Democratización. Desdemocratización, Redemocratización

DEMOCRATIZACIÓN. DESDEMOCRATIZACIÓN. REDEMOCRATIZACIÓN.

Tulio Rosembuj, 7 de abril 2023

 

Abstract.

La antidemocracia, la hegemonía del ejecutivo y el dominio de las elites son los elementos del totalitarismo invertido, del Estado dual. Es el efecto es la sumisión de la democracia al  fundamentalismo del mercado. La soberanía digital degenera la democracia en infocracia (Han). La desinformación y las noticias falsas se multiplican, indiferentes a la verdad de los hechos. El impuesto padece  el monopolio y uso interesado del lenguaje técnico para confirmar una verdad universal contra el impuesto como instrumento de justicia social y la tutela de la elusión y evasión. A esto se une el tax lawfare, cuyo instrumento es la potestad punitiva, el derecho penal total. El mensaje es siempre el mismo, contra la redistribución de la riqueza y a favor de los grandes poderes económicos, individuales y societarios. La desdemocratización se apoya en la desmovilización cívica. La redemocratización exige lo contrario: una participación activa y plena del ciudadano en defensa de sus derechos. El discurso público implica que el Estado recupere la capacidad de decir legítima y válida para todo el conjunto social. La libertad patrimonial del individuo y la empresa  deben estar puestas al servicio de las necesidades fundamentales de la sociedad .

 

1.Democracia. 2.Democratización. 3.Desdemocratización. 4.La soberanía digital. 5.La desinformación y las noticias falsas. 6.Las noticias falsas fiscales. 7.Lawfare. De la policía fiscal al derecho penal total. 8. Redemocratización. 9. Democratización fiscal. 10.La formación del Estado, el crédito y el impuesto. 11.El impuesto sin contraprestación o contra prestación. Conclusiones.

 

1.Democracia.

¿Qué se entiende por democracia?

La democracia, según, J. Waldron, es la idea que los legisladores son elegidos por el pueblo al cual legislan, el pueblo determina las bases bajo las que son gobernados, y el pueblo elige los fines de la política pública, los principios de su asociación y el contenido amplio de sus leyes. La gente lo hace actuando, votando y deliberando como iguales, a través de elecciones y sus relaciones con sus representantes.[i]

La democracia es lo contrario de un gobierno elitista. Elite, dice Schimitt, son aquellos que pagan menos impuestos con mayores ingresos; que pueden exigir a otros que les rellenen los formularios; que no buscan justicia en los tribunales y que por su injusticia no necesitan temer a los tribunales; son aquellos que acusan sin tener que temer ser acusados.[ii]

Un régimen es democrático cuando las relaciones políticas entre el Estado y los ciudadanos supone dimensiones de inclusión de los derechos de la mayoría; de igualdad de trato; de protección política; de consulta mutua obligatoria.[iii]

Pensemos en democracia, afirma Tilly, cuando la población sujeta a la autoridad de un Estado determinado ejercita su voz respecto a la actividad pública, ampliamente, con igualdad, obligatoriamente y protegiendo a las minorías de la arbitrariedad con la capacidad del Estado de llevarla a cabo. Capacidad de Estado y democracia son un binomio inseparable.[iv]

La capacidad de Estado significa la extensión de las intervenciones de los agentes públicos sobre los recursos no públicos existentes, actividades y conexiones interpersonales que alteran las distribuciones existentes de tales recursos, actividades, conexiones interpersonales, así como las relaciones entre esas distribuciones.[v]

Por una parte, la inclusión de los derechos de la población en la política pública para reclamar; la igualdad entre y dentro de las categorías de ciudadanos; la protección contra a arbitrariedad del Estado y la actuación administrativa no discriminatoria y transparente entre los ciudadanos.

Por otra, la capacidad del Estado en el aumento o disminución de la integración de las redes de confianza; del aislamiento desde las políticas públicas de las desigualdades de hecho; y de autonomía del Estado de los centros privados de poder.

Estos factores alimentan o condenan la dinámica de la democracia hacia procesos de democratización o desdemocratización. La democratización y la desdemocratización las deja a la intemperie.

 

2.Democratización.

Dice Tilly: “Democratización significa un neto movimiento hacia un más extenso, más igualitario, más protegido y de mayor consulta obligada. Desdemocratización significa un movimiento neto hacia un más estrecho, más desigual, menos protegido y menor consulta obligada”.[vi]

La democratización no es una fotografía fija, sino que depende de procesos de cambio que le sirvan de estímulo en determinadas áreas: redes de confianza, desigualdad categórica, centros autónomos de poder y las interacciones entre ellas.

-Redes de confianza. 

Las redes de confianza significan conexiones interpersonales ramificadas, basada en fuertes lazos de asociación dentro de las causas las personas tutelan sus iniciativas y riesgos individuales del fraude, errores, fracasos o chantajes de otros. 

Las redes de confianzas son obstáculos a la democratización si persisten en su aislamiento y comprometen el esfuerzo colectivo cívico.

“Democratización es posible cuando las redes de confianza se integran significativamente en regímenes, y así motivan a sus miembros a comprometerse en consultas recíprocas obligatorias-el consentimiento condicional de los ciudadanos a los programas propuestos por el Estado”.[vii]

La integración democrática se producirá o por desintegración de la red de confianza originaria o por su vinculación con otras redes de confianza y de políticas convergentes.

La confianza, de nuevo, es la cuestión más delicada en la interacción entre la Administración y el contribuyente perteneciente a alguna red de confianza. Toda vez que éste se sienta tratado con respeto y dignidad y se afirme la neutralidad e imparcialidad en la conducta pública, estará más dispuesto al compromiso voluntario y obediencia de las resoluciones, aún cuando le afecten en su resultado. Al contrario, la pérdida de confianza y credibilidad lleva inexorablemente a la resistencia.[viii]

La desconfianza en el gobierno radica en la ruptura de sus promesas. Incompetencia y el antagonismo hacia los que se supone sirve. Dice Levi el ciudadano cree en el gobierno solo cuando piensa que actuará en defensa de sus intereses, que sus procedimientos son justos y que la confianza en el Estado es recíproca. El consentimiento se funda en la expectativa que otros soportan las cargas públicas, donde destaca el impuesto.[ix]

La base de la confianza es la concepción del ciudadano que el Estado adopta el interés general y colectivo como propio y lo defiende como si fuera suyo. Pero, si esa creencia o convicción se quiebra y troca en desconfianza, entonces, el efecto es la debilitación de la democracia social, del significado social de las relaciones interpersonales y con el Estado.

La confianza social en el Estado se traduce en cooperación y la lógica de la reciprocidad enseña que los requisitos de transparencia, integridad y comportamiento respetuoso sostienen el consenso ciudadano y, a la vez, crean el consenso social en el gobierno. Más democratización. A la inversa, el Estado puede ser el vehículo de la desconfianza y, por tanto, entrar en conflicto con la voluntad de cooperación o influir negativamente entre los ciudadanos. Menos democratización.

El engaño o la manipulación de los intereses generales disuelve la confianza, instalando la desconfianza entre los ciudadanos, contribuyentes. Esto se produce toda vez que estalla un sistemático conflicto de intereses entre los depositarios y los dadores de confianza, que niegan sus obligaciones. La fiabilidad queda en añicos cuando la confianza se torna traición. Parafraseando a Cook, Hardin, Levi, puede decirse que, si el ciudadano colectivo tiene un conflicto de interés con el gobierno sobre la materia fiscal en que creíamos en Ud, tenemos una buena razón para dudar de su confiabilidad.[x]

Desigualdad categórica.

La desigualdad explícita y directa que aisla enteras fracciones sociales de sus oportunidades de vida-raza, género, religión, nacionalidad, clases -.

“La democratización es imposible en la medida que las desigualdades categorícas se traducen directamente en diferencias de derechos y obligaciones políticas. La democratización no depende necesariamente en la disminución de la desigualdad categórica, sino en el aislamiento de las políticas públicas de la desigualdad categórica”.[xi]

El problema no es, sugestivamente, la desigualdad categórica en si misma, sino la complicidad, la reticencia del Estado, su voluntario asentimiento, y neutralidad política que la amortigüe. La democratización se refuerza cuando los procesos de las políticas públicas incorporan a su contenido la reducción da las categóricas desigualdades de hecho y la morigeración de sus efectos.

La política fiscal es un ejemplo del aislamiento consciente y voluntario de la política pública (insulation) de frente a la desigualdad de hecho existente. Aún más, es, ordinariamente, un actor necesario a su crecimiento ilimitado e indefinido.

La neutralidad del Estado ante las desigualdades de hecho inhibe y amenazan la democratización. Y, como contrapartida, estimulan las reacciones con las categorías sociales que no las sufren que sirven para crearles situaciones de ventaja, concederles beneficios particulares, permitirles influir sobre la orientación de las políticas públicas y, usar poder para excluir a las categorías subordinadas.

No es conveniente, a diferencia de la conclusión de Tilly, que la desigualdad no sea una condición necesaria para la democracia. Siempre lo será, porque lo contrario es suponer que la desigualdad perjudica los derechos políticos, las obligaciones y compromisos, dividiendo la sociedad entre beneficiarios y perjudicados; por las diferencias de tratamiento legal, social, económico y creando incertidumbre en el ciudadano y su red de confianza.

El sistema tributario es regresivo en los impuestos y en la producción de bienes públicos y la conservación de las desigualdades categóricas. La desmovilización democrática es la consecuencia de la debilitación de la confianza y legitimidad de la política pública.

La distancia aumenta toda vez que prevalece el interés desigual del Estado sobre el ciudadano desigual. No hay bases para la consolidación de un bienestar compartido, sino fracturado. No hay expectativa que el pago del impuesto sea suficiente para su condición de vida mejore en el futuro. Otra perspectiva atiende el comportamiento de los centros autónomos de poder.

Centros autónomos de poder.

Los centros autónomos del poder son aquellos que operan fuera del control de las políticas públicas y al margen de las interacciones entre ciudadano y Estado. Sus agentes poseen los medios para alterar o defender las distribuciones existentes de recursos, población y actividades dentro del régimen. La democratización es imposible cuando la extensión de dichos poderes condiciona e influyen desde el exterior sobre las políticas públicas.[xii]

Tilly postula la reducción de los centros autónomos de poder de las políticas públicas mediante la ampliación de la participación política; igualdad de acceso a los recursos no políticos del Estado y oportunidades; inhibición de los poderes autónomos u/o arbitrarios poderes.

El Estado requiere apoyo social para producir y reproducir recursos que le permitan conservarse y crecer. Los ingresos pueden derivar de la producción en empresas del Estado; del intercambio de sus recursos naturales por otros bienes que necesita o, finalmente, acudir al impuesto. Es el consentimiento social el que abre la puerta a la democratización porque no resultan sino de la negociación y el acuerdo.

“aunque (los impuestos) por lo común aumentan los flujos de recursos al Estado, también hacen al Estado dependiente de esos flujos y establece los términos para el próximo episodio de extracción. De ambos modos, sujetan al Estado a las políticas públicas y facilitan la influencia popular sobre las políticas públicas…En el largo plazo, la democratización solo ocurrirá cuando el gobierno se apoye en el cumplimiento cívico para conseguir sus recursos”.[xiii]

El consentimiento fiscal es un prius democrático, olvidado, durante la autocracia liberal, aferrada al dogma absolutista de la ley. Pero, es dudosa su eficacia en el proceso de democratización. Más bien parece lo contrario. Si las políticas fiscales avanzan sobre los centros autónomos de poder, probablemente, darán origen a desdemocratización, antes que a democratización.

“La resistencia fiscal viene probablemente de aquellos con recursos que desde aquellos sin. (Levi).[xiv]

El ilegalismo forma parte del ejercicio del poder de los grupos sociales, de las clases. El funcionamiento social está asegurado a través de los ilegalismos. La

ley debe entenderse como un procedimiento mediante el cual se gestionan diferentes órdenes de ilegalismos.

Tilly indica, con razón, que los centros autónomos de poder aborrecen la democratización y por tanto son agentes naturales de la desmocratización. Los sectores de poder poseen los recursos para escapar o subvertir sus deberes democráticos cuando les son perjudiciales. Asimismo, ocurre su abandono de las redes de confianza cuando el poder público no les es afecto o recrear nuevas desigualdades y centros de poder.

“Actualmente todo el mundo sabe que el fuerte utiliza la ley como arma contra un eventual cambio de fuerzas provocado por los débiles (¡libres aún son las fuentes ¡). Hoy dia: fe en la ley=falta de instinto de la criatura condenada al hundimiento”.[xv]

La democracia fiscal pone en evidencia los obstáculos de la democratización, en cualquiera de los elementos señalados por Tilly.

El impuesto traduce el deber de solidaridad social. El fundamento es que un bienestar compartido requiere las ventajas futuras para todos que supere el momento de la ética individualista. El sacrificio actual se puede aceptar como el precio de una convivencia que proporcionará más beneficios que los que pueden “derivar de comportamientos cerrados en el breve arco del interés individualista”.[xvi]

Las redes de confianza se deterioran cuando sufren la invasión de la ética individualista y el descrédito de la conciencia del sistema tributario como un bien público. La pérdida de la legitimidad y la confianza pública resulta de la falta de compromiso público con el ciudadano colectivo y la aceptación del incumplimiento de ley por otros, con diversos subterfugios.

La desigualdad categórica del impuesto y el distanciamiento de las políticas públicas para afrontarla, también quedan afectadas, sea en las figuras tributarias, sea en su aplicación, sea en su conexión con el justo reparto de los ciudadanos.

Finalmente, otro tanto se verifica en la existencia de núcleos autónomos de poder que prevalecen sobre las políticas públicas, anulándolas cuando presienten sus amenazas sino consiguen eliminarlas.

El impuesto, es la expresión elemental del poder democrático de todos de contribuir al gasto público. Todos los ciudadanos, están sujetos a una conformidad legal cuasi voluntaria para la creación de beneficio compartido. La ley democrática es condición indispensable del impuesto, de la democracia fiscal y de la igualdad. El impuesto es una condición insustituible del ejercicio cívico. La democracia fiscal refleja el poder de los ciudadanos asociados. Sin democracia fiscal, crece la desdemocratización.[xvii]

 

3.Desdemocratización.

Tilly indica que una señal clara de democratización viene de la experiencia que resulta para diferentes grupos sociales de la traducción de sus demandas en el comportamiento correlativo del Estado. Hay desdemocratización toda vez que las acciones públicas están bajo la decisión de las elites económicas o retiran su colaboración con el Estado.  

“To the extent that rich, powerful people can buy public officials or capture those pieces of government bearing most directly on their interests, they weaken public politics doubly: by withdrawing their own trust networks and by undermining the effectiveness of less fortunate citizens’ consultation”.[xviii]

Las elites poseen los medios para subvertir la democracia cuando los resultados de su funcionamiento son perjudiciales para sus intereses, simplemente dejando de cumplir con sus deberes cívicos, políticos, institucionales.[xix]

La soberanía difusa del estado de excepción, convertida en ordinaria, y el sistema fiscal regresivo son puntos de actividades, lugares desde donde se dominan la insularidad democrática de las políticas públicas y condicionan severamente la participación cívica en las decisiones políticas que le atañen. El Estado dual es desdemocratizador en su definición: soberanía administrativa y soberanía judicial. La antipolítica es la tecnocracia y la juristocracia.

El propósito es aislar la política pública económica, legal, administrativa de todas las referencias que refuercen la democratización y cuya racionalidad de gobierno se apoya en los dispositivos de seguridad y las tecnologías del poder (tecnocracia) de cuño neoliberal: el fundamentalismo del poder de mercado y la disminución de la importancia relativa de la democracia del y en el Estado y de sus políticas públicas.

“En términos simples, la desdemocratización sucede principalmente como consecuencia del retiro de los privilegiados, poderosos actores políticos de cualquier consulta mutua obligatoria, cuando la democratización depende de integrar al más amplio número de gente ordinaria en la consulta”.[xx]

El boicot al impuesto de los grupos autónomos de poder, alentado por la ilegalidad de la ley que les favorece, fractura la red de confianza de los ciudadanos asociados en la democracia fiscal. Lo que resta es un aumento de las desigualdades categóricas y la quiebra de la legitimidad del Estado.

El impuesto alimenta el proceso de desdemocratización en la génesis del poder tributario y en su empleo, como dispositivo máximo de seguridad del sistema.

Foucault declara que nunca se le ocurriría llamar democrática a nuestra sociedad.

“si por democracia entendemos el ejercicio efectivo del poder parte de un pueblo que no está dividido ni ordenado jerárquicamente en clases, es claro que estamos muy lejos de una democracia. Me parece evidente que estamos viviendo bajo un regimen de dictadura de clase, de un poder de clase que se impone a través de la violencia, incluso cuando los instrumentos de esta violencia son institucionales y constitucionales; y a ese nivel, hablar de democracia carece de sentido por completo”.[xxi]

Foucault propone desenmascarar la violencia política institucional e inclusive constitucional, porque, coherente con su posición, el poder politico va más allá de lo que uno sospecha; hay centros de apoyo invisibles y poco conocidos; su verdadera resistencia quizá se encuentre donde menos se espera. Su objetivo es desvelar el poder se halle donde se halle implicitamente recoge que la gubernamentabilidad liberal ordena, desde lejos y a distancia, todos y cada uno de los comportamientos cívicos disciplinados, normalizados.

Debemos localizar el punto de actividad, los lugares y las formas en que se ejerce la dominación, sea la familia, la universidad, los sistemas de enseñanza, la prevision y el cuidado, como la medicina, y, obviamente, en el seno del Estado.

El poder fiscal está en la fuente de la gubernamentalidad. Es la misma guerra del Estado monárquico a cargo de la autocracia liberal y neoliberal. El poder que conserva y aumenta el monopolio fiscal, la relación de fuerza mediante una guerra sistemática y discreta, cuya pretensión es la ortodoxia inscripta en las instituciones y en la deformación de la constitución, en las desigualdades categóricas, en el fortalecimiento de los grupos autónomos de poder y la ostentación de una paz social que lo legitime. El lenguaje confirma las pretensiones del poder político desdibujando, precisamente, los factores de democratización que perturban.

“en el interior de esta «paz civil», la lucha política, los enfrentamientos por el poder, con el poder, del poder, las modificaciones de las relaciones de fuerza, las acentuaciones en un sentido, los refuerzos, etc., todo esto en un sistema político no debe ser interpretado más que como la continuación de la guerra, es decir, debe ser descifrado como episodios, fragmentos, desplazamientos de la guerra misma”.[xxii]

La racionalidad política neoliberal hiere de muerte las condiciones de la democracia. Y ello por la concentración extrema de la riqueza y de la desigualdad de hecho; el distanciamiento querido de la práctica cívica como bien público; el desmantelamiento de las entidades sin ánimo de lucro – asociaciones, mutualidades, cooperativas- y de los sindicatos y aquello que W. Brown califica como la economización – el mercado- de la vida política democrática, actividades, sujetos, derechos y propósitos.

“la ley y el razonamiento jurídico no solo dan forma a la economía, sino que economiza nuevas esferas y prácticas. En este modo, la ley es un medio para diseminar la racionalidad neoliberal más allá de la economía, incluyendo elementos constitutivos de la vida democrática”.[xxiii]

El poder fiscal, para su suceso, circula y funciona en red, en cadena, transversalmente. La disciplina de normalización inculca en los ciudadanos las premisas deseadas en sus intereses, deseos, satisfacciones. El poder tributario construye en los individuos los presupuestos de veredicción buscados: igualdad formal ante la ley, reparto de la carga tributaria, redistribución entre los ciudadanos de los recursos fiscales y esta construcción convierte a los ciudadanos en contribuyentes inertes, pasivos, efectos del poder, porque inicia en la propia persona, en el sexo, en la familia, en la educación, en el trabajo.

La prédica del poder es silenciosa, constante, perpetua y termina logrando la adhesión, desde la inevitabilidad (estado de excepción) y la ausencia de otras alternativas mejores. Es lo que hay. Todos estamos obligados. El dogma de la verdad falsificada se impone. La tecnología del poder liberal llega hasta los estratos más humildes de la población para ascender al consenso. Y lo hace a través de aparatos legales, administrativos, judiciales, de saber: codificación de conocimientos convencionales, técnicas de investigación y comprobación, inspección y registro. Es un saber inspirado en el dogma, porque forma parte del discurso de verdad.

“Existe un combate «por la verdad», o al menos «alrededor de la verdad» —una vez más entiéndase bien que por verdad no quiero decir «el conjunto de cosas verdaderas que hay que descubrir o hacer aceptar», sino «el conjunto de reglas según las cuales se discrimina lo verdadero de lo falso y se ligan a lo verdadero efectos políticos de poder»; se entiende asimismo que no se trata de un combate «en favor» de la verdad sino en torno al estatuto de verdad y al papel económico-político que juega”.[xxiv]

Si no se desmitifica la verdad, el poder es indestructible. Y el impuesto es un dispositivo de seguridad ineliminable de la verdad. ¿Por que? Porque se le adjudica un conjunto de saberes, de prácticas, de medidas, de instituciones cuyo fin es controlar y orientar en un sentido que se pretende exclusivo y único el comportamiento y los pensamientos del ciudadano contribuyente. Sirve para el gobierno de las conductas y las opiniones de las personas ante determinadas situaciones de vida cotidiana.

La desdemocratización encuentra en la política fiscal un importante estímulo. La soberanía de excepción, super-dispositivo de seguridad, consolida la creación de ciudadanos dóciles “pero libres que asumen su identidad y su “libertad” de sujetos en el proceso mismo de su sometimiento”.[xxv]

El impuesto es un dispositivo de seguridad (desdemocratizador) en el sentido exacto: un conjunto de reglas e instituciones que un poder externo impone a los individuos y que estos internalizan en un sistema de creencias e instituciones.  La maquina del sistema fiscal se alimenta a si misma sin necesidad de contar con la voluntad del poder asociado de los ciudadanos.

“Cuando el lenguaje antipolítico de gobernanza expresa e intencionalmente deviene la lengua franca del Estado, empresas, escuelas, asociaciones, de toda la empresa pública y privada, se convierte en una ciencia de gobierno”.[xxvi]

Políticamente, el Estado es socio del mercado y para la empresa. La ley no es fruto privilegiado de la mayoria representativa, sino un escudo contra la igualdad de hecho y la protección de la seguridad humana. La ética no tiene nada que ver con la justicia social, sino con la sacralidad de la libertad individual, aunque no se posea, ni se vaya a conseguir, no por otra razón, que por la incompetencia o discapacidad de sus destinatarios.

La democracia real como representación total del ciudadano colectivo no puede convertirse en aquello que Agamben distingue como mera técnica de administración que se guia por solos sondeos sobre las elecciones, la manipulación de la opinión pública, sobre la gestión de los medios de comunicación de masa.

“Diría que la democracia no es tanto un concepto genérico cuanto ambiguo. Hoy la democracia es una técnica del poder, una entre otras”.[xxvii]

La técnica de poder del gobierno y de la economía vacia la soberanía popular. El misterio central de la política es el gobierno, no es el rey sino el ministro, no es la ley sino la policía. El gobierno no es simplemente el poder ejecutivo, es mucho más: es el recambio del pueblo por una racionalidad de gubernamentabilidad económica discrecional y decisiva. Las dos racionalidades –la política constitutiva de representación- y las técnicas de gestión no están de consuno ni es posible articulación alguna.[xxviii]

El Estado dual policial, de seguridad es autosuficiente en la potencia ejercida sobre la biopolítica para sus fines. Es la esencia de la antipolítica neoliberal convertida en política. O sea, la biopolitica sin seres vivientes. Al final, la máquina del gobierno gira en el vacío.[xxix]

“En breve, en la medida que la razón neoliberal se convierte en dominante, el ataque a lo social -en su propia existencia y su apropiación como una provincia de la justicia- ha sido consecuente a otras facetas más familiares del neoliberalismo, v.g. antiestatismo, para construir el poder empresarial, legitimar la desigualdad y desatar un nuevo y deshinibido ataque sobre los miembros más vulnerables de la sociedad”.[xxx]

La consecuencia es la desubjetivación a la que no corresponde ninguna subjetivación real. (trabajador/empresario; hombre/mujer; pobre/rico; joven/viejo). Una sociedad disociada, dividual que no individual, dócil, bajo disciplina y sobre la cual el impuesto es un dispositivo de seguridad esencial de la máquina gubernamental.

Ahora el capitalismo de vigilancia clausura el círculo substituyendo la democracia por la realidad virtual, la información como instrumento maestro de control y vigilancia de la población. La biopolítica y el biopoder digital es una forma de autoridad algorítmica de influencia sobre el comportamiento de las personas, a partir de la recolección de los datos individuales. La desinformación y la manipulación tiene como único propósito la captura gratuita de los datos personales para la producción de productos predictivos, sin otra pretensión que el máximo beneficio de la creación digital de valor o el dominio público sobre las vidas privadas en cualquiera de sus aspectos.[xxxi]

La sociedad de control que substituye a la sociedad de disciplina normalizada (Deleuze); ahora es una ontología: ser significa estar controlado (Agamben). La digitalización convierte la profecía de la biopolítica en certidumbre. El algoritmo construye las categorías de la población conforme a los usos, hábitos, presunciones de comportamientos de los usuarios de internet, influyendo en sus decisiones y comportamientos como modo de control, público y privado.[xxxii]

 

4.La soberanía digital.

La soberanía digital es una expresión que usa el concepto de soberanía  de Schmitt, adaptado a nuestros dias: “soberano es aquel que dispone de la información en red”.[xxxiii]

La apropiación de los datos personales por las plataformas digitales es la fuente de rendimientos extraordinarios que a su turno generan más beneficios con su comercialización y coincide con la apropiación pública de los datos personales para su empleo político, militar, de seguridad.

La posesión de datos pasa a ser la materia prima principal de la red de información con la finalidad de acumulación económica y, asimismo, con la finalidad de fortalecimiento de los aparatos militares, policiales, judiciales, administrativos del sector público.

El algoritmo ejerce su autoridad ex facto ius oritur. Se trata de un factum adoptado y constituido como normativo, como verdadera norma jurídica, o sea, una fuente derecho-privatizada, porque los sofisticados algoritmos, las complejas machine learning y las operaciones de Data mining están en manos de pocas compañías privadas y del Estado dual.

La superley algorítmica es una fuente de derecho de facto, de derechos y obligaciones; de recompensas y sanciones. Una ley privatizada por la plataforma digital: Un mundo jurídico en si mismo (Santi Romano), con su territorio, población y espacio virtual. Es un poder soberano que reemplaza incontrolablemente el poder público y la ley formal.

La soberanía digital adopta la autoridad del algoritmo, el estado de excepción convertido en instrumento ordinario de gubernamentalidad.

La autoridad algorítmica es opaca y obscura, excluyendo cualquier transparencia de su contenido y consecuencias. Su pretensión es equiparar información con verdad, a la sombra de una inexistente imparcialidad y neutralidad y la subjetividad de las decisiones al servicio de poderosos agentes econòmicos privados y públicos.[xxxiv]

La información digital es destructiva y rompe la democracia. La democracia, dice Han, degenera en infocracia: la difusión viral de la información es, por definición, ajena a la verdad, circulan como datos y producen sus efectos en el mismo momento de su difusión, cualquiera sea su contenido y alcance, elaborada en espacios privados a otros espacios privados.[xxxv]

El dato personal trasciende el uso mercantil de mercado, para ascender al territorio comprometido de la vida civil y servir a la producción de la motivación, influencia, persuasión política desde el arbitrio del algoritmo.

La acción de información digital se convierte en desinformación, información que es falsa contextualmente y creada deliberadamente para manipular a personas, grupos, categorías, países. Lamentablemente, la potencia digital hace que la verdad llegue siempre tardìamente, despues que la manipulaciòn nociva ya tuviera su recompensa sin comprobación. El suceso de las noticias falsas (fake news) tiene su origen desde que nacen y su rectificación deja intacto los datos como-si-fueran-ciertos.

Han define como nuevo nihilismo la pérdida de la fe en la verdad. La información pierde la realidad y la verdad fáctica. Vivimos en un mundo des-hecho. El discurso degenera en información, comportando la crísis de la democracia. El diagnóstico de Han no toma en cuenta que esto viene pasando desde el comienzo de la autocracia liberal, el absolutismo jurídico, la formalización de la norma juridica desprendida de la efectividad substancia. de su aplicación y de los valores y principios supremos.

El divorcio entre la norma y el hecho, la desfacticización, ocurre desde la gubernamentalidad como poder de discurso y discurso de poder. Otro tanto sucede con la veredicción (truthiness). La veredicción del mercado, de la propiedad, de los contratos siempre fue una verdad percibida como subjetiva, no objetiva, ajena a los hechos de la realidad que la impugnaban e impugnan, parte esencial del dispositivo de seguridad impreso en la conducciòn neoliberal.

El nuevo nihilismo digital es una vuelta de tuerca para reforzar la autoridad social del algoritmo como verdad objetiva, imparcial y neutral. Esto es claramente falso. La inteligencia artificial es un producto humano plegado a la voluntad de dominio y sumisión propia de la gubernamentalidad histórica, plagado de subjetividad, de parcialidad y arbitrariedad. Todos los valores humanos son economizados y comercializados, lo cual es cierto, pero nada de esto identifica un nuevo nihilismo, algo que no estuviera ya presente.

El capitalismo de vigilancia, la tecnología de poder, su dispositivo de seguridad refuerza la lógica de maximización de beneficios por parte de las cadenas de creación de valor, digitales o no, y la comercialización, mediante productos predictivos, utilizando como materia prima la manipulación del comportamiento humano.

El propósito de la expansion de la información en red es la concentración de datos personales, la obtención de material prima gratuita en forma de más usuarios, porque es de ahí que deriva el excedente de comportamiento.[xxxvi]

El capitalismo de vigilancia, el momento actual de la gubernamentalidad, requiere el coraje de otra verdad, porque daña la dignidad humana y la democracia. Sería un error interpretar que la sociedad de vigilancia es ajena al diseño de verdad totalitaria. Es un nuevo desafio para la construcción de otra verdad.

Lo que está en juego es el principio dominante de orden social en una civilización de información y nuestros derechos como individuos y sociedades para responder a las preguntas ¿Quien conoce?, ¿Quien decide?, ¿Quien decide quien decide?[xxxvii]

Han identifica la digitalización como una crisis de la sociedad, que, efectivamente lo es; pero afirmando, simultáneamente, que “sin verdad, la sociedad se desintegra internamente”. No es que desaparezca la verdad dominante del relato y que la infocracia puede prescindir de la verdad. La infocracia, si se quiere, es un discurso integrado en el pensamiento de poder neoliberal, que lleva a su extremo una vocación autoritaria y antipolítica y contra la democracia. El verdadero efecto de la digitalización está ligado al reforzamiento de los efectos políticos de poder de la gran empresa, de la gran propiedad, del código del capital.

 

5.La desinformación y las noticias falsas.

La acción de información se convierte en desinformación, información que es falsa contextualmente y creada deliberadamente para crear daños a personas, grupos, categorías, países. Su contenido es apto para manipular el mercado o la política pública, en perjuicio del consumidor y del ciudadano. La desinformación se produce no solo en el mercado, sino también, en la esfera pública, afectando a las personas en sus opiniones generales de vida.

Lo interesante del concepto de desinformación es que se trata de un enunciado deliberadamente falso para hacer daño a terceros. La motivación es poner en circulación una cierta parte de verdad, sin admitir ninguna contradicción que la desmienta. Es una afirmación dogmática, un “mal uso de la verdad”, empleada para defenderse y contraatacar.

Su espacio es el reino autocrático de la economía mercantil elevado a un estatuto de soberanía irresponsable y el conjunto de las nuevas técnicas de gobierno que acompañan tal reino, sobre la entera vida social. (Debord).

El falso indiscutible ayuda a la desaparición de la opinión pública que en un primer tiempo fue incapaz de hacerse sentir y, a continuación, muy rápidamente también de formarse.

La  información falsa es a sabiendas compartida para causar daño:

-Falso contexto: el encabezamiento o titular discrepa con el contenido.

-Contenido manipulado: distorsión de la información genuina o imágen.

-Contenido  prefabricado: contenido completamente falso.

En suma, la desinformación es información que es falsa, y la persona que la disemina sabe que es falsa. Es una mentira deliberada e intencional y señala la desinformación activa de la gente por actores malévolos.[xxxviii]

Las noticias falsas (fake-news) son el resultado más conocido de la desinformación. Se trata de una información que es intencional y verdaderamente falsa y dirigida a engañar a sus destinatarios. Han asegura con mayor contundencia  que las fake-news no son mentiras, porque atacan la facticidad en sentido estricto. “Desfactizan la realidad” y la realidad de los hechos les es completamente ajena e indiferente.

“Las opiniones pueden ser muy diversas entre ellas, pero son legítimas “mientras respeten las verdades de hechos”. La libertad de opinión degenera en farsa cuando, en cambio, no preve ninguna referencia a hechos o verdades fácticas”.[xxxix]

El impuesto es un área extremadamente sensible a la desinformación y las noticias falsas. Por una parte, porque es un tema complejo, y los agentes de la complejidad (lobbies) tienen un especial propósito en abusar de un lenguaje técnico que separa en lugar de explicar, precisamente en defensa de sus intereses. Por otra parte, porque la complejidad fiscal integra el discurso de la verdad del poder.

La complicación del sistema deriva exclusivamente del lenguaje técnico y, por supuesto, sirve para alimentar la complejidad del poder y capital del campo fiscal para beneficio de sus principales actores. La repetición es obvia: el campo fiscal complejo deviene aun más complejo cuando sus resultados solo pueden ser comprendidos por los defensores de una determinada visión del mundo.

La justificación de la complicación no la convierte en comprensible y predecible, no sujeta a imprevistos. Es una forma de complejidad de los agentes de la complejidad fiscal que es comprensible, predecible y previsible para los que la imponen en el sistema.

Si se analizan las consecuencias resulta que la complicación compleja siempre crea situaciones de ventaja para los titulares del poder simbólico: corrupción institucional, evasión, elusión fiscal.[xl]

“…ellos están legitimados a sus rentas y privilegios, incluyendo la capacidad de influir sobre la política pública con su dinero. Los individuos en los paises democráticos pueden promover sus derechos con poder político y con poder financiero. Como Gaetano Mosca en el siglo 19 afirmaba: El poder politico produce riqueza y la riqueza produce poder politico”.[xli]

La interpretación, la cuantificación de la base, la documentación, la información contable, la planificación fiscal agresiva son todos ellos, en su conjunto, la complicación compleja del sistema fiscal por parte de los actores que imponen sus resultados coincidentes con su visión de mundo.

Se trata de conseguir el monopolio del lenguaje técnico y su arbitraria colocación como verdad universal, imparcial, neutral, de los temas que afronta, con total prescindencia de principios y valores que puedan contradecirlo o tergiversando la realidad de los hechos. Esta fuente de complicación compleja es la fuente de la desinformación. La tecnologia del poder en su expresión de disciplinas obligadas para todos.

“Su mecanismo y trabajo puede ser entendido por especialistas expertos que los han construido”.[xlii]

El campo fiscal es jurídicamente débil y complicado porque así se evita o diluye el cumplimiento, legal illegal o illegal legal, de los que no quieren hacerlo, basado en cimientos elusivos que favorecen la evasión.[xliii]

El núcleo es la defensa permanente de bajos impuestos y/o bajos tipos de gravamen que afecten privilegios; discriminaciones a favor de actividades determinadas: bancarias, financieras, aseguradoras, digitales; incremento de beneficios fiscales- exenciones, bonificaciones, reducciones- en la base imponible de los impuestos directos e indirectos; la creación de valor del impuesto impagado como fuente de renta mediante elusión, evasión, planificación fiscal agresiva.

 

6.Las noticias falsas fiscales.

La desinformación abona las noticias falsas fiscales bajo el diseño común de la inevitabilidad del sistema tributario tal como existe y su imposibilidad de cambio. La producción de enunciados como-si-fueran-verdad alimenta la fatalidad del impuesto sobre los sectores sociales desfavorecidos, alimentando su conformidad ante la única realidad posible. O sea, el sistema tributario regresivo.

Dice Debord: “Es nombrada (la desinformación) solo donde ocurre mantener, con intimidación, la pasividad. Donde la desinformación es nombrada no existe. Donde existe, no se la nombra”.[xliv]

La desinformación fiscal y las noticias falsas crecen geometricamente porque se desplazan rápidamente en la red social y su efecto es multiplicador en la  distorsión de la opinión pública y aprovechando su desconocimiento. El comportamiento del ciudadano aparece manipulado por condicionantes emocionales, la ignorancia, la sobreestimación o subestimación de la propia conducta y los prejuicios.

De esto aprende la manipulación digital del comportamiento para explotar en su provecho la fragilidad y vulnerabilidad del usuario o del ciudadano, sea con fines de lucro en el mercado o con fines de convicción y captación de voluntades en la acción política.

La manipulación fiscal comportamental es la capacidad de influir en las acciones de la gente intencionalmente que puede o no saber de su existencia y poseer o no la información para contrastarla.[xlv]

“Cuando se trata de historias fiscales mucha gente simplemente carece de conocimiento de los hechos o comprension de la ley fiscal para valorarla con atención”.[xlvi]

La soberanía digital actua antes que las campañas de publicidad, los lobbies, organizaciones fantasmas de apoyo o crítica a las propuestas de reforma, fortaleciendo la desinformación y la conservación del discurso de verdad.

“La desinformación fiscal es un viejo problema, pero las redes sociales exacerban los puntos de presión sobre la moral fiscal y desinformación pública sobre la política fiscal”.[xlvii]

La distribución de la carga tributaria es objeto de flagrante desinformación. Los impuestos, sean directos o indirectos, se configuran y se ajusta a los perfiles bajos-medios de la población.

El IRPF depende mayoritariamente de las rentas del trabajo personal. Así es la principal fuente de recaudación de entre todas las rentas sujetas; mientras que descuida las rentas del capital mobiliario, dividendos y las ganancias de capital o incrementos patrimoniales de los contribuyentes más ricos. La tutela fiscal se dirige a la empresa, los inversores, rentistas; mientras restringe la protección fiscal del trabajo y, en general, del capital humano.

El Impuesto sobre Sociedades, en la mayor parte de los Estados tiene una recaudación en descenso y las empresas obtienen generosas deducciones y subvenciones para pagar menos que el tipo de gravamen nominal. Al mismo tiempo evita gravar las superrentas (excess profits) que vienen de la oportunidad o de la situación de oligopolio (cadenas de valor digital, empresas quimico farmaceúticas, sistema financiero y asegurador).

El IVA tipo consumo, por definición es un impuesto regresivo que contribuye como el primer impuesto del sistema sobre los consumos de masa. Es un tributo basado en la deducción del IVA sobre las ventas del IVA sobre las compras, deducción impuesta de impuesto, que facilita su plena traslación al consumidor final, antes que el consumo como indicador de capacidad contributiva se hubiera verificado. Asimismo, no sujeta la actividad financiera y está condicionado por el fraude que lo hace más injusto.

La desinformación fiscal encubre que los contribuyentes de masa cuasiespontáneos, rentas medias y bajas, sean los sostenes del sistema tributario. La extracción de recursos públicos descarga sobre los sectores de menor capacidad contributiva. Las altas rentas están sobreprotegidas por los beneficios fiscales, deducciones, amortizaciones, bonificaciones, en sus bases imponibles en un marco de evasion y elusion fiscal que convierten en mínima su contribución al gasto público.

El impuesto es malo en si mismo y su única justificación consiste en evitarlo. El incumplimiento consentido por la ley ilegal pretende la eliminación del impuesto como coste y su conversión en fuente de renta, otra clase de renta derivada del aprovechamiento mediante técnicas apropiadas consentidas de reducción, minimización diferimiento.

Hay un prejuicio ideológico genérico en contra del impuesto. No importa si el impuesto es elevado o bajo; nuevo o antiguo. El mero reclamo o advertencia al impuesto despierta controversias y oposición. Es pura manipulación para preservar la inanidad del tributo ante el mercado y la parálisis pública ante demandas de justicia e igualdad. Es una estrategia bien diseñada que no se frena ante la crisis financiera ni ante la pandemia, recesión o digitalización. Es como si se viviera en una burbuja ideal sin tributo.

La noticia fiscal falsa tiene su apoyo en la sociología de la ignorancia. Es la falsificación de los hechos, de los argumentos, de los símbolos, del lenguaje con la clara finalidad de explotación de la ignorancia social.

El contribuyente medio es alejado de la comprensión por causa de códigos y leyes intencionalmente confusos, incomprensibles, mal redactados, todo cuanto es necesario para ocultar el propósito que persiguen los autores. Es una trama de complicaciones arbitrarias sobre materias frecuentemente idénticas con lenguaje oscuro, solo comprensible para los expertos que la escriben para el aprovechamiento de otros. Esto alcanza conceptos elementales de tipos de gravamen, como el tipo de gravamen marginal o los gastos deducibles y su valor e inclusive las obligaciones administrativas a su cargo.[xlviii]

El tax lawfare también existe.

La justicia tributaria y del gasto público sufren la prédica falsificada contra el impuesto (fake news) y la resistencia de la riqueza a cualquier hipótesis centrada de redistribución, sea mediante los lobbies, inversión política, descrédito mediático, de la función legislativa, de la desigualdad substantiva, o a través de arbitrariedad administrativa y judicial.

 

 

7.Lawfare. De la policía fiscal al derecho penal total.

El lawfare señala el uso o abuso de la ley para perseguir objetivos operativos en modo alternativo a la fuerza militar. Es uso de la la ley como un arma de guerra. El propósito consiste en debilitar o destruir al adversario contra el cual se dirige.[xlix]

La gubernamentalidad contempla el uso de la ley para asegurar sus objetivos, tanto la ley ilegal cuanto la ilegalidad legal.

“La ley no es un estado de paz; no es la carta otorgada por el nuevo soberano el dia de su victoria, sino la batalla perpetua: el ejercicio actual de unas estrategias”.[l]

El poder sería la guerra continuada por otros medios. Dice Foucault que el poder reinscribir la relación de fuerza del poder político mediante una guerra silenciosa en las instituciones, en las desigualdades económicas, en el lenguaje.

El lawfare es una variante de la gubernamentalidad, de la aplicación ilegal de derechos, fundada en la creación de la emergencia (la soberanía del estado de excepción) como arma de guerra. Su objetivo son las contraconductas sociales o sus representantivos, los enemigos declarados (terrorismo o criminales), o la población en general a través del miedo o la incertidumbre (pandemia).

“Se habla mucho del Estado de derecho desde cuando el estado moderno llamado democrático ha dejado de serlo. En diversos ámbitos se hacen las leyes precisamente para que sean vulneradas por aquellos que estan en condiciones de hacerlo”.[li]

El lawfare integra los dispositivos de seguridad de la gubernamentalidad y su racionalidad reposa en el valor de seguridad del Estado ante lo que se interpretan como amenazas políticas, sociales, económicas, de la guerra silenciosa. La seguridad aparece como respuesta a la emergencia, a la urgencia de las circunstancias y es consecuente con el Estado dual, de las prerrogativas del Estado administrativo y policial. 

“El uso de la potestad punitiva, procedimientos administrativos, estados de emergencia, ordenes y garantías para disciplina de los sujetos mediante la violencia real en base a su palabra soberana…”.[lii]

Foucault siempre tuvo una perspectiva beligerante sobre la ley. No es un instrumento sobre las partes, sino un elemento estratégico clave para el discurso de poder. La aplicación de la ley corresponde a la nobleza de Estado, administración y juristocracia, que puede llevarlos a ir más allá o contra el texto normativo.

“Como tales, los actos de lawfare doméstico pueden perturbar la norma legal en una sociedad y erosionar la legitimidad de los tribunales como árbitros”.[liii]

El núcleo es la soberanía de excepción   para reducir la población a la vida desnuda o eliminar aquella parte del enemigo que se entiende peligrosa o sediciosa, mediante la suspensión del derecho por la nobleza del Estado, administración y juez. Es una estrategia militar a través de la interrupción de ley, de la administración, del poder jurisdiccional.

La ley como objeto de agresión contra el enemigo interior o exterior es parte ordinaria de gobierno del Estado dual. Su vigencia obedecerá a los intereses e influencias de los que la aplican. El estado de excepción consiente la administrativización y judicialización de la oposición política, social, transformando las luchas políticas en cuestiones (aparentemente) legales.[liv]

“El lawfare se hace más visible cuando aquellos que “sirven” al Estado conjuran con las legalidades para actuar contra sus ciudadanos”.[lv]

La potestad punitiva es el instrumento principal del lawfare. No es equivocado recurrir a la definición de derecho penal total para su comprensión. La penalización de la policía fiscal administrativa trasciende hacia el derecho penal total y viceversa. La policía administrativa y jurisdiccional coinciden con el derecho penal omnicomprensivo: la renuncia a la legalidad, la hipertrofia administrativa y judicial, el abandono de los hechos y de las pruebas que los confirmen o desmientan, la sospecha en lugar de la verdad.

No hay lawfare sin arbitrio administrativo y juristocracia. El impuesto está directamente sometido al deber de colaboración de la policía fiscal administrativa y a las transformaciones má s amplias del derecho penal total.[lvi]

El derecho penal total, conforme a Sgubbi, implica que cada espacio de la vida individual y social es penetrado por la intervención punitiva que se insinua. Sus características son intrínsecas al derecho postmoderno.

Crísis de legalidad. La demarcación entre lícito e ilícito puede derivar de una circular administrativa, no de la ley o de la constitución.

Crísis de la intervención penal, mediante la suplencia judicial, que no democrática, con naturaleza de gobierno y administración inspirada en la oportunidad política. La juristocracia decide. El decisionismo judicial asume su máximo significado con las medidas cautelares, un verdadero acto de gobierno discrecional y contingente (soberano).

“Las normas penales asumen un papel inédito. son factores no de punición, sino de gobierno”.[lvii]

Crísis de soberanía. La decisión del juez y la administración a través el derecho penal, aunque se trate de órganos no electos, adquiere una latitud de potestad análoga al órgano político dotado de legitimación democrática.[lviii]

Crísis mediática y de redes sociales. Es inevitable la conexión entre lawfare y desinformación y noticias falsas. Las víctimas son condenadas por los medios y las redes sociales sin atender a la verdad de los hechos, a la facticidad de la realidad, a las pruebas y al cumplimiento de los derechos y garantías individuales prescriptos de antiguo.

Crísis de la verdad. La cultura penal se funda en la sospecha. El ciudadano está bajo sospecha y tratado como un súbdito. El poder público busca el control de cada momento de vida del ciudadano. El control permanente es substitutivo de cualquier ley.

“función atribuida, por ejemplo, a la Agencia tributaria con la facultad de controlar cada operación de ingreso o de egreso o de inversión cumplida por cualquiera”.[lix]

Crísis procesal mediante la creación del delito. El proceso crea el hecho-delito y la acusación construye la culpa. El proceso, entonces, sirve a consolidar la supremacía política, la gubernamentalidad y la educación y movilización de la colectividad mediante el miedo.[lx]

Sgubbi concluye con rotundidad que es inaceptable que alguno tome decisiones que producen consecuencias sobre sus propios intereses, sin responder.

“La autoridad debe estar exenta de un poder de incidencia sobre los otros; debe ser un servicio para los otros. De otra forma se identifica con una casta, en constante e inmanente sospecha de ilícito”.[lxi]

Lo que no es cierto en la obra del autor es que se trate de una consecuencia de la tiranía parlamentaria y que afecte la decisión de sujetos impuros, dotados de poder social y económico y proteja a los puros, a los sujetos más débiles y vulnerables.[lxii]

La lectura debe ser distinta: el derecho penal total del Estado dual, total, de medidas no tiene por fuente la legislatura, sino la soberanía de la administración y la juristocracia y sus víctimas no son los impuros fuertes, sino los puros frágiles. Aquí se refleja el castigo sin ley, sin verdad, sin culpa.

El derecho penal total equivale al gobierno a través de la pena, a la gubernamentalidad a través de la sanción, de los preceptos sin ley, a infundir temor y miedo ante las amenazas a la seguridad pretendida.[lxiii]

La violencia policial y judicial son el fundamento del lawfare en manos de actores hegemónicos para consolidar la razón de Estado a traves de la neutralización del enemigo a su través.

El derecho penal total de Sgubbi identifica, a la vez, la potestad administrativa tributaria sancionatoria. La obediencia que se busca es la del súbdito, que no del ciudadano constitucional: la aceptación de ordenes y reglas superiores, sin discusión, donde es responsable por lo que hace, por lo que se sospecha que puede hacer, por la intuición que finalmente lo hará. El derecho penal se encuentra con el derecho administrativo viciado por idénticas fracturas. Esto lleva a desdemocratización y mayor autoritarismo, totalitarismo invertido.

J.Simon aclara la diferencia entre gobernar el delito y gobernar a través del delito. Es otra aproximación al Estado total.

El análisis en los EEUU demuestra que el gobierno a través del delito, la gubernamentabilidad, está inspirada en la seguridad del Estado, lo cual supone un desplazamiento desde el Estado de bienestar a lo que el autor define como “Estado penal”.

El delito como pretexto para fortalecer los instrumentos de represión, de sanción y de encarcelamiento. El Estado penal, huelga decirlo, es el Estado dual, policial, administrativo, judicial.[lxiv]

El delito y lo que le rodea es estrategia gubernamental y la actividad criminal sirve a distintas motivaciones, frecuentemente contradictorias, v.g. aborto, para obtener consenso mayoritario. La sospecha criminal sale del Estado y entra en las escuelas, en los comportamientos adolescentes, en las clases medias, en las minorías raciales. Es una forma de gobierno dedicada a alimentar el miedo y el control. Es una racionalidad gubernamental. (Foucault).[lxv]

La guerra contra el crímen, como ocurriera en el Covid-19, y el terror, se resuelve en un ataque punitivo total de emergencia permanente contra aquellos individuos calificados como peligrosos y amenazantes para la seguridad del Estado. Un dispositivo de seguridad de la gubernamentalidad dominante. La actuación pública, apoyada en los medios y las redes sociales, cuenta con respaldo poco menos que absoluto y sin resistencias.

El lawfare es una especificación de gubernamentalidad a través del uso y abuso de la ley. El objeto por materia y los sujetos afectados no es restringido. Ahora, la seguridad abarca no solo la propia militar y policial del Estado, sino, tambien, la seguridad financiera, la seguridad política y social y la seguridad económica.

La violencia policial y judicial son el fundamento del lawfare en manos de actores hegemónicos para consolidar la razón de Estado a traves de la neutralización del enemigo a su través.

No es casual el uso masivo de sanciones y acciones legales de financial lawfare, tax lawfare, de corrupción, sea contra grupos terroristas, de criminalidad organizada, de representantes politicos, de organizaciones sociales. La defensa de la seguridad en sus más variados terminos y espacios obliga al poder público a la manufactura del consenso mediante el poder punitivo, que silencie su comportamiento excesivo y abusivo.

La necesidad y la urgencia lleva a la subversión, a la suspensión soberana de la ley para salvaguardar el Estado tal como está, cualesquiera que sean los medios que se utilicen para lograrlo, conforme a la racionalidad que le inspira.

La extensión geopolítica de la guerra financiera, financial warfare, las finanzas, el impuesto, la corrupción es epicentro de un lawfare originado desde los EEUU hacia otros Estados y desde otros Estados hacia los EEUU. La común inspiración, consiste en la utilización de acciones legales y de sanciones contra enemigos y sostenedores para garantizar la seguridad económica propia.

“Las sanciones económicas y la influencia financiera son ahora instrumentos de seguridad nacional a elegir cuando ni la diplomacia ni la fuerza militar es efectiva o posible. Este instrumento de razón de Estado es extremadamente importante para la coerción del comportamiento sobre redes privadas y estados peligrosos recalcitrantes que a menudo aparecen más allá del alcance del poder convencional del gobierno clásico”.[lxvi]

La reafirmación de los principios de EEUU desecha el proteccionismo a favor del sistema capitalista global y la liberalización del comercio multilateral. Esto supone reforzar las reglas de libre comercio, inversiones y normas contra el reciclaje de capital donde la China y Rusia pueden promover la corrupción en otros países. Ello incluye el fundamentalismo del mercado, de las empresas multinacionales, y de todos los agentes que le sirven, sobre todo, a las industrias extractivas y el sector de la energía, a las plataformas digitales.[lxvii]

“El lawfare es la guerra por otros medios para garantizar la libertad de los mercados y la naturalización de un sistema internacional asimétrico. Los casos muestran los actores e intereses vinculados a nivel local y transnacional, a través de una red institucional que permite la confluencia e implementación de objetivos políticos, económicos y geopolíticos muy concretos”.[lxviii]

El impuesto siempre ha estado sometido al tax lawfare geopolítico. El impuesto no deseado por parte del Estado de la fuente conjugaba medidas de represalia, de retorsión, por parte del Estado de residencia cuando afectaba a sus residentes, personas físicas o empresas. Las amenazas preceden a las sanciones, sea en contra de sentencias que lo perjudiquen o leyes que les graven. Las sanciones cubren todo el ámbito del mercado: créditos, inversiones, comercio.

La empresa multinacional, convencional o como plataforma digital, construye su estrategia en torno a la maximización de beneficios en todos y cada uno de los países. La eliminación de las trabas en el comercio multilateral y la aplicación de las nuevas tecnologías consienten un escenario de aprovechamiento que carece de limitaciones perceptibles, legales o fiscales.

El núcleo de la creación de valor fiscal reside en la planificación fiscal agresiva y, en particular, en la aplicación en el ámbito tributario de técnicas de arbitraje financiero. Y requiere la cooperación de la ley local, de los agentes de complejidad (lobbies), de la administración y juristocracia.

La creación de valor transcurre en el marco de la minimización del impuesto a través de esquemas dirigidos a su eliminación, diferimiento o anulación, para la obtención de ventajas indebidas que de otra forma no se conseguirían.

La renta fiscal es una fuente de creación de valor que deviene decisiva en la generación de rentas económicas y se deben a la estructura oligopólica de las organizaciones.

El valor fiscal sin actividad se confronta con el valor creado por actividad económica. Hay creación y captura de valor por actividad económica y hay creación y captura de valor sin actividad económica. La fuente de esta última es la planificación fiscal agresiva, como expresión de elusión fiscal internacional. Precisamente, el lawfare tutela y protege la creación de valor sin actividad económica.[lxix]

 

 8.Redemocratización.

El proceso de democratización está corroído por los fundamentos de desmocratización.

Por una parte, la creciente devaluación de la soberanía legislativa, la “tiranía de la mayoría”, y el aumento correlativo de la soberanía administrativa y judicial. Por otra, la supremacía del mercado y los agentes de la gran empresa y sus referentes académicos, profesionales, políticos, elites de complejidad. El discurso permea los poderes públicos, privados y alcanza la subversión totalitaria de verdad única en los dispositivos de seguridad, la tecnología del poder y la conducción social a distancia de la población.

Las contraconductas sociales padecen obstáculos permanentes y sistemáticos para impedir el disenso democrático, la ruptura discrepante del discurso único.

Wolin apela a la democracia fugitiva: la irrupción episódica de poder colectivo en el poder público, difícilmente institucionalizable, en el tiempo.[lxx]

(La) democracia es un proyecto que concierne a las potencialidades políticas de los ciudadanos ordinarios, eso es con sus posibilidades de devenir seres políticos a través del autodescubrimiento de preocupaciones comunes y los modos de acción para realizarlos”.[lxxi]

La democracia fugitiva es un momento único de redemocratización y requiere un instante de representación plena del individuo y la sociedad en las instituciones y de participación de todos con todo y en todo.

Las potencialidades democráticas están agostadas por la subordinación a las formas políticas de poder oculto o disimulado, que las encauzan y alimentan el miedo colectivo y la impotencia individual. El comportamiento de la ciudadanía aparece bajo vigilancia y control permanente y, simultáneamente, sus vidas acceden a posibilidades condicionadas por las amenazas y las recompensas; al futuro obediente de sus destinos o la exclusión.

La redemocratización elemental propone la necesidad de protección del trabajo cierto, la certidumbre de las pensiones justas, la prestación de asistencia sanitaria universal, de sistemas públicos y gratuitos de educación general, básica, superior, profesional, vivienda, medio ambiente, de seguridad personal y servicios sociales destinados a los más frágiles y vulnerables.

La desdemocratización se funda en el divorcio con las necesidades de vida de la población mediante la incertidumbre y la precariedad en evitación del disenso en las soluciones adoptadas. El consenso total dice la vocación totalitaria del discurso único.

La redemocratización es posible como otro discurso de verdad. Se trata de la ruptura de lo impolítico mediante la politización, el compromiso cívico de la población, precisamente, el disenso deliberativo. La democracia política, desde abajo, solicita la transgresión de los que aspiran a su autoayuda, derivada de preocupaciones concernidas por intereses comunes.

“La democracia desde arriba no se nutre de la represión activa sino de un electorado dividido que hace imposible la formación de una fuerte voluntad mayoritaria. Y mientras obstaculiza la creación de cualquier mayoría eficaz. Este electorado dividido acentúa el poder de los lobbies empresariales, de minorías ferozmente determinadas y bien financiadas que obran con independencia del resultado electoral”.[lxxii]

La economía fue el epítome del paso Estado soberano al arte de gobierno, de gubernamentalidad liberal, encubriendo la nueva dominación biopolítica bajo la pretensión de neutralidad en las opciones y elecciones. La maximización del beneficio privado tiene como contrapartida el empobrecimiento de los demás.

“Cuando la economía deviene política, ciudadano y comunidad se convierten en palabras subversivas de la nueva filosofía política. No es que el poder corrompa, sino que la política gestiona la corrupción del poder divorciándolo de su toma a tierra en una comunidad política”.[lxxiii]

La desdemocratización ampara la desigualdad de riqueza y renta, la defensa a ultranza de sus privilegios financieros y tributarios y la prioridad absoluta en el reparto del gasto público. Lo que no se puede para las personas, siempre es factible para los grupos dominantes de la política económica. Paradójicamente, a mas evidencia de los excesos que disfrutan, hay más reparo por parte de los desfavorecidos a la transgresión, al coraje de decir su otra verdad. La incertidumbre de lo que vendrá domina la aceptación de una verdad perjudicial y dañosa.

La desdemocratización consolida la posición dominante de las empresas sobre el Estado y la rendición del Estado dual, administrativo, a su voluntad, de la juristocracia a su discurso de verdad. La consecuencia es la desmovilización cívica.

La redemocratización exige un esfuerzo sobrehumano e indefinido de movilización cívica para inventar otra forma de vida en comunidad entre iguales, pero diversos.[lxxiv]

La verdad enunciada es adversaria de la libertad humana integral porque no encuadra el libre desarrollo de las fuerzas de la empresa y el mercado en la justa finalidad de trabajo y crecimiento humano para todos. La libertad económica se convierte en patente de corso de los más poderosos:

“cuando el hombre es considerado más como un productor o como un consumidor de bienes que como un sujeto que produce y consume para vivir, entonces pierde su necesaria relación con la persona humana y termina por alienarla y apresarla”.[lxxv]

El discurso público implica que el Estado recupere la capacidad de decir legítima y válida para todo el conjunto social.[lxxvi]

En la Doctrina Social de la Iglesia el principio de subsidiariedad se percibe como una “expresión de la inalienable libertad” de la dignidad de la persona. El derecho de los individuos de ser independientes de las elecciones y decisiones de otros, con facultad emancipadora de cualquier subordinación o dependencia. No se trata de subsidiar la existencia, sino la plena autorealización de los que no pueden valerse por si mismos, de los que carecen de igualdad de oportunidades.

La importancia de la subsidiariedad se confirma en la instrucción de la Congregación para la doctrina de la fe Libertatis conscientia de 1986 donde aparece la íntima relación con el principio de solidaridad, íntimamente ligado a la dignidad del hombre, de respeto por lo que hay de más humano en la organización social. Hay un claro cambio de orientación: ayuda dirigida antes a la persona, a la solidaridad entre la gente, que a la economía de mercado.

“La subsidiaridad respeta la dignidad de la persona, en la que ve un sujeto siempre capaz de dar algo a los otros. La subsidiaridad es ante todo una ayuda a la persona, a través de la autonomía de los cuerpos intermedios. Dicha ayuda se ofrece cuando la persona y los sujetos sociales no son capaces de valerse por sí mismos, implicando siempre una finalidad emancipadora, porque favorece la libertad y la participación a la hora de asumir responsabilidades”.[lxxvii]

La seguridad humana es el centro de las vidas humanas, cuya protección es indispensable para mejorar las libertades humanas y la realización de las personas. Libertad del miedo y libertad de las necesidades ante la desigualdad de hecho, enfermedades, pobreza, desastres naturales, violencia, abusos de derechos humanos. Todos tenemos el derecho a vivir libres del temor y de la miseria, disponer de igualdad de oportunidades y desarrollar nuestras capacidades.[lxxviii]

La economìa libre subsidiaria de la seguridad humana de las personas significa que la libertad patrimonial del individuo y la empresa deben estar puestas al servicio de las necesidades fundamentales de la sociedad y la propiedad privada socialmente encauzada. Es decir, una democracia plena y la protección pública contra la desigualdad de mercado y la competencia tóxica.

La politización democrática se contrapone a la economìzación, a la transformación cívica en pura racionalidad económica. El discurso vigente insiste en las ventajas que todos poseemos como agentes económicos, sea como consumidor, empresario, productor, que nos permite acceder a cualquier grado de disposición personal o familiar mejor, en la sociedad, cuando y como queramos. El mensaje es tremendamente efectivo, tanto como falso. Esto lo demuestra la confianza última de los menos favorecidos en el sistema de gubernamentalidad vigente, que los maltrata en sus mínimas condiciones de vida ìntima y social, sin oportunidad alguna de autorealización. La convicción del discurso no oculta el evidente secuestro de la verdad efectiva.

 

 

9.Democratización fiscal.

La maximización de la riqueza es el valor inspirador de la lógica del mercado y de abstención del Estado. La igualdad tiene la característica de una ambición meramente subjetiva que si no se logra es porque el que falla es el individuo. El ciudadano puede aspirar a la igualdad en el orden privado porque la ley lo provee, aunque el mercado no estè abierto a la espontánea libre iniciativa. La libre iniciativa está fuertemente subordinada a la herencia, la propiedad, la educación, el sexo, la raza, y la familia preexistente. Finalmente, si aún así, la búsqueda de igualdad mejora la situación previa; el mérito propio del individuo nace de la interrelación e interconexión social con los otros y, no menos, de la presencia pública que lo consiente y promueve.

Solidaridad y Estado son fundamentos de potencial igualdad de vocaciones, aunque el mercado lo desmienta. No hay igualdad individual realizable si no se cuenta con la contribución del medio social, de la historia familiar, y el soporte público beligerante. La sociedad de empresas encadena supremacia, absolutismo jurídico, individualismo y egoismo.

“La fiscalidad, expresion de los intereses de la burguesía con el mismo tìtulo que el código civil, el código penal, o la economia liberal, reforzaba los motores de su acción”.[lxxix]

La subordinación del Estado facilita la sumisión de la democracia al mercado y la corrupción institucional, con la idea de una democracia gestionada desde arriba, dominada por una elite al servicio de la empresa. La antidemocracia, la hegemonía del ejecutivo y el dominio de las elites son los elementos del totalitarismo invertido.[lxxx]

“Neoliberal political economy, with its underlying commitments to efficiency, neutrality, and antipolitics, helped animate, shape, and legitimate a twentieth-century consensus that erased power, encased the market, and reinscribed racialized, economic, and gendered inequities”.[lxxxi]

La consecuencia es la devastación de las instituciones públicas, del bien común, de los bienes públicos y de la actividad democrática. El poder de persuasion es su arma más potente y sirve para instaurar cualquier enunciado que convenga, aunque sea manifiestamente falso. La maduración política del poder económico y la desmovilización polìtica de la ciudadanía.

La actuación autónoma del Estado reivindica una cierta noción de soberanía democrática, que no totalitaria, por sobre las partes: la decisión última ineludible ante todo y todos inspirada en la convención suprema de la constitucionalización de la democracia efectiva para todos, más allá de libertad patrimonial, de su propiedad y riqueza singular de algunos.

El fundamentalismo del mercado encierra al mercado de las demandas de justicia y le oculta del análisis del poder. El arte de gobernar, la gubernamentalidad, no puede reducirse al solo modo neoliberal de su comprensión. No es menos cierto que tampoco puede restringirse al Estado de policía hiperadministrativo. El Estado que se describe tiene que tener en su núcleo la voluntad colectiva de la comunidad, adaptada a sus modos de actuación. El mercado no puede prevalecer por sobre la sociedad y las personas ni los impuestos o el gasto público son ámbitos exclusivos determinados por el sector público y la tecnocracia.

La economía política neoliberal es un riesgo para la democracia. No existe una realidad sin política, donde prevalece la libertad individual más completa y el gobierno es frugal y mínimo. La ausencia pública de protección ante los riesgos sistémicos locales y globales es un estìmulo para desmovilizar la ciudadanía, permitiendo la consolidación de la autocracia sin deberes y del absolutismo más cerrado.

La solución, como sostuvo Polanyi, no consiste en más mercado y menos democracia. Al contrario. El problema de la dominación de la sociedad por el mercado exige más democracia, más derechos, más Estado. La inclusión del mercado en los fines públicos, sociales, políticos y su conversión en bien público, que evite arbitrariedad en su práctica.[lxxxii]

La Síntesis del Siglo XX es el apogeo neoliberal. La supremacía del mercado y la subordinación necesaria de la política. Por un lado, la maximización de la riqueza y del poder de sus agentes económicos y la minimización de la distribución equitativa so pretexto de la eficiencia. Por otro, la subalternización sistemática de las instituciones públicas democráticas a la inconstancia de la forma legal, en particular, de la justicia y de la Administración. Finalmente, la igualdad formal resulta de un mercado de funcionamiento impecable, que es ciego a las diferencias de tratamiento social de los individuos en diferentes grupos.[lxxxiii]

La sociedad normalizada de mercado elude cualquier referencia comprometida a la justicia de sus resultados. Así se eleva sobre cualquier crítica que impugne su ineficiencia en la satisfacción de otras necesidades ajenas a la maximización de la riqueza, del poder económico centralizado de los oligopolios, de la competencia tóxica instalada en el sistema, de la corrupción institucional y de los facilitadores en las antecámaras del poder (lobbies).[lxxxiv]

La normalización de la sociedad, eje del discurso liberal, insiste en la neutralidad. Un mercado imparcial entre justos, cualquiera que sea el poder económico de cada uno; un Estado objetivo ante las diferencias que registra y ante las cuales reacciona siempre sin prevención alguna. La normalización pasa a ser sinónimo de neutralidad tributaria. El impuesto debe dejar a cada sujeto en la misma posición económica que lo encuentra. Esto implica que el adjetivo de neutralidad y normalización identifica el impuesto como aliado del código del capital: beneficia a los que lo poseen en la misma manera que perjudica a los que no lo poseen.

La igualdad formal ante la ley es una ficción de la igualdad substantiva, que el mercado deniega, porque deja a cada uno en su lugar de orígen, sin otra oportunidad que la de sobrevivir, al límite, con las apenas atendidas necesidades básicas insatisfechas. La igualdad ante la ley sirve contra la arbitrariedad del poder público contra los que más poseen.

La empresa, la propiedad privada y el contrato son cosas de interés privado, nunca de interés público. La igualdad solo atiene a los protagonistas del elitismo económico. La desigualdad de hecho es la regla para todos los demás: conservar al rico en su riqueza y al miserable en su miseria. El premio es para los sujetos social y económicamente fuertes, condenando a los más, a  la desigualdad de hecho, mediante abstracciones legales formales.[lxxxv]

Solo la élite es tenida en consideración. La eficiencia ilustra una ideología de élite como verdad: la autonomía del mercado no consigue su esplendor si no es con la desregulación de la libertad económica de los agentes económicos y la sumisión del poder público a los expertos, a su disciplina y la neutralidad del impuesto.

La maximización de la riqueza –la eficiencia- viene de los que disponen de la voluntad de pago, de su capacidad de disposición sobre bienes y servicios, prescindiendo de sus efectos de equidad o bienestar de los demás.[lxxxvi]

La eficiencia es una falsa premisa que consiste en dejar que prospere la maximización de la riqueza en el mercado como antecedente para su redistribución posterior en su caso para paliar las necesidades de todos los que no pueden o tienen capacidad de pago para conseguirla.

El mercado, se enuncia, pone a todos en su sitio y los que más ganan favorecen, aunque lo ignoren, a los que carecen de oportunidad no solo de enriquecerse, sino de supervivencia social. La mejor política de eficiencia de mercado estriba en la neutralidad o no interferencia pública en la maximización de la riqueza y la mejor política de redistribución a favor de los pobres son el impuesto sobre la renta y las subvenciones. Cualquier otra política redistributiva, mediante leyes mercantiles, o de propiedad, o públicas, por ejemplo, desde los ricos a los pobres distorsiona los incentivos para ganar dinero.

El papel del impuesto, válido en cualquier organización social, es neutro por definición e indiferente por vocación. Legítima lo existente y es incapaz en origen de obrar cambios de calidad en las relaciones de poder político en la sociedad, la ilusión financiera contamina su percepción; pero, el impuesto es fiel al ordenamiento político y jurídico constituido y es relativa, por no decir nula, su eficacia no solo como potencia constituyente, sino meramente redistributiva.

Desde el siglo XVII hasta ahora, la imposición directa culmina en la producción de una redistribución regresiva, sobre los trabajadores, consumidores, pequeños empresarios, propietarios, profesionales. La capacidad contributiva que se grava el evita el poder disposición sobre bienes y servicios de los más poderosos y la ley formaliza   la ley ilegal y la ilegalidad legal   de la elusión y evasión fiscal y la repercusión del impuesto sobre otros.

Las ilusiones financieras convierten la redistribución en un escamotage. La falsa representación de la renta o la riqueza sirve para asegurar la substracción desde los sectores dominantes a los sectores dominados mediante la normalización de la casi espontaneidad de todos en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. El concepto de A. Puviani permite comprender los mecanismos de cómo los que instalan el sistema tributario maximizan la extracción de renta de la gente, empleando procedimientos predatorios de engaño para conseguir el consentimiento de masa, que, al final, permite liberar a los más ricos de sus deberes. La verdad del discurso es impoluta, porque consigue la adhesión de los menos favorecidos en su contra.[lxxxvii]

 La redistribución fiscal, como experiencia compartida en la mayor parte de los países industrializados, va en la dirección opuesta de la justicia social: es un diseño de redistribución hacia arriba, vertical, deliberadamente dirigido a la tutela e inmunidad de los más favorecidos. Las fuentes de recursos tributarios se fijan sobre la recaudación de la renta y el patrimonio del trabajo, de la pequeña propiedad comercial, industrial, de servicios, el consumo de masas mientras que quedan intactas las rentas del capital financiero, dividendos, las superrentas de los oligopolios, las rentas de erosión de las cadenas de valor global.

El diseño fiscal redistributivo va hacia la intangibilidad e inmunidad de los núcleos económicos hegemónicos, v.g. empresas digitales o extractivas de recursos naturales y sistema financiero, bancario y asegurador.

El tributo podría ser, en condiciones políticas muy precisas y localizadas, el instrumento maestro de redistribución. Pero, no lo ha sido. Esto no equivale a una rendición ideológica, sino a una respuesta desde el ordenamiento jurídico que le prepare el camino para que pueda ocurrir en otro paradigma distinto. Esto pasa, a su vez, por la transformación democrática del Estado policial, de la acción administrativa y judicial, del código del capital.

El impuesto podría cumplir un claro propósito, a pacto que las decisiones políticas acompañen un fin de justicia social, de intervención del Estado autónomo de la corrupción institucional y, en suma, despegado de los intereses y preferencias de los poderes económicos que imponen su propia ley, pública y privada, desde el mercado.

Los principios de la capacidad contributiva, la igualdad y la progresividad, también, pueden actuarse desde otros ámbitos jurídicos junto con la imposición directa sobre la renta y la riqueza y la imposición selectiva sobre consumos suntuarios, nocivos o irrelevantes, y las fuentes de daño climático. No hay una justicia fiscal que sea independiente de la justicia civil, mercantil, de la propiedad industrial, del derecho del trabajo, del derecho penal.

Nada desmiente que el impuesto, en general, en cada una de nuestras sociedades, está dirigido, como el resto de la ley pública, a la eficiencia y a la maximización de la riqueza antes que a la distribución.

La ley tributaria esta viciada, desde su origen, de complejidad elusiva, evasiva y de planificación fiscal agresiva.

La progresividad nominal no se compadece con el pago efectivo. Y es un error entender que altos tipos de gravamen denuncian la progresividad, cuando el contribuyente goza de un margen de voluntad amplísimo para el aprovechamiento de las deducciones, reducciones, bonificaciones, exenciones, amortizaciones aceleradas, pérdidas, gastos, con lo cual logra una cuota mínima sobre la cual el gravamen es insignificante.

Tampoco es cierto que la ley tributaria trata diversamente a los contribuyentes en base a sus circunstancias económicas. No es correcta la afirmación si con ello pretende afirmarse que el impuesto obedece al principio de capacidad contributiva. El impuesto directo es neutral e imparcial ante las diferencias económicas: la verdad es lo contrario. El que más renta o riqueza posee tributa menos que el que menos posee.[lxxxviii]

Afirma D. Baker: “The richest 1% have done extraordinarily well over the last four decades. But income has stagnated for the majority. This was not an accident. It was by design…deliberately structured to redistribute income upwards. But changing the rules does not mean using government intervention to curb the market. It means restructuring the market to produce different outcomes”.[lxxxix]

La reestructuración del mercado no es sino otra forma de empresarialidad, que aspire al beneficio, a la ganancia de la innovación tecnológica de los pequeños y medianos, en respeto de las otras libertades, del trabajador, del consumidor, de la competencia leal emergente, de la protección medioambiental. Una responsabilidad corporativa por el privilegio de desarrollar la libertad de iniciativa económica.

El privilegio se traduce en una manifestación de capacidad contributiva: el empresario gana con la creación de una organización que usa y disfruta de las infraestructuras colectivas y de la formación pública – educación, salud- del trabajo y servicios y de las ayudas públicas, subvenciones y gastos de investigación del Estado.

Los impuestos directos sobre la renta de las personas físicas y de sociedades no expresan ninguna particular intención progresiva. Los primeros están soportados por las rentas del trabajo, de servicios o de vivienda y los segundos por las pequeñas y medianas empresas. Las rentas de capital, las ganancias de capital y los beneficios excesivos de la empresa y de la propiedad están virtualmente protegidos de la carga tributaria, facilitados por la elusión legal, la evasión, la repercusión y la traslación.

La imposición indirecta, en particular el IVA tipo consumo, es la primera fuente de la recaudación en los Estados de la Unión Europea y su estructura descansa en el consumo mediante la deducción impuesto de impuesto que facilita la repercusión del impuesto a lo largo del circuito económico, hasta el consumo final. Es el ejemplo más destacado de un impuesto regresivo al amparo de un culto al mercado, a la eficiencia, a la maximización de la riqueza, perforado por fraudes históricos y repentinos y que, verosímilmente, vulnera el principio de capacidad contributiva: la deuda tributaria no surge sino en el momento del consumo final por lo que técnicamente no puede surgir deuda alguna –en la cadena de sustitutos y sustituidos- antes que se verifique.[xc]

La conexión ingreso-gasto público hace que sean los más castigados por el impuesto los que financian sus propias necesidades mínimas y, peor aún, las fuentes de rentas excesivas de los que no pagan o pagan menos que lo que deberían.

Esto se hace evidente en materia de pensiones jubilatorias donde la ratio propondría que su financiación fuera a través de imposición sobre la renta progresiva de los perceptores, preservando los derechos de las rentas bajas o medias. En cambio, el mantenimiento de las pensiones, pese a los derechos adquiridos previamente por las aportaciones previas de los pensionistas a lo largo de su vida, se plantea a través de imposición regresiva sobre los jóvenes y la población envejecida, para obtener recursos suficientes para afrontarla.

No es difìcil concluir que esa construcción conduce a mayor desigualdad y desventajas de los futuros pensionistas y de los jóvenes. La intención debería ser, precisamente, la opuesta: más recursos de los que más pueden y reconocimiento de la contribución del capital humano amortizado y contribución directa de los jóvenes a partir de la renta que obtienen. La pensión es un derecho legítimo del ciudadano antes que una concesión graciosa.[xci]

Es necesario otro discurso, otra narrativa.

Uno de los argumentos es que el individuo confie antes en su ahorro privado para acceder a la atención sanitaria, educación, pensión y menos en la protección pública, cuando objetivamente su situación económica es de precariedad y aunque lo quiera no puede alcanzarlo. La culpa es suya.

Ese otro impuesto que se pretende recaudador debe estar junto a la predistribución y redistributivo en sus elementos substantivos –el hecho imponible, la base imponible, los sujetos pasivos, los beneficios fiscales, cuota, deuda. Y una orientación general del ordenamiento jurídico en el mismo sentido. La ley substancial y formal fiscal, administrativa, mercantil, civil, penal, no debe dejar espacio a la deslegalización tecnocrática, administrativa o judicial.

“… we need a different tax story that makes public support for the economic and social well-being of the vast majority of citizens the benchmark for reasonable and responsible tax policy, not a presumptively unproductive “distortion”.[xcii]

 

10.La formación del Estado, el crédito y el impuesto.

El Estado occidental conforme a N. Elias nace por la guerra y para los impuestos. El monopolio militar y el monopolio fiscal están concentrados en una autoriad central. El flujo de ingresos fiscales sostiene el monopolio militar y, a la inversa, este mantiene el monopolio fiscal. Son las dos caras de la soberanía del naciente Estado.[xciii]

La guerra y la seguridad hizo al Estado administrativo y viceversa. La construcción del Estado de policia supone mecanismos de extracción de impuestos, mecanismos de protección de las agresiones de fuera y las revueltas internas y una posición (absolutista) de arbitraje entre los diferentes grupos sociales presentes, sea durante su inicio cuanto en la autocracia liberal. M. Foucault desvela la arquitectura del poder social externo y distinto al poder público. No todo el poder reside en el Estado ni tanto menos agota su dimension política y social. La gubernamentalidad despliega y alienta el poder en la sociedad, lo normaliza.

La guerra requiere recursos, administración y polìtica de consenso o represión. La formación del Estado navega entre dos aguas: generación de capital para su crecimiento y sostenibilidad y consenso para conseguirlo. Si no lo logra apela a la represión o coerción, sea penal, tributaria, confiscatoria, expropiatoria.

La apelación primitiva del Estado de policìa infunde la coerción como elemento determinante del absolutismo jurìdico.  Ch. Tilly sostiene que la coerción es un factor aleatorio cuando el Estado renuncia o no puede conseguir el consenso, la convicción o persuasión porque carece de capacidad de acumulación y gestión del capital público y la obtenciòn de fondos para la deuda pública.

El primer Estado necesita del crédito para la guerra, ademàs, del impuesto. Ordinariamente, no fueron suficientes los ingresos tributarios para afrontar el gasto militar. El dinero viene dilatando los pagos a los acreedores, forzando préstamos o endeudándose con los bancos comerciales a cambio de intereses sobre los ingresos tributarios futuros.

“Un estado que se endeuda rápidamente puede movilizarse antes que sus enemigos y así aumentar sus oportunidades de victoria bélica”.[xciv]

La presencia de los capitalistas como prestamistas implica que el Estado estará en condiciones de devolver el dinero con intereses. Aún más, organizan y sostienen la deuda pública.

Peel reintroduce en 1842 el income tax sistema tributario ingles y lo hace por la propia emergencia del Estado frente a sus acreedores internos. Se necesitaban ingresos para cubrir los intereses de la deuda pública de la posguerra napoleónica y pagar así a los poseedores de valores.

La demanda de dinero a los particulares cambia la sustancia de la formación del Estado porque da orígen a un lazo de dependencia que le condiciona cualquier otro instrumento económico que aspire a utilizar.

El gobierno comparte su soberanìa monetaria con empresarios prestamistas y les paga por el privilegio de participar. En los años sucesivos los bancos comerciales operan sobre los préstamos y expanden la oferta de moneda: obtienen un beneficio de un bien escaso que es producido porque poseen la licencia para emitir dinero a crédito. La producción de dinero por la banca comercial deviene un método principal para la venta de moneda a la gente para su uso particular.

“En el futuro, acreedores y contribuyentes chocaràn sobre la estructura del sistema, incluyendo los objetos adecuados del gasto publico, las prioridades de los reclamantes y los contribuyentes y la dinámica de un sistema construido sobre la deuda pública… No podemos analizar el sistema moderno imaginando el dinero como un duplicado de valor. Debemos mirar el diseño de moneda, decodificando nuestra propia ingenieria para entender una economía polìtica que trae al mismo tiempo gran riqueza y creciente desigualdad”.[xcv]

El diseño cambia la naturaleza de la deuda pública porque su sostenibilidad entre los acreedores depende de los ingresos tributarios suficientes para amortizarla.

El Estado crea la deuda, y pone a disposición su monopolio de emision de dinero para que la presencia retribuida de inversores, banca comercial, obtengan su beneficio del crédito al Estado y a los particulares. El sistema bancario crea dinero a partir del crédito que dispone gracias al Estado y que multiplica como crédito de uso a particulares.

Desan afirma: El mercado no es un foro de preexistentes experiencias. Preferentemente, es el proceso por el cual las comunidades hacen dinero y lo ponen en circulación como crédito que modela que las decisiones económicas ocurran. La moneda es un medio de crédito. Los gobiernos y banca comercial coordinan la producción de crédito monetario y crean la medida y el medio en orden para gastar o prestar a partes específicas”.[xcvi]

El dinero no es neutral, es un medio de crédito publico para satisfacer necesidades públicas e intercambio de bienes y servicios en el mercado. Las preferencias que el sistema financiero exhibe en la concesión de dinero, crédito público, refleja el acceso diferenciado a la moneda, entre los que pueden y los que no. Los mercados financieros no actuan con igualdad y su dinámica en unidades de cuenta, determinan la riqueza material, el privilegio, la visibilidad de algunos beneficiarios respecto a la comunidad en general.

La moneda es asignada y entra en circulación en favor de participantes particulares, afectando el intercambio que sigue y que supone que los individuos no estarán situados, como sostiene la economía neoliberal, en posición de igualdad en el proceso de generación de precios. Los bancos comerciales crean moneda conforme a sus prioridades y afecta el modo en que se practica el crédito privado y a quienes. Es una forma de afectar los precios que se establecen. Tener o no tener acceso al dinero como medio de crédito público. Desan ilustra sobradamente que el dinero, desde la soberanía monetaria del Estado, provee la infraestructura de liquidez de la cual depende el intercambio de mercado.

“Si es así el dinero por definición entra selectivamente en circulación, gasto o préstamo a ciertas manos. Los mercados se basan en un recurso de medida, moneda, que es asignado desigualmente entre los participantes”.[xcvii]

La deuda pública funciona como un instrumento de refuerzo de la posición de los acreedores privados. Es un medio de control adicional de la actividad del Estado.Sin crédito, aumentan las posibilidades de control de las políticas públicas autónomas.

El acceso al dinero público, su producción y distribución a favor del sistema bancario y financiero privado se reparte desigualmente y al mismo tiempo incrementa la dependencia financiera del Estado ante el mercado para sus obligaciones financieras. Mas deuda, menos autonomía de la política pública. Al límite, es el Estado el que debe acudir, como ocurrió en la crisis financiera de 2008, al rescate de la especulación bancaria y financiera privada.

“Si la economía de la ley fiscal define el “bienestar social” en términos separados de las cualidades democráticas y (des)igualdades del poder público y privado, entonces la ley fiscal arrastra la economía política contra la igualdad, democracia, y justicia y quizás la supervivencia humana”.[xcviii]

 

11.El impuesto sin contraprestación o contra prestación.

No es correcto definir la imposiciòn como la obligaciòn de contribuir con dinero o bienes al Estado a cambio de nada en particular, sin contraprestación.[xcix]

Tilly escribe que los contribuyentes en general no reciben nada a cambio o pequeñas compensaciones de bienes colectivos. Y se pregunta ¿Por que deberìan contribuir?. Y explica que la reticencia al pago del impuesto inicia ciclos de intervención, resistencia, represión y negociación. El Estado, en suma, combina la represión con la negociación. A largo plazo, la democratización ocurre cuando el Estado se basa en la confianza de los ciudadanos para conseguir los recursos tributarios, caso contrario, se produce la desdemocratización.[c]

“In this way, levels of protection and/or coercion defined the degree of evolution of this political configuration. States shifted from coercion to the search for consensus, and from repression to proposing and ensuring protection”.[ci]

La soberanía de excepción impide que la gubernamentalidad se oriente a la democracia efectiva y el Estado claudica ante los centros autónomos de poder. Pero consiente la sospecha que el Estado de policia puede reformularse democraticamente si: es apto para integrar las redes de confianza que le son ajenas de las que lo aprisionan; combatir las desigualdades categóricas y reducir los privilegios injustificados y reconocer la influencia social de centros de poder distintos del poder público y de los poderes privados hasta entonces dominantes.[cii]

La lógica neoliberal anula la obligación pública de provisión de bienes públicos porque, en el fondo, el impuesto se representa como un precio a pagar por los servicios que presta el Estado en funciones, una macrotasa por lo que hace. El criterio de capacidad contributiva desaparece como modo de reparto de la carga tributaria y el uso y disfrute de los bienes públicos esenciales recaerán sobre aquellos que más lo requieren, liberando a los que son titulares de un poder superior de disposición de bienes y servicios, que gozan de alternativas en el mercado para su provision (salud, educación, trabajo, pensiones). El empobrecimiento fiscal significa que los menos favorecidos deben pagar el precio de los servicios de sus necesidades esenciales.

El deber de contribuir está vinculada a las ventajas que el ciudadano se procura de su pertenencia a la colectividad, directa o indirectamente, por medio de bienes y servicios públicos que utiliza – bienes públicos-, que le permiten vivir o actuar en un territorio. El origen del impuesto es la pertenencia económica, social o política al Estado. La causa jurídica y moral es la participación del ciudadano en los beneficios generales, particulares y su capacidad contributiva para contribuir a la vida colectiva.[ciii]

El tributo no es fruto exclusivo del poder de imperio del Estado y de la coerción; si no un medio de reparto social en base a la capacidad contributiva, asumida como indicador de las ventajas generales y particulares de su pertenencia al ámbito social ordenado. El pago del impuesto obedece a una regla ética y moral, antes que jurídica y su causa es el beneficio que obtiene el contribuyente por razón de su pertenencia social, económica, política y las ventajas que augura, ello le supone.

La veridicción pública vigila la contaminación del Estado por los intereses particulares que distorsionan los propósitos generales mediante influencias desviadas sobre las instituciones (corrupción institucional, razonabilidad administrativa). De ahí la importancia de eliminar de las redes de verdad a los que obstan a la acción pública.[civ]

El Estado de policía, total, dual dejaría de serlo por obra de la democratización de sus estructuras, comportamientos, decisiones. No es (solo) la coerción la que funda el respeto social, si no concurre, simultáneamente, finalidad de igualdad, ajena a la dominancia de los centros privados de poder.

El Estado asume la defensa de la protección y seguridad humana de los ciudadanos a través de la provision de bienes públicos y atiende su consulta participativa en las decisiones porque así lo exige la emergencia de la sociedad civil y las formaciones intermedias. El interés público es menos que el interés general y el interés particular del ciudadano no es menos que el interés público.

E.Kleinbard  alienta el paso desde los impuestos progresivos a un sistema fiscal progresivo. Es esencial porque acentúa que el punto del sistema no son los recursos tributarios, sino la provision de bienes públicos, colectivos, comunes. Es la conexión ingreso-gasto público la que marca la diferencia.[cv]

El Estado no ofrece solo la solución a problemas de convivencia social o económica mediante la creación de ventajas, sino, la exigencia de resolución de las desventajas, sin otra contrapartida que los fines generales que persigue (debe perseguir).[cvi]

Por tanto,las ventajas y desventajas del gasto público,el bien y el mal colectivo, no están divorciados de la capacidad contributiva. En linea de principio, la capacidad contributiva sobre la riqueza real o potencial alude a cualquier manifestación de disfrute, goce o uso de bien colectivo que pueda legitimar el justo tributo en la contribución al gasto público. Cualquier forma de  capacidad contributiva que pueda justificarse de cara al poder de disposición sobre bienes y servicios (renta, patrimonio, consumo), poder de mando en la sociedad (superrentas o beneficios excesivos) o capacidad contributiva no de mercado (el cambio climático).

La democracia fiscal implica la movilización política cívica y su participación transparente en la gestión y control de los recursos públicos. El trazado no es lineal, porque no hay Estado administrativo, desde el menos apto hasta el mayor, que renuncie espontáneamente a sus monopolios de fuerza y de impuestos. La razón fiscal no puede ser supremacía inexplicada, porque arruina la vocación democrática del Estado y lo reduce a autocracia policial totalitaria.

La democracia fiscal pone en evidencia los obstáculos de la democratización, en cualquiera de los elementos señalados por Tilly.

La soberanía de excepción impide que la gubernamentalidad se oriente a la democracia efectiva. Pero consiente la sospecha que el Estado de policia puede reformularse democraticamente si: es apto para integrar las redes de confianza que le son ajenas de las que lo aprisionan; combatir las desigualdades categóricas y reducir los privilegios injustificados y reconocer la influencia social de centros de poder distintos del poder publico y de los poderes privados hasta entonces dominantes.[cvii]

El impuesto traduce el deber de solidaridad social. El fundamento es que un bienestar compartido requiere las ventajas futuras para todos que supere el momento de la ética individualista. El sacrificio actual se puede aceptar como el precio de una convivencia que proporcionará más beneficios que los que pueden “derivar de comportamientos cerrados en el breve arco del interés individualista”.[cviii]

La encrucijada individual está entre decisión totalitaria o decisión democratica del Estado. La libertad individual real y efectiva solo puede alcanzarse si se recupera la democracia plena de las instituciones pùblicas, de la gubernamentalidad y de la soberanía democrática.

El fundamento es un programa mínimo y ambicioso de igualdad básica entre las personas y de complemento recíproco con las instituciones del país en el que habitan. De cada uno según sus necesidades; a cada uno según su capacidad. De cada Estado según sus capacidades; a cada uno según su necesidad.

En suma, un discurso polìtico económico que, respetando las libertades fundamentales, debe partir de enunciados diferentes:

el establecimiento de los impuestos directos e indirectos justos y reparto efectivo de la carga tributaria.

la progresividad del sistema tributario en conexión con la producción de bienes públicos dirigidos a la satisfacción de las necesidades sociales y de la solución de las crísis sistémicas.

la protección y seguridad social interna de las personas y de agresiones externas.

el arbitraje público, como tercero, de las tensiones y conflictos entre grupos sociales.

la redistribución de la riqueza y la renta que permitan superar las desigualdades de hecho entre las personas, por razones económicas, de género, de raza, de origen, mediante el complejo de las normas jurídicas, sean o no tributarias, sean o no de derecho público o privado.

la intervención reguladora antitrust de la competencia tóxica de los oligopolios, control de los mercados que afectan los recursos humanos, v.g., el derecho a la intimidad de la población frente a la vigilancia digital.

la tutela de salud colectiva de las rentas excesivas de las empresas químico farmaceúticas, de las plataformas digitales, de las empresas multinacionales.

la lucha contra el cambio climático estimulado por los monopolios petroliferos, del gas, del carbón.

la protección de las contribuciones de la naturaleza a la persona, abióticos y bióticos.

la recuperación por la financialización de la deuda pública, directa o indirecta, de la economía, en poder del sistema bancario privado y su conmixtion con la tecnología financiera digital.

la reforma de los instrumentos maestros de desdemocratización de la tecnocracia y de la antipolítica administrativa y judicial.

la promoción de la economía cooperativa, asociativa y de ayuda mutua y de la economia familiar.

la reforma del código del capital –código civil, mercantil, penal, administrativo-conforme a la transformación de la gubernamentabilidad democrática.

 

Conclusiones. 

Un régimen es democrático cuando las relaciones políticas entre el Estado y los ciudadanos supone dimensiones de inclusión de los derechos de la mayoría; de igualdad de trato; de protección política; de consulta mutua obligatoria. La democracia no es una foto fija. Hay factores que coadyuvan la democratización y otros que llevan a la desdemocratización. Estos, según Tilly, tienen que ver con las redes de confianza social, que obran en favor o en contra de la democratización, según su aislamiento o compromiso cívico colectivo; la reticencia del Estado frente a las desigualdades categóricas mediante su neutralidad y complacencia; el poder desmesurado de centros autónomos económicos que condicionan las políticas públicas. 

El impuesto traduce el deber de solidaridad social. El fundamento es que un bienestar compartido requiere las ventajas futuras para todos que supere el momento de la ética individualista. La subordinación del Estado facilita la sumisión de la democracia al mercado y la corrupción institucional, con la idea de una democracia gestionada desde arriba,dominada por una elite al servicio de la empresa. La antidemocracia, la hegemonía del ejecutivo y el dominio de las elites son los elementos del totalitarismo invertido. La soberanía difusa del estado de excepción, convertida en ordinaria, y el sistema fiscal regresivo  son puntos de actividades, lugares desde donde se dominan la insularidad democrática de las políticas públicas y condicionan severamente la participación cívica en las decisiones políticas que le atañen. El Estado dual es desdemocratizador en su definición: soberanìa administrativa y soberanìa judicial. La desdemocratización es el efecto del fundamentalismo del mercado y de la captura del poder simbólico del Estado administrativo y judicial basado en una moral destructiva de la autonomía de la voluntad de la sociedad.

El impuesto alimenta el proceso de desdemocratización en la genesis del poder tributario y en su empleo, como dispositivo máximo de Seguridad del sistema.

La soberanía digital agrava la democracia y la igualdad. La apropiación de los datos personales por las plataformas digitales  es la fuente de rendimientos extraordinarios que a su turno generan más beneficios con su comercialización y coincide con  la apropiación pública de los datos personales para su empleo político, militar, de seguridad. La posesión de datos pasa a ser la materia prima principal de la red de información con la finalidad de acumulación económica y, asimismo, con la finalidad de fortalecimiento de los aparatos militares, policiales, judiciales, administrativos del sector público. La soberanía digital adopta la autoridad del algoritmo, el estado de excepción convertido en instrumento ordinario de gubernamentalidad. La información digital es destructiva y rompe la democracia. La democracia, dice Han, degenera en infocracia. La acción de información se convierte en desinformación, información que es falsa contextualmente y creada deliberadamente para crear daños a personas, grupos, categorías, países. La desinformación se produce no solo en el mercado, sino, también, en la esfera pública, afectando a las personas en sus opciones generales de vida. Las noticias falsas (fake-news) son el resultado más conocido de la desinformación. El impuesto es un àrea extremadamente sensible a la desinformación y las noticias falsas.Por una parte, porque es un tema complejo, y los agentes de la complejidad (lobbies) tienen un especial propósito en abusar del monopolio del  y que se pregona como verdad universal. lenguaje técnico que separa en lugar de explicar, precisamente en defensa de sus intereses. Por otra parte, porque la complejidad fiscal integra el discurso de la verdad del poder. Esta fuente de complicación compleja es la fuente de la desinformación. El núcleo es la defensa permanente de bajos impuestos y/o bajos tipos de gravamen que afecten sus privilegios; discriminaciones a favor de actividades determinadas: bancarias, financieras, aseguradoras, digitales; incremento de beneficios fiscales- exenciones, bonificaciones, reducciones- en la base imponible de los impuestos directos e indirectos; la creación de valor del impuesto impagado como fuente de renta  mediante los supuestos  de elusión, evasión, planificación fiscal agresiva. La desinformación abona las noticias falsas fiscales bajo el diseño común de la inevitabilidad del sistema tributario tal como existe y su imposibilidad de cambio. O sea, el sistema tributario regresivo. Hay un prejuicio ideológico genérico en contra del impuesto. No importa si el impuesto es elevado o bajo; nuevo o antiguo. El tax lawfare también existe. La ley  como objeto de agresión contra el enemigo interior o exterior es parte ordinaria de gobierno del Estado dual. Su vigencia obedecerá a los intereses e influencias de los que la aplican. El estado de excepción consiente la administrativización y judicialización de la oposición política, social, transformando las luchas políticas en cuestiones (aparentemente) legales. La potestad punitiva es el instrumento principal del lawfare. No es equivocado recurrir a la definición de  derecho penal total para su comprensión. La policía administrativa y jurisdiccional coinciden con el derecho penal omnicomprensivo, la renuncia a la legalidad, la  hipertrofia administrativa y judicial,el abandono de los hechos y de las pruebas, de la verdad. No hay lawfare sin arbitrio administrativo y juristocracia. El impuesto está directamente sometido al deber de colaboración de  la policía fiscal administrativa y a las transformaciones más amplias del derecho penal total. El impuesto siempre ha estado sometido al  tax lawfare geopolítico. El impuesto no deseado por parte del Estado de la fuente conjugaba medidas de represalia, de retorsión, por parte del Estado de residencia cuando afectaba a sus residentes, personas físicas o empresas. Las amenazas preceden a las sanciones, sea en contra de sentencias que lo perjudiquen o leyes que les graven. Las sanciones cubren todo el ámbito del mercado: créditos, inversiones, comercio. Precisamente, el lawfare tutela y protege la creación de valor sin actividad económica de las empresas multinacionales, renta de erosión de la planificación fiscal agresiva, de la elusión fiscal internacional. La normalización de la sociedad insiste en la neutralidad. Un mercado imparcial entre justos, cualquiera que sea el poder económico de cada uno; un Estado objetivo ante las diferencias que registra y ante las cuales reacciona siempre  sin prevención alguna. El impuesto debe dejar a cada sujeto en la misma posición economica que lo encuentra. Esto implica que el adjetivo de neutralidad y normalización identifica el impuesto como aliado del código del capital: beneficia a los que lo poseen en la misma manera que perjudica a los que no lo poseen. La normalización no es neutral. La predistribución y redistribución de la renta y de la riqueza no es objeto del impuesto,depende de todo el corpus iuris, público y privado. Por eso, cuando se defiende la redistribución solo a través del impuesto se  justifica una redistribución imposible: la inanidad de la redistribución de la renta y la riqueza mediante el tributo. El impuesto podría cumplir un claro propósito, a pacto que las decisiones políticas acompañen un fin de justicia social, de intervención del Estado autónomo de la corrupción institucional y, en suma, despegado de los intereses y preferencias de los poderes  que imponen  su propia ley, pública y privada, desde el mercado. La ley tributaria esta viciada,desde su origen, de  complejidad elusiva, evasiva y de planificación fiscal agresiva. La progresividad nominal no se compadece con el pago efectivo. Y es un error entender que altos tipos de gravamen denuncian la progresividad, cuando el contribuyente goza de un margen de voluntad amplísimo para el aprovechamiento de las deducciones, reducciones, bonificaciones, exenciones, amortizaciones aceleradas, pérdidas, gastos, con lo cual logra una cuota mínima sobre la cual el gravamen es insignificante. La deuda pública funciona como un instrumento de refuerzo de la posición de los acreedores privados. Es un medio de control adicional de la actividad del Estado. Sin crédito, aumentan las posibilidades de cambio de las políticas públicas autónomas. Mas deuda, menos autonomía de la política pública. No es correcto definir la imposición como la obligación de contribuir con dinero o bienes al Estado a cambio de nada en particular, sin contraprestación. El deber de contribuir está vinculada a las ventajas que el ciudadano se procura de su pertenencia a la colectividad, directa o indirectamente, por medio de bienes y servicios públicos que utiliza – bienes públicos-, que le permiten vivir o actuar en un territorio. El origen del impuesto es la pertenencia económica, social o política al Estado. La causa jurídica y moral es la participación del ciudadano en los beneficios generales, particulares y su  capacidad contributiva para contribuir a la vida colectiva. La soberanía de excepción impide que la gubernamentalidad se oriente a la democracia efectiva. Pero consiente la sospecha que el Estado de policia puede reformularse democraticamente. La redemocratización elemental propone la necesidad de protección del trabajo cierto, la certidumbre de las pensiones justas, la prestación de asistencia sanitaria universal, de  sistemas públicos y gratuitos de educación general, básica, superior, profesional, vivienda, medio ambiente y servicios sociales destinados a los más frágiles y vulnerables,de seguridad personal. La desdemocratización consolida la desmovilización cívica. El discurso público implica que el Estado recupere la capacidad de decir legítima y válida para todo el conjunto social. La economía libre subsidiaria de la seguridad humana de las personas lo cual significa que la libertad patrimonial del individuo y la empresa  deben estar puestas al servicio de las necesidades fundamentales de la sociedad y la propiedad privada socialmente encauzada. Es decir, una democracia plena y la protección pública contra la desigualdad de mercado y la competencia tóxica.

 

NOTAS AL PIE

[i] J.Waldron, Can there be a democratic jurisprudence?, November 2008, New York University School of Law, Working paper no.08- 35.

[ii] C. Schmitt, Glossarium. Anotaciones desde 1947 hasta 1958, El paseo editorial, Sevilla, 2021, p.31, 227.

[iii] Ch.Tilly, Democracy, Cambridge University Press, 2009.

[iv] Ch.Tilly, Extraction and Democracy, en The New Fiscal Sociology, ed. I.W. Martin, A.K. Mehrotra, M. Prasad, Cambridge University Press, 2009 p.174.

[v] Ch.Tilly, Extraction and Democracy, cit.p.173.

[vi] Ch.Tilly, Democracy, cit.p.14.

[vii] Ch.Tilly, Democracy, cit.p.74.

[viii] K.Murphy, The role of trust in nurturing compliance: a study of tax scheme investors, Australian Institute of Criminology, 2-3- September 2002. p.6.

[ix] M.Levi, A State of Trust, V.Braithwaite, M. Levi, eds.,Trust and Governance, New York, Russell Sage Foundation, 1998.

[x] L.S. Cook, R. Hardin, M. Levi, Cooperation without trust? Russell Sage Foundation, 2005, p.6, 151.

[xi] Ch. Tilly, Democracy, cit.p.75.

[xii] Ch.Tilly, Democracy, cit.p.76.

[xiii] Ch.Tilly, Extraction and Democracy, cit.p.180,182.

[xiv] M.Levi, Of Rule and Revenue, Berkeley, University of California Press, p.54, 64, 1997.

[xv] C.Schmitt, Glossarium, cit., p.31.

[xvi] Commissione Diocesana “Giustizia e Pace”, Diocesi di Milano, card. C.M. Martini, Sulla Questione Fiscale. Contributo alla riflessione, Milano, 2000, p.53, 55.

[xvii] T.Rosembuj, Impuesto. Democracia, Coerción y Estado, Barcelona, 2022, p.74.

[xviii] Ch.Tilly, Democracy 12-14, 2007, 95.

[xix] Ch. Tilly, Democracy, cit., p.195.

[xx] Ch.Tilly, Extraction and Democracy, cit.p.195.

[xxi] N.Chomsky/ M. Foucault, La Naturaleza Humana: Justicia versus poder. Un debate. (1971). Katz, Buenos Aires, diciembre 2006.

[xxii] M.Foucault, p.136, Microfìsica del Poder, cit.

[xxiii] W.Brown, Undoing the Demos., cit. p.150.

[xxiv] M.Foucault, p.188, Microfìsica del Poder, cit.

[xxv] G.Agamben, ¿Qué es un dispositivo?, cit.p.23.

[xxvi] W.Brown, Undoing the Demos. Neoliberalism ´s Stealth Revolution, Zone Books, 2015, p 77.

[xxvii] G.Agamben, La democrazia é un concetto ambiguo, Stratis Burnazos, 4 marzo 2014.

[xxviii] G.Agamben, Nota preliminar sobre el concepto de democracia, p.11.en Democracia ¿en que estado?, G.Agamben, A.Badiou, D.Bensaid et.al. Prometeo Libros, 2010, Buenos Aires.

[xxix] G.Agamben,¿Qué es un dispositivo?, Bs.As., Adriana Hidalgo editora, 2014 en, p.11.

[xxx] W.Brown, In the Ruins of Neoliberalism. The rise of antidemocratic politics in the West, Columbia University Press, 2019. p.42; Hoy en dia somos todos Demócratas,  En Democracias, ¿en que estado?, cit.p.53.

[xxxi] T.Rosembuj, Inteligencia Artificial e Impuesto, Barcelona, 2018.

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[xxxiii] Byung-Chul Han, Infocrazia. Le nostre vite manipolate dalla rete, Einaudi, 2023, p.16.

[xxxiv] J.E.Cohen, What is Privacy For, Harvard Law School Review, 2013, p.1926.

[xxxv] Byung-Chul Han, Infocrazia, cit., p.33.

[xxxvi] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, Hachette Book Group, 2019.

[xxxvii] Shoshana Zuboff, The Age of Surveillance Capitalism, cit. p.521.

[xxxviii] C.Wardle, H. Derakhshan, Information Disorder, September 27, 2017, Council of Europe.

[xxxix] Byung-Chul Han, Infocrazia, cit.p.63.

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[xlviii] K.DeLaney Thomas & E.Scharff, Fake News and the Tax Law, cit.p.6.8.

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[liv] J.Castan Pinos, M.Friis Hau, cit.p.38.

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[lx] F.Sgubbi, Il diritto penale totale, cit.p.73.

[lxi] F.Sgubbi, Il diritto penale totale, cit.p.78.

[lxii] F.Sgubbi, Il diritto penale totale, cit.p.65.

[lxiii] F.Sgubbi, Il diritto penale totale, cit.p.25.

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[lxxi] S.S. Wolin, Fugitive Democracy, cit.p.100.

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[lxxxv] P. Grossi, Ritorno al Diritto, Laterza, 2015, p. 12,13.

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[cii] Ch.Tilly, Contention and Democracy in Europe, 1650-2000, Cambridge University Press, 2004; Democracy, Cambridge University Press, 2009.

[ciii] B. Griziotti, Principios de Política, Derecho y Ciencia de la Hacienda, cit.p. 107.

[civ] T. Rosembuj, Impuesto. Democracia. Coerción. Estado, cit.p.198.

[cv] E. D. Kleinbard, We are better tan this. How government should spend our money, Oxford University Press, p.356, 2015.

[cvi] E. D. Kleinbard, We are better tan this. How government should spend our money, Oxford University Press, p.356, 2015.

[cvii] Ch.Tilly, Contention and Democracy in Europe, 1650-2000, Cambridge University Press, 2004; Democracy, Cambridge University Press, 2009.

[cviii] Commissione Diocesana “Giustizia e Pace”, Diocesi di Milano, card. C.M. Martini, Sulla Questione Fiscale. Contributo alla rifflessione, Milano, 2000, p53, 55.