LA PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y LAS SITUACIONES DE DISCAPACIDAD EN LA REFORMA DEL IRPF

 

El “Plan Integral de Apoyo a la familia para el período 2001-2004”

(Secretaría General de Asuntos Sociales. Ministerio de Trabajo y Asuntos

Sociales. Madrid, 2001) tiene como objetivos, incrementar la calidad de vida de

las familias españolas, fomentar la solidaridad intergeneracional, apoyar a la

familia como garante de la cohesión social y fomentar las medidas a favor de

las familias en situación de riesgo social y otras situaciones especiales.

 

Las líneas estratégicas de este Plan van desde una política fiscal y de

rentas, la mejora de las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo, la

conciliación de la vida familiar y laboral y una política de vivienda, hasta

favorecer el acceso de las familias a las nuevas tecnologías, la revisión del

derecho de familia, el desarrollo de los servicios de orientación y mediación

familiar, el apoyo a las familias en situaciones especiales, el fomento de la

participación social y el acceso a la cultura, y una nueva ley de protección a las

familias numerosas.

 

En lo que se refiere a la política fiscal y de

rentas, se han propugnado una serie de medidas

fiscales, en el marco de una nueva reforma del

IRPF.

 

En el Preámbulo del Proyecto de Reforma parcial del Impuesto sobre la

Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los

Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes, aprobado por

el Pleno del Congreso de los Diputados en sesión celebrada el día 3 de octubre

de 2002 (BO de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, serie A, nº

96-11, de 9 de octubre de 2002) ya se indica que “La familia ocupa un papel

clave en la presente reforma, continuando así con la orientación iniciada en

1998. Su papel como institución fundamental de estabilidad y cohesión de

nuestra sociedad tiene, si cabe, un mayor reconocimiento en la presente Ley.

 

Así se atiende, en particular, a las necesidades surgidas de realidades

tales como el descenso de la natalidad, el envejecimiento de la población y las

situaciones de discapacidad, al tiempo que se estimula la incorporación de la

mujer al mercado laboral, todo ello de acuerdo con el espíritu y los objetivos

propios del «Plan Integral de Apoyo a la Familia» del Gobierno.

 

De esta forma, se ha procedido, en el marco de la nueva reforma del

Impuesto, a incrementar el importe del mínimo personal y familiar, esto es, la

parte de la renta que, con carácter general, el contribuyente destina a atender

sus necesidades y las de sus descendientes, con una especial atención a las

familias numerosas.

 

Igualmente, se incorporan nuevas reducciones en la base imponible, por

hijos menores de tres años, por edad del propio contribuyente o de sus

ascendientes, por gastos de asistencia de las personas mayores y por

discapacidad, con las que se pretende adecuar la carga tributaria a las

situaciones de dependencia.

 

En concreto, se mejora el tratamiento fiscal de la familia y de las

situaciones de discapacidad, aumentando, con carácter general, sus importes e

incorporando una nueva reducción por asistencia, para, de este modo, atender

en mayor medida las necesidades tanto del propio discapacitado como de las

personas de quién dependen. Por otra parte, y con la finalidad de compensar

los costes sociales y laborales derivados de la maternidad, se agrega un nuevo

supuesto de deducción en cuota para las madres con hijos menores de tres

años que trabajen fuera del hogar”.

 

Tras la reforma del IRPF, el posible tratamiento fiscal de la familia y las

situaciones de discapacidad en el ejercicio 2003, será el siguiente:

 

A. EXENCIÓN DE RENTAS

 

En materia de protección a la familia y a las situaciones de discapacidad,

se continuarán considerando como rentas exentas:

 

1. Las prestaciones reconocidas al contribuye nte por la Seguridad Social o por

las entidades que la sustituyan como consecuencia de incapacidad permanente

absoluta o gran invalidez (art. 7. f) LIRPF).

 

Asimismo, las prestaciones reconocidas a los profesionales no

integrados en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores

por cuenta propia o autónomos por las mutualidades de previsión social que

actúen como alternativas al régimen especial de la Seguridad Social

mencionado, siempre que se trate de prestaciones en situaciones idénticas a

las previstas para la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez de la

Seguridad Social.

 

La cuantía exenta tiene como límite el importe de la prestación máxima

que reconozca la Seguridad Social por el concepto que corresponda. El exceso

tributa como rendimiento del trabajo, entendiéndose producido, en caso de

concurrencia de prestaciones de la Seguridad Social y de las mutualidades

antes citadas, en las prestaciones de éstas últimas.

 

2. Las pensiones por inutilidad o incapacidad permanente del régimen de

clases pasivas, siempre que la lesión o enfermedad que hubiera sido causa de

las mismas inhabilitare por completo al perceptor de la pensión para toda

profesión u oficio (art. 7. g) LIRPF).

 

3. Las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el Capítulo IX del

Título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado

por Real Decreto-Legislativo 1/1994, de 20 de junio (art. 7. h) LIRPF).

 

Además, se añadirán las siguientes rentas exentas:

 

4. Las pensiones y los haberes pasivos de orfandad percibidos de los

regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás

prestaciones públicas por situación de orfandad (art. 7. h) LIRPF).

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la justificación de la

enmienda nº 195 al articulado del IRPF, señala que la modificación propuesta

es debida a que en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se

consideran como «unidad familiar monoparental» los viudos con hijos a cargo,

al igual que las personas separadas o divorciadas. En todos estos supuestos

ha existido un vínculo matrimonial que por diferentes razones se ha extinguido.

 

El tratamiento que se da en el IRPF a las

anualidades por alimentos percibidas por los

hijos de sus padres en el caso de separación o

divorcio en virtud de Sentencia Judicial, es de

exención de dichas pensiones.

 

Por ello, el objetivo de la enmienda es otorgar el mismo régimen fiscal a

todas las familias monoparentales estableciendo la exención de las pensiones

de orfandad (pág. 128, BO de las Cortes Generales, Congreso de los

Diputados, serie A, nº 96-8, de 18 de septiembre de 2002, Enmiendas e Índices

de Enmiendas en relación con el Proyecto de Reforma parcial del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de

los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes).

 

5. Las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del

acogimiento de personas con minusvalía o mayores de sesenta y cinco años y

las ayudas económicas otorgadas por instituciones públicas a personas con un

grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 o mayores de sesenta y

cinco años para financiar su estancia en residencias o centros de día, siempre

que el resto de sus rentas no excedan del doble del salario mínimo

interprofesional (art. 7. i) LIRPF).

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la justificación de la

enmienda nº 195 al articulado del IRPF, basa la exención en la necesidad de

que el tratamiento fiscal de las ayudas económicas públicas que reciban las

personas mayores o con una minusvalía importante, destinadas a garantizarles

una estancia adecuada en centros, sean públicos o privados, por su eminente

carácter social y responsabilidad pública, sea coherente con la política social desarrollada por las Administraciones Públicas (pág. 128, BOCG, Congreso de

los Diputados, serie A, nº 96-8).

 

Además, el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en la

justificación de la enmienda nº 247 al articulado del IRPF, manifiesta que la

redacción inicial de la letra i) que consta en el Proyecto de Ley se refería

únicamente a personas con un grado de minusvalía superior al 65 por 100

cuando, por coherencia con las continuas referencias que respecto de los

distintos grados de discapacidad aparecen a lo largo del texto normativo, dicha

redacción debería referirse a personas con un grado de minusvalía «igual» o

superior al 65 por 100 (pág. 150, BO de las Cortes Generales, Senado, serie II,

nº 89 (d), de 6 de noviembre de 2002, Enmiendas en relación con el Proyecto

de Reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por

la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la

Renta de no Residentes).

 

6. Las prestaciones por desempleo reconocidas por la respectiva entidad

gestora, percibidas por trabajadores discapacitados que se conviertan en

trabajadores autónomos, cuando se perciban en la modalidad de pago único

establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula

el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único.

 

La exención estará condicionada al mantenimiento de la actividad,

durante el plazo de cinco años (art. 7. n) LIRPF).

 

Cuando la prestación por desempleo en forma de pago único la perciban

trabajadores discapacitados que se conviertan en trabajadores autónomos, la

exención alcanzará a toda la prestación. En cambio, cuando la perciban

contribuyentes que se integren en sociedades laborales o cooperativas de

trabajo asociado, continuará aplicándose el límite actual de exención de

12.020,24 euros.

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la justificación de la

enmienda nº 195 al articulado del IRPF, fundamenta la exención total de las

rentas percibidas por los trabajadores discapacitados, en la pretensión de

mejorarles los incentivos para generar su propio empleo (pág. 128, BOCG,

Congreso de los Diputados, serie A, nº 96-8).

 

B. REDUCCIÓN EN LOS RENDIMIENTOS ÍNTEGROS DEL TRABAJO

 

En primer lugar, en la nueva reforma de la LIRPF se aplicará una

reducción del 40 por 100, en el caso de rendimientos que tengan un período de

generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o

recurrente, así como aquellos que se califiquen reglamentariamente como

obtenidos de forma notoriamente irregular en el tiempo (art. 17.2.a) LIRPF).

 

En este sentido, las prestaciones satisfechas

por incapacidad permanente, en cualquiera de

sus grados, por empresas y por entes públicos,

imputadas en un único período, disfrutarán de

una reducción del 40 por 100, en vez de la

anterior del 30 por 100.

 

Además, el párrafo actual de la Ley, que señala que la cuantía del

rendimiento sobre la que se aplica la reducción no puede superar el importe

que resulte de multiplicar el salario medio anual del conjunto de los declarantes

en el IRPF por el número de años de generación del rendimiento (5 años

cuando se trate de rendimientos obtenidos de forma notoriamente irregular en

el tiempo, como es el caso de las prestaciones satisfechas por incapacidad

permanente), quedará suscrito exclusivamente a los rendimientos derivados

del ejercicio de opciones de compra sobre acciones o participaciones por los

trabajadores.

 

En segundo lugar, en la reforma del IRPF se mantiene la reducción del

40 por 100 en el caso de las prestaciones establecidas en los cuatro primeros

números del artículo 16.2. a) LIRPF (pensiones y haberes pasivos percibidos

de los regímenes públicos de la Seguridad Social y clases pasivas y demás

prestaciones públicas por situaciones de incapacidad, jubilación, accidente,

enfermedad, viudedad, orfandad o similares; prestaciones percibidas por los

beneficiarios de mutualidades generales obligatorias de funcionarios, colegios

de huérfanos y otras entidades similares; prestaciones percibidas por los

beneficiarios de planes de pensiones; prestaciones percibidas por los

beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de

previsión social cuyas aportaciones hayan podido ser, al menos en parte, gasto

deducible para la determinación del rendimiento neto de actividades

económicas u objeto de reducción en la base imponible del impuesto) que se

perciban en forma de capital, siempre que hayan transcurrido más de dos años

desde la primera aportación. Plazo de dos años que no resulta exigible en el

caso de prestaciones por invalidez

(art. 17.2.b) LIRPF).

 

Y por último, dos novedades significativas de la reforma del IRPF. La

primera que los rendimientos del trabajo derivados de las prestaciones

obtenidas en forma de renta por las personas con minusvalía correspondientes

a las aportaciones y contribuciones a planes de pensiones, mutualidades de

previsión social y planes de previsión asegurados constituidos a favor de

personas con minusvalía, tendrán derecho a una reducción en el Impuesto de

hasta un importe máximo de dos veces el salario mínimo interprofesional (art.

17.3 LIRPF).

 

Y la segunda, que tratándose de prestaciones recibidas en forma de

capital por las personas con minusvalía correspondientes a las aportaciones y

contribuciones a planes de pensiones, mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con

minusvalía, la reducción prevista del 40 por 100 será del 50 por 100, siempre

que hayan transcurrido más de dos años desde la primera aportación (art. 17.3

LIRPF).

 

C. REDUCCIÓN DE LA BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO: EL MÍNIMO

POR DESCENDIENTES

 

En la nueva reforma del IRPF, el mínimo

familiar pasa a ser mínimo por descendientes,

aunque el título del capítulo continúa siendo

«Mínimo personal y familiar».

 

Los contribuyentes podrán reducir en concepto de mínimo por

descendientes, por cada uno de ellos soltero menor de 25 años o discapacitado

cualquiera que sea su edad, siempre que conviva con el contribuyente y no

tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a 8.000 euros, la

cantidad de:

 

– 1.400 euros anuales por el primero.

– 1.500 euros anuales por el segundo.

– 2.200 euros anuales por el tercero.

– 2.300 euros anuales por el cuarto y siguientes (art. 40 ter. LIRPF).

 

A estos efectos, se asimilarán a los descendientes aquellas personas

vinculadas al contribuyente por razón de tutela y acogimiento, en los términos

previstos en la legislación civil aplicable. Entre otros casos, se considerará que

conviven con el contribuyente los descendientes que, dependiendo del mismo,

estén internados en centros especializados.

 

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación del

mínimo por descendientes respecto de los mismos descendientes, su importe

se prorrateará entre ellos por partes iguales. No obstante, cuando los

contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el descendiente, la

aplicación del mínimo corresponderá a los de grado más cercano, salvo que

éstos no tengan rentas superiores, excluidas las exentas, superiores a 8.000

euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente grado.

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la enmienda nº 201

al articulado del IRPF, introdujo una mejora técnica en el articulado, fijando en

8.000 euros el importe máximo de rentas anuales que opera como límite para

la aplicación del mínimo por descendientes. Además, en la justificación se

señala que la enmienda recoge la doctrina administrativa que consiste en

considerar que existe convivencia cuando los descendientes dependan del

contribuyente y vivan en otro lugar por diversos motivos, y entre otros, por estar internados en centros especializados, en el caso de descendientes

discapacitados (pág. 131, BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, nº 96-8).

 

Por otro lado, no procederá la aplicación de los mínimos por

descendientes, cuando las personas que generen el derecho a los mismos

presenten declaración por este impuesto o la comunicación prevista en el

artículo 81 de la Ley.

 

Inicialmente, el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la

enmienda nº 201 al articulado del IRPF, había propuesto la eliminación del

apartado anterior para hacer compatible la aplicación del mínimo por hijos con

el hecho de que éstos pudieran presentar declaración o comunicación para

obtener la devolución que pudiera corresponderles (pág. 131, BOCG, Congreso

de los Diputados, serie A, nº 96-8).

 

Realmente, esta enmienda recogía la propuesta realizada por la

Comisión para la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

(Madrid, 3 de abril de 2002, Instituto de Estudios Fiscales), en referencia a los

límites en la aplicación de los mínimos familiares.

 

En la Comisión, presidida por Manuel Lagares, se razona: “En la Ley

40/1998 se establece que no procederá la aplicación de los mínimos familiares

por ascendientes y descendientes cuando las personas que generen el

derecho a los mismos presenten declaración del impuesto o la comunicación

para solicitar devolución.

 

Esta norma crea agravios porque personas con ingresos reducidos,

inferiores al límite de un millón de pesetas establecido reglamentariamente

para que el contribuyente pueda aplicarse los pertinentes mínimos familiares,

tienen la posibilidad de efectuar la comunicación establecida legalmente para

solicitar la devolución de las retenciones que le hayan practicado sobre los

rendimientos percibidos, pero por el hecho formal de presentar tal

comunicación para hacer efectivo su derecho se impide que el contribuyente

pueda aplicar los mínimos familiares correspondientes a esas personas a los

que, en principio, tiene también derecho.

 

Por todo ello, la Comisión considera que los mínimos personales y

familiares son conceptos que se aplican a cada persona, en consecuencia, que

la norma establecida en la Ley 40/1998 por la que no procede la aplicación de

los mínimos familiares por ascendientes y descendientes cuando las personas

que generen el derecho a los mismos presenten la comunicación para solicitar

devolución es claramente inadecuada, por lo que propone que se suprima”

(pág. 154).

 

Posteriormente, el propio Grupo Parlamentario Popular, en el Senado,

en la enmienda nº 252, vuelve a introducir el apartado que impide la aplicación

de los mínimos por descendientes, cuando las personas que generen el

derecho a los mismos presenten declaración por el impuesto o la comunicación prevista en el artículo 81 de la LIRPF. De esta manera, se mantiene la situación

actualmente vigente (pág. 153, BO de las Cortes Generales, Senado, serie II,

nº 89 (d)).

 

Por último señalar, que como hasta ahora, la determinación de las

circunstancias familiares que deban tenerse en cuenta a efectos de lo

establecido, se realizará atendiendo a la situación existente en la fecha de

devengo del Impuesto.

 

No obstante, y esta si que es una novedad,

en caso de fallecimiento de un descendiente que

genere el derecho a practicar la reducción

prevista, el mínimo por descendientes será de

1.400 euros.

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en la justificación de la

enmienda nº 252 al articulado del IRPF, indica que así se toma en

consideración las especiales circunstancias que concurren en los casos en que

el descendiente que da derecho a practicar la reducción en concepto de

mínimo por descendientes fallece durante el año. De este modo los

ascendientes podrán aplicar una reducción de 1.400 euros (esto es, la que

corresponde practicar por el primer descendiente) lo que contribuye a una

determinación más exacta de su renta disponible (págs. 153-154, BO de las

Cortes Generales, Senado, serie II, nº 89 (d)).

 

D. REDUCCIONES EN LA BASE LIQUIDABLE DEL IMPUESTO

 

En la nueva reforma del IRPF la base liquidable general estará

constituida por el resultado de practicar en la parte general de la base

imponible, exclusivamente y por este orden, las reducciones por rendimientos

del trabajo, por prolongación de la actividad laboral, por movilidad geográfica,

por cuidado de hijos, por edad, por asistencia, por discapacidad, por

aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social, por aportaciones

y contribuciones a planes de pensiones, mutualidades de previsión social y

planes de previsión asegurados constituidos a favor de personas con

minusvalía, y por pensiones compensatorias, sin que pueda resultar negativa

como consecuencia de dichas disminuciones (art. 46 LIRPF).

 

Y la base liquidable especial será el resultado, y esta es otra importante

novedad, de disminuir la parte especial de la base imponible en el remanente,

si lo hubiere, de las reducciones previstas anteriormente, sin que pueda

resultar negativa como consecuencia de tal disminución (art. 46 LIRPF).

 

Las nuevas reducciones en la base liquidable que afectan a la familia y

las situaciones de discapacidad, son las siguientes:

 

1. Reducción por cuidado de hijos (art. 47 LIRPF).

 

En concepto de cuidado de hijos la base imponible se reducirá en 1.200

euros anuales, por cada descendiente menor de 3 años, que genere derecho a

la aplicación del mínimo por descendientes. En los supuestos de adopción o

acogimiento, tanto preadoptivo como permanente, esta reducción se podrá

practicar, con independencia de la edad del menor, en el período impositivo en

que se inscriba en el Registro Civil y en los dos siguientes. Cuando la

inscripción no sea necesaria, la reducción se podrá practicar en el período

impositivo en que se produzca la resolución judicial o administrativa

correspondiente y en los dos siguientes.

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la justificación de la

enmienda nº 207 al articulado del IRPF, señala que la reducción por cuidado de

hijos tiene como finalidad compensar los gastos extraordinarios por la llegada

de un nuevo hijo a la familia hasta la edad de tres años. En el caso de las

adopciones éstas pueden producirse por encima de esa edad, por lo que es

necesario que el período de disfrute de esa ayuda sea computado, en cualquier

caso, desde la llegada del niño a la familia, esto es, tanto en el momento del

nacimiento como, en su caso, en el que se produce la adopción (pág. 134,

BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, nº 96-8).

 

El mismo Grupo Parlamentario en el Senado, en la enmienda nº 254 al

articulado del IRPF, ha modificado la fecha inicialmente considerada para

poder practicar la reducción (el período impositivo en que se produjera la

resolución judicial o administrativa correspondiente y en los dos siguientes). En

la justificación de la enmienda se expone que la finalidad de la medida es

facilitar la gestión del Impuesto, al nacer el derecho a practicar la reducción a

partir de una fecha cierta que es la inscripción en el Registro Civil, y si ésta no

es necesaria, la de la resolución judicial o administrativa (pág. 154, BO de las

Cortes Generales, Senado, serie II, nº 89 (d)).

 

2. Reducción por edad (art. 47.bis LIRPF).

 

Cuando el contribuyente tenga una edad superior a 65 años, la base

imponible se reducirá en 800 euros anuales. Además, por cada ascendiente

mayor de 65 años o discapacitado cualquiera que sea su edad que conviva con

el contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a

8.000 euros, la base imponible se reducirá en 800 euros anuales.

 

3. Reducción por asistencia (art. 47.ter LIRPF).

 

En concepto de asistencia la base imponible se reducirá en 1.000 euros

anuales, cuando el contribuyente tenga una edad superior a 75 años. Por el

mismo concepto y por cada ascendiente mayor de 75 años que conviva con el

contribuyente y no tenga rentas anuales, excluidas las exentas, superiores a

8.000 euros, la base imponible se reducirá en 1.000 euros anuales.

 

4. Reducciones por discapacidad (art. 47.quinques LIRPF).

 

En la reforma del IRPF, y a efectos de este impuesto, tendrán la

consideración de discapacitados los contribuyentes que acrediten, en las

condiciones que reglamentariamente se establezcan, un grado de minusvalía

igual o superior al 33 por 100.

 

En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o

superior al 33 por 100 en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social

que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta

o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan

reconocida una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para

el servicio o inutilidad. Igualmente, se considerará acreditado un grado de

minusvalía igual o superior al 65 por 100, cuando se trate de minusválidos cuya

incapacidad sea declarada judicialmente, aunque no alcance dicho grado.

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la justificación de la

enmienda nº 210 al articulado del IRPF, razona que la necesaria unificación de

la normativa relativa a la acreditación de minusvalías ante organismos oficiales

hace necesaria esta modificación para que los pensionistas de clases pasivas

afectados por una incapacidad permanente para el servicio o inutilidad, no

resulten discriminados en relación con los pensionistas de la Seguridad Social

afectados por incapacidad permanente a quienes se presume acreditado el

grado de discapacidad del 33 por ciento (pág. 135, BOCG, Congreso de los

Diputados, serie A, nº 96-8).

 

4.1. Reducción por discapacidad del contribuyente.

 

Los contribuyentes discapacitados reducirán

la base imponible en 2.000 euros anuales. Dicha

reducción será de 5.000 euros anuales, si el

grado de minusvalía es igual o superior al 65 por

100.

 

4.2. Reducción por discapacidad de ascendientes o descendientes.

 

Por cada uno de los descendientes que genere derecho a la aplicación

del mínimo por descendientes, o de los ascendientes que genere derecho a la

reducción por edad, que sean discapacitados, cualquiera que sea su edad, la

base imponible se reducirá en 2.000 euros anuales. Dicha reducción será de

5.000 euros anuales, si el grado de minusvalía es igual o superior al 65 por

100.

 

4.3. Reducción por discapacidad de trabajadores activos.

 

Los contribuyentes discapacitados que obtengan rendimientos del

trabajo como trabajadores activos reducirán la base imponible en 2.800 euros

anuales.

 

Dicha reducción será de 6.200 euros anuales para los trabajadores

activos discapacitados que acrediten necesitar ayuda de terceras personas o

movilidad reducida, o un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100.

 

El importe máximo de las reducciones a practicar en la base imponible

por este concepto y por la reducción por rendimientos del trabajo, incrementada

en su caso con la reducción por prolongación de la actividad laboral y la

reducción por movilidad geográfica, no podrá superar la cuantía de los

rendimientos netos del trabajo.

 

4.4. Reducción por gastos de asistencia de los discapacitados.

 

En concepto de gastos de asistencia, los contribuyentes discapacitados

que acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un

grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100, reducirán la base imponible

en 2.000 euros anuales.

 

Por cada ascendiente o descendiente que genere el derecho a la

reducción por discapacidad de ascendientes o descendientes, y que acredite

necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida, o un grado de

minusvalía igual o superior al 65 por 100, la base imponible se reducirá en

2.000 euros anuales.

 

5. Normas comunes a las reducciones por cuidado de hijos, edad y asistencia

(art. 47.quater LIRPF).

 

La determinación de las circunstancias personales y familiares que

deban tenerse en cuenta a efectos de las reducciones citadas, se realizará

atendiendo a la situación existente en la fecha de devengo del Impuesto.

 

6. Normas comunes a las reducciones por cuidado de hijos, edad, asistencia y

discapacidad (art. 47.quinques.5 LIRPF).

 

Cuando dos o más contribuyentes tengan derecho a la aplicación de las

reducciones respecto de los mismos ascendientes o descendientes, su importe

se prorrateará entre ellos por partes iguales. No obstante, cuando los

contribuyentes tengan distinto grado de parentesco con el ascendiente o

descendiente, la aplicación de la reducción corresponderá a los de grado más

cercano, salvo que éstos no tengan rentas anuales, excluidas las exentas,

superiores a 8.000 euros, en cuyo caso corresponderá a los del siguiente

grado.

 

No procederá la aplicación de estas reducciones cuando los

ascendientes presenten declaración por este Impuesto o la solicitud de

devolución prevista en el artículo 81 de la Ley.

 

Para la aplicación de las reducciones por edad y por asistencia

correspondientes a los ascendientes será necesario que estos convivan con el

contribuyente, al menos, la mitad del periodo impositivo. Se considerará que

conviven con el contribuyente los ascendientes discapacitados que,

dependiendo del mismo, sean internados en centros especializados.

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la justificación de la

enmienda nº 209 al articulado del IRPF, señala que en estas reglas comunes

se recoge la doctrina administrativa que consiste en permitir que el

contribuyente pueda aplicar las reducciones cuando el ascendiente dependa de

él y se encuentre ingresado en centros especializados (pág. 134, BOCG,

Congreso de los Diputados, serie A, nº 96-8).

 

7. Reducciones por aportaciones y contribuciones a planes de pensiones,

mutualidades de previsión social y planes de previsión asegurados constituidos

a favor de personas con minusvalía (art. 48.bis LIRPF).

 

Las aportaciones realizadas a planes de

pensiones a favor de personas con un grado de

minusvalía igual o superior al 65 por 100, podrán

ser objeto de reducción en la base imponible con

los siguientes límites máximos:

 

a) Las aportaciones anuales realizadas por cada partícipe a favor de

personas con minusvalía con las que exista relación de parentesco, con el

límite de 8.000 euros anuales. Ello sin perjuicio de las aportaciones que puedan

realizar a sus propios planes de pensiones, de acuerdo con los límites

establecidos para las aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión

social.

 

b) Las aportaciones anuales realizadas por las personas minusválidas

partícipes, con el límite de 24.250 euros anuales.

 

El conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que

realicen aportaciones a favor de un mismo minusválido, incluidas las del propio

minusválido, no podrá exceder de 24.250 euros anuales. A estos efectos,

cuando concurran varias aportaciones a favor del minusválido, habrán de ser

objeto de reducción, en primer lugar, las aportaciones realizadas por el propio

minusválido y sólo si las mismas no alcanzaran el límite de 24.250 euros

señalado, podrán ser objeto de reducción las aportaciones realizadas por otras

personas a su favor en la base imponible de éstas, de forma proporcional, sin

que en ningún caso el conjunto de las reducciones practicadas por todas las personas que realizan aportaciones a favor de un mismo minusválido pueda

exceder de 24.250 euros.

 

E. DEDUCCIÓN EN LA CUOTA LÍQUIDA DEL IMPUESTO: LA DEDUCCIÓN

POR MATERNIDAD (art. 67.bis LIRPF)

 

Las mujeres con hijos menores de 3 años con derecho a la aplicación

del mínimo por descendientes, que realicen una actividad por cuenta propia o

ajena por la cual estén dadas de alta en el régimen correspondiente de la

Seguridad Social o Mutualidad, podrán minorar la cuota diferencial de este

impuesto hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años.

 

En los supuestos de adopción o acogimiento, tanto preadoptivo como

permanente, la deducción se podrá aplicar, con independencia de la edad del

menor, durante los tres años siguientes a la fecha de la inscripción en el

Registro Civil. Cuando la inscripción no sea necesaria, la deducción se podrá

practicar durante los tres años posteriores a la fecha de la resolución judicial o

administrativa que la declare.

 

En caso de fallecimiento de la madre, o cuando la guarda y custodia se

atribuya de forma exclusiva al padre, o en su caso a un tutor, siempre que

cumpla los requisitos previstos, éste tendrá derecho a la práctica de la

deducción pendiente.

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la justificación de la

enmienda núm. 214 al articulado del IRPF, indica que la reducción por cuidado

de hijos tiene como finalidad compensar los gastos extraordinarios por la

llegada de un nuevo hijo a la familia hasta la edad de tres años. Las

adopciones se producen, a veces, por encima de esa edad, por lo que es

necesario que el período de disfrute de esa ayuda sea computado desde la

llegada del niño a la familia, esto es, tanto en el momento del nacimiento como,

en su caso, en el que se produce la adopción (pág. 137, BOCG, Congreso de

los Diputados, serie A, nº 96-8).

 

Precisamente, el cómputo de la deducción que se propugnaba en esa

enmienda, ha sido modificado por el propio Grupo Parlamentario Popular en el

Senado, en la enmienda núm. 260 al articulado del IRPF. Esta medida se

justifica señalando que su finalidad “es facilitar la gestión del Impuesto, al nacer

el derecho a practicar la reducción a partir de una fecha cierta que es la

inscripción en el Registro Civil, y si ésta no es necesaria, la de la resolución

judicial o administrativa” (pág. 157, BO de las Cortes Generales, Senado, serie

II, nº 89 (d)).

 

La deducción se calculará de forma proporcional al número de meses en

que se cumplan de forma simultánea los requisitos para ser beneficiario, y

tendrá como límite para cada hijo, las cotizaciones y cuotas totales a la

Seguridad Social y Mutualidades devengadas en cada período impositivo con

posterioridad al nacimiento o adopción. Para el cálculo de este límite se computarán las cotizaciones y cuotas por sus importes íntegros sin tomar en

consideración las bonificaciones que pudieran corresponder.

 

El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en la justificación de la

enmienda núm. 215 al articulado del IRPF, considera que de esa manera se

trata de no perjudicar a las mujeres cuyas cotizaciones y cuotas totales a la

Seguridad Social no alcancen la cantidad de 1.200 euros anuales como

consecuencia de estar éstas bonificadas por la Seguridad Social (pág. 138,

BOCG, Congreso de los Diputados, serie A, nº 96-8).

 

La deducción se podrá solicitar a la Agencia Estatal de Administración

Tributaria el abono de la deducción de forma anticipada. En estos supuestos,

no se minorará la cuota diferencial del Impuesto.

 

Por último mencionar, que esta deducción recoge la propuesta realizada

por la Comisión para la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas

Físicas (Madrid, 3 de abril de 2002, Instituto de Estudios Fiscales), en

referencia a la introducción en el IRPF de una deducción especial por

maternidad.

 

La Comisión consideró que había varios aspectos que debían configurar

la mencionada ayuda o deducción. “En primer lugar, la forma más adecuada de

establecer esa ayuda quizá sea la de incluirla como una deducción especial en

la cuota del IRPF que dé, incluso, derecho a la devolución en caso de que no

exista cuota líquida suficiente para atender a su completa compensación. Se

lograrían así varios efectos beneficiosos para el Impuesto.

 

Primero, porque no se alteraría ni el concepto ni la estructura de sus

actuales mínimos personales y familiares, orientados exclusivamente a permitir

la materialización de la renta fiscalmente disponible, que debe ser

precisamente el objeto del tributo al concretar la cuantía de la capacidad de

pago de cada contribuyente.

 

Segundo, porque de ese modo no se confundiría con los mínimos

adicionales establecidos actualmente para compensar el mayor gasto que

genera la cobertura de las necesidades básicas de los niños menores de tres

años a los q ue antes se ha hecho referencia.

 

Tercero, porque su articulación independiente facilitaría

extraordinariamente la devolución de la referida deducción en la cuota, incluso

en el caso de que no existiese cuota líquida suficiente para su debida

compensación, lo que no ocurre con el mínimo personal y familiar.

 

En segundo término, la Comisión considera que la mencionada

deducción o ayuda debería establecerse en beneficio exclusivo de las mujeres

y no extenderse a los hombres que puedan desempeñar el cuidado de los hijos

menores, pues la medida lo que pretende es, en primer término, compensar las

cargas que la maternidad implica para la mujer y, en segundo lugar, evitar que la maternidad impida o dificulte la incorporación de la mujer al ámbito laboral o

al de las actividades económicas o que la incorporación al trabajo afecte

negativamente a la maternidad.

 

No se trata, en consecuencia, de ayudar económicamente al hombre o a

la mujer que cuide a sus hijos sino de compensar a la mujer por su maternidad

y, al tiempo, incentivar su incorporación a la población activa evitando que la

maternidad impida o dificulte esa incorporación o que la incorporación al trabajo

interfiera con la maternidad. La Comisión estima que la medida así concebida

no plantearía problemas de discriminación respecto a los hombres que estén al

cuidado de sus hijos menores de tres años y que, además, podría tener efectos

muy positivos sobre el afloramiento de empleo femenino sumergido.

 

Además, la Comisión considera que la percepción de esta ayuda en su

grado más elevado debe condicionarse a que la mujer se encuentre

efectivamente empleada, ya que en otro caso podría tener efectos negativos

sobre la oferta de trabajo de las mujeres, dada la baja tasa de participación de

la mujer en el mercado de trabajo español. Además esta tasa presenta un perfil

decreciente para los tramos de edad en que la maternidad es más probable, lo

que sugiere que la salida del mercado de trabajo de la mujer esta

estrechamente relacionada con el momento de la maternidad”.

 

Aspectos que han quedado reflejados en la configuración de esta nueva

deducción en la cuota líquida del impuesto.