regulada de mercado leal y no tóxica y un poder financiero desprendido de los intereses privados dominantes en el gasto y el ingreso público.

El saber financiero del impuesto y del gasto público debe construirse sobre otras premisas diferentes a los lugares comunes neoliberales, en particular, tomando como eje la razón pública en favor de la igualdad y el resultado de justicia social.

Foucault explica la carencia de gubernamentalidad del socialismo por su recurso al estado hiperadministrativo de policia, donde hay una suerte de fusion y continuidad con la lógica interna de un aparato administrativo, sin compromisos con otras formas de gubernamentalidad. La inexistencia de una gubernamentalidad autónoma del socialismo se debe, probablemente, a que ha vivido en el interior de la gubernamentabilidad liberal y comprometido con ella.

Esto mismo, salvada las distancias, ocurrió con el nacionalsocialismo, fascismo, marxismo leninismo.[lxxxvi]

El Estado de policia es presupuesto para una racionalidad distinta a la del mercado, siempre que se tenga en cuenta que su intervención necesaria no lo agota ni siquiera puede que sea suficiente. La transformación civil del Estado provoca su dinámica con un mensaje de gubernamentabilidad equivalente a la fuerza del mensaje liberal. Y esa dinámica transita por mecanismos multiples y abarcadores de una realidad compleja y diversificada.

El Estado de policía financiera y militar responde a las contraconductas sociales, en forma a veces circunstancial o efìmera, para preservar su propia organización y la estabilidad política de su existencia, adaptando sus comportamientos a la seguridad humana de la población.

Otro Estado (cívico) debe dar respuesta a los desafíos conocidos, no solo de la policía administrativa, sino de los desafíos aún pendientes, en defensa de la legitimidad democrática y de la igualdad social del sistema político, del sistema jurídico en su conjunto, de las libertades fundamentales y los derechos de todos.

Esto supone separar el poder neoliberal del dogma de la verdad sobre la cual se basa su hegemonía sobre todo el tejido social. Otra verdad que la reemplace y de respuesta al perímetro moral, social, económico. Si no se construye otra verdad, la verdad neoliberal es vista como reflejo de la realidad de los hechos, lo cual es una falsificación absoluta.

 

Conclusiones.

Es difícil entender la hegemonía neoliberal sino se recurre a M. Foucault. Sus reflexiones proveen los instrumentos de interpretación que, en su tiempo, apenas apuntaban. El análisis revela una teoría y práctica totalizadora de la gubernamentalidad, del arte de gobierno, sujeto al fundamentalismo de mercado. Un discurso, el neoliberal, que aspira a pensamiento único y verdadero y que ha resistido los embates desde la izquierda y la derecha. Esto ocurrió con el nacionalsocialismo, fascismo, marxismo leninismo. La autocracia liberal evoluciona hacia una forma de totalitarismo, comprensivo de todos los segmentos públicos y privados de comportamiento. Esto también incluye al poder tributario y sus efectos políticos, sociales y económicos. Lo importante es tener en cuenta que el contradiscurso debe componerse, a su vez, como verdad, para desmontar la falsificación de la realidad en todos sus aspectos.

La gubernamentalidad es la tecnología política que permite el ejercicio del poder sobre la población, su conocimiento y dirección, por forma mayor de saber la economía política, los dispositivos de seguridad y el fortalecimiento diplomático y militar y fiscal. El poder se instala en la conducciòn de las conductas. La sociedad normalizada es una sociedad de vigilancia que, en nuestros dìas, deviene sociedad de control, sociedad de seguridad, fruto de la dominaciòn digital de la libertad individual. El nucleo está las relaciones de poder entre individuos. El poder no es propiedad, sino estrategia y por tanto se ejerce, no existe mas que en acto, algo que está en juego. El individuo es un efecto del poder. El poder gestiona su legalidad mediante la gestión de ilegalismos o reservando los ilegalismos para configurar su propia legalidad. El poder-saber es una ecuación esencial del arte de gobierno liberal. Sus prácticas sociales sirven para transportar al medio una tecnologìa de poder cuya virtud es presentarse como un regimen de verdad y establecer de su parte lo que es verdadero o falso. El mercado es el nuevo sitio de la veridicción o de la verdad: un sitio que verifica- falsifica para la práctica de gobierno.

El poder fiscal es como el poder de policía y su efecto es estrictamente unilateral. La centralidad del Estado administrativo pone en riesgo la ley democrática.  El estado de excepción, la emergencia, pasa a ser el instrumento de gobierno soberano, sea por decisión politica, administrativa, judicial. El Estado de Seguridad se funda en la alimentación permanente del miedo porque es la única forma de asegurar su legitimidad ante la población. Es un poder único que fractura sus decisiónes conforme a criterios de urgencia y suspende el ordenamiento jurídico afectado. La democratización es el calificativo que acompaña la transformación del Estado de policia en Estado cívico: reconocimiento de las garantías de todos los ciudadanos, control cívico de las actividades públicas de sus agentes, recursos y la protección de las acciones arbitrarias. La transformación democrática tiene su primer desafio en el sistema tributario, los impuestos, los procedimientos y la aplicación de los recursos y en la predistribución mediante la ley privada de la propiedad, de los contratos y el segundo desafio consiste en transformar las necesidades sociales en bienes públicos. Eso es un sistema tributario progresivo. El nucleo de la normalización es la economización de la vida, incluidas las esferas ìntimas y particulares de cada uno. No hay otra razón de gobierno que la del mercado y la mercantilizaciòn convierte en metafìsica cualquier impostación moral de justicia, de igualdad social, de solidaridad. El impuesto es lo que debe ser conforme a la economìa de mercado y las empresas. Fuera del circuito, quedan los contribuyentes de masa de menores recursos, sean consumidores, trabajadores, pequeños propietarios. La extracción fiscal democrática orienta otra dirección distinta porque en su forma depende la democracia social. La renta del trabajo, los consumidores, los pequeños empresarios o propietarios son la red de cumplimiento que se consigue con un discurso del impuesto que encubre el incumplimiento de las rentas del capital, de la empresa, de la erosión fiscal los grandes patrimonios y empresas y la atribución privilegiada de los beneficios fiscales y del gasto público. Las normas técnicas que benefician a los agentes del mercado y que despues se extienden como una mancha obligatoria sobre todos los contribuyentes; balance, estados contables, pérdidas y ganancias, deducciones. Las guias fiscales de referencia (benchmarks) son un mecanismo invalorable para que el trabajador, el consumidor, el agricultor aprenda que es objeto de extracciòn fiscal no compartida por los contribuyentes de mayores recursos, aunque utiliza su lenguaje, sintáxis, léxico, sin discusión. El proyecto de Foucault fue un enunciado anticipador de lo que despues vendría. Sin verdad, el poder queda desnudo como mera relación de fuerza, de dominio y sumisión. La resiliencia conservadora propone la persistencia de un sistema fiscal erosionado por los privilegios y las ilusiones financieras o estereotipos dirigidos a la obtención de un consenso artificial, incluidos los sectores sociales desfavorecidos. El sistema fiscal es una ley de ilegalidades destructivas: los contribuyentes más ricos tienen la potestad de eludir o evadir su cumplimiento y repercutir la carga, en su caso, sobre los demás y el contribuyente de masa está obligado a soportarlo. El postulado de legalidad de Foucault reclama el fundamento extrajurídico de la ley, como dispositivo de seguridad, interpretando, así como no casuales las lagunas del derecho, el abuso del derecho o la desaplicación de las normas jurídicas supremas. La razón de Estado no desaparece, simplemente, se ignora cualquier veredicción del Estado. Si no se actua en su conjunto –sobre el Estado, la democracia, la norma constitucional, las libertades individuales-, la verdad neoliberal seguirá imponiéndose pese a su falsificación absoluta.

 

NOTES AL FINAL

[i]M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, Curso en el Collège de France (1977-1978), Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2006, p. 277, 323, 326, 413.

[ii]– cit.p.389.

[iii]– cit.p. 375.

[iv]M. Foucault, The Tanner Lectures of Human Values,Standford University.Vol.16,1979.Towards a Criticism of “Political reson”, Omnes et Singulation, p.243.

[v]M. Foucault, Nascita della Biopolitica, Corso al Collège de France (1978-1979), Feltrinelli, 2021, p.36.

[vi]– cit., p.75.

[vii]T. Rosembuj, Conocer Proudhon y su obra, Barcelona, 1979, p.71.

[viii]T. Rosembuj, Impuesto. Democracia. Coerción. Estado. Barcelona, 2022, p.31.

[ix]M.Foucault, Nascita della Biopolitica, cit. p.112.

[x]F. Caffè, Política Económica Boringhieri, Torino,1966, sobre el exceso de previsión pública de Röpke, “se gana en claridad cuando se está frente a posiciones deliberadamente ultrancistas”, p.237.

[xi]M. Foucault, Dits et Écrits 1954-1988 III 1976-1979, ed. D. Defert, F. Ewald, Gallimard. M. Foucault, La securitè et l`État, p.383.

[xii]– cit., p.386.

[xiii]M. Foucault, The Foucault Effect, edit. G. Burchell, C. Gordon, P. Miller, University of Chicago Press, 1991, p.104.

[xiv]M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, cit.p.136, 137.

[xv]M. Foucault,The Foucault Effect, edit. G. Burchell, C. Gordon, P. Miller, University of Chicago Press,1991, p.104.

[xvi]M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, cit.p.68.

[xvii]M. Foucault, Microfísica del Poder, Madrid,1978, p.151.

[xviii]M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, cit.p.84.

[xix]M. Foucault, Dits et Écrits 1954-1988 III 1976-1979, ed. D. Defert, F. Ewald, Gallimard. Le pouvoir, une béte magnifique, M. Osorio, p.368.

[xx]M.Foucault, Nascita della  Biopolitica, cit.p.68.

[xxi]M. Foucault, Seguridad, Territorio, Población, cit.p.84.

[xxii]M. Foucault, Historia de la Sexualidad I. La voluntad de saber, edición J. Varela y F. Alvarez-Uria, Siglo XXI de España Editores, 2021, p.125, 126.

[xxiii]Ch. Laval, Foucault, Bourdieu y la cuestión neoliberal Barcelona, 2020, “…el poder se ejerce a distancia y de un modo oblicuo, jugando con las probabilidades de satisfacción o de penalización.”, p.105.

[xxiv]N. Rose, P. O`Malley, M. Valverde, Governmentality, The University of Sydney, September 2009, p.9.

[xxv]N. Rose, P. O`Malley, M. Valverde, Governmentality, The University of Sydney, September 2009, p.9.

[xxvi]G. Deleuze, “ Post-scriptum sur les sociétés de contrôle”, in L’autre journal, nº1, mai 1990.

[xxvii]T. Rosembuj, Inteligencia Artificial e Impuesto, Barcelona, 2019, p.186.

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[xxxiv]F. Avila-Fuenmayor, El concepto de poder en Michel Foucault, A Parte Rei Revista de Filosofia 53, septiembre 2007.

[xxxv]M. Foucault, Un Dialogo sobre el Poder y otras conversaciones, cit.p.82.

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