Novedades: Sucesiones

Veamos esquemáticamente las reformas introducidas en el Impuesto sobre

Sucesiones y Donaciones por la recientes Ley de Medidas Fiscales, administrativas y

de Orden Social de 19 de diciembre de 2002 (Ley de Acompañamiento)

(En negrita se reflejan las novedades y en cursiva las eliminaciones)

 

 

Artículo 20 2 c)

 

c) En los casos en los que en la base imponible de una adquisición «mortis causa»

que corresponda los cónyuges, descendientes o adoptados de la persona fallecida,

estuviese incluido el valor de una empresa individual, de un negocio profesional o

participaciones en entidades, a los que sea de aplicación la exención regulada en el

apartado octavo del artículo 4 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el

Patrimonio, o el valor de derechos de usufructo sobre los mismos, o de derechos

económicos derivados de la extinción de dicho usufructo, siempre que con

motivo del fallecimiento se consolidara el pleno dominio en el cónyuge,

descendientes o adoptados, o percibieran éstos los derechos debidos a la

finalización del usufructo en forma de participaciones en la empresa, negocio

entidad afectada, para obtener la base liquidable se aplicará en la imponible, con

independencia de las reducciones que procedan de acuerdo con arreglo a los

apartados anteriores, otra del 95 por 100 del mencionado valor, siempre que la

adquisición se mantenga, durante los diez años siguientes al fallecimiento del

causante, salvo que falleciera el adquirente dentro de ese plazo.

 

 

Artículo 23 bis. Bonificación de la cuota en Ceuta y Melilla.

 

1. En las cuotas de este impuesto derivadas de adquisiciones “mortis causa” y las

cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen

al resto de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, se

efectuará una bonificación del 50 por ciento de la cuota, siempre que el causante

hubiera tenido su residencia habitual a la fecha del devengo en Ceuta o Melilla y

durante los cinco años anteriores, contados fecha a fecha, que finalicen el día anterior

al del devengo.

 

2. En los supuestos de adquisiciones “inter vivos”, se aplicará una bonificación del 50

por ciento de la parte de la cuota que proporcionalmente corresponda a los inmuebles

situados en Ceuta o Melilla. A los efectos de esta bonificación, tendrán la

consideración de bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a

que se refiere el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de

Valores. 3. En el caso de las demás adquisiciones “inter vivos”, se aplicará una

bonificación del 50 por ciento de la cuota que corresponda cuando el adquirente tenga

su residencia habitual en Ceuta o Melilla.

 

4. Para la aplicación de estas bonificaciones, se tendrán en cuenta las normas

establecidas sobre residencia habitual y puntos de conexión en la Ley 21/2001, de 27

de diciembre, por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo

sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y

Ciudades con Estatuto de Autonomía.

 

 

Artículo 25. Prescripción

 

1. La prescripción se aplicará de acuerdo con lo previsto en los artículos 64 y

siguientes de la Ley General Tributaria.

 

2. En el supuesto de escrituras autorizadas por funcionarios extranjeros, el plazo

de prescripción se computará desde la fecha de su presentación ante cualquier

Administración española, salvo que un Tratado, Convenio o Acuerdo

Internacional, suscrito por España, fije otra fecha para el inicio de dicho plazo.

 

 

Artículo 26. Usufructo y otras instituciones.

 

Serán de aplicación las normas contenidas en los apartados siguientes a la tributación

del derecho de usufructo, tanto a la constitución como a la extinción, de las

sustituciones, reservas, fideicomisos e instituciones sucesorias forales:

 

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional al valor total de los bienes,

en razón del 2 por 100 por cada período de un año, sin exceder del 70 por 100.

 

En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70 por 100 del valor

total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de veinte años, minorando a

medida que aumenta la edad, en la proporción de un 1 por 100 menos por cada año

más con el límite mínimo del 10 por 100 del valor total.

 

El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor

del usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez,

sean temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas anteriores,

aquella que le atribuya menor valor.

 

Al adquirir la nuda propiedad se efectuará la liquidación teniendo en cuenta el

valor correspondiente a aquélla, minorado, en su caso, por el importe de todas

las reducciones a que tenga derecho el contribuyente y con aplicación del tipo

medio efectivo de gravamen correspondiente al valor íntegro de los bienes.

 

b) El valor de los derechos reales de uso y habitación será el que resulte de aplicar al

75 por 100 del valor de los bienes sobre los que fueron impuestos, las reglas

correspondientes a la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los

casos.

 

c) En la extinción del usufructo se exigirá el impuesto según el título de constitución,

aplicando el tipo medio efectivo de gravamen correspondiente a la

desmembración del dominio.

 

d) Siempre que el adquirente tenga facultad de disponer de los bienes, el impuesto se

liquidará en pleno dominio, sin perjuicio de la devolución que, en su caso, proceda.

 

e) La atribución del derecho a disfrutar de todo o parte de los bienes de la herencia,

temporal o vitaliciamente, tendrá a efectos fiscales la consideración de usufructo y se

valorará conforme a las reglas anteriores.

 

f) En la sustitución vulgar se entenderá que el sustituto hereda al causante y en las

sustituciones pupilar y ejemplar que hereda al sustituido.

 

 

Artículo 30. Acumulación de donaciones.

 

1. Las donaciones y demás transmisiones «inter vivos» equiparables que se otorguen

por un mismo donante a un mismo donatario dentro del plazo de tres años, a contar

desde la fecha de cada una, se considerarán como una sola transmisión a los efectos

de la liquidación del impuesto. Para determinar la cuota tributaria se aplicará, a la base

liquidable de la actual adquisición, el tipo medio correspondiente a la base

liquidable teórica del total de las adquisiciones acumuladas.

 

2. Lo dispuesto en el apartado anterior, a efectos de la determinación de la cuota

tributaria, será igualmente aplicable a las donaciones y demás transmisiones «inter

vivos» equiparables acumulables a la sucesión que se cause por el donante a favor

del donatario, siempre que el plazo que medie entre ésta y aquéllas no exceda de

cuatro años.

 

3. A estos efectos se entenderá por base liquidable teórica del total de las

adquisiciones acumuladas la suma de las bases liquidables de las donaciones y

demás transmisiones inter vivos equiparables anteriores y la de la adquisición actual.

 

Artículo 32. Deberes de las autoridades, funcionarios y particulares.

 

1. Los órganos judiciales remitirán a los Organismos de la Administración Tributaria de

su respectiva jurisdicción relación mensual de los fallos ejecutoriados o que tengan el

carácter de sentencia firme de los que se desprenda la existencia de incrementos de

patrimonio gravados por el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

 

2. Los encargados del Registro Civil remitirán a los mismos Organismos, dentro de la

primera quincena de cada mes, relación nominal de los fallecidos en el mes anterior y

de su domicilio.

 

3. Los Notarios están obligados a facilitar los datos que les reclamen los Organismos

de la Administración Tributaria acerca de los actos en que hayan intervenido en el

ejercicio de sus funciones, y a expedir gratuitamente en el plazo de quince días las

copias que aquéllos les pidan de los documentos que autoricen o tengan en su

protocolo, salvo cuando se trate de los instrumentos públicos a que se refieren los

artículos 34 y 35 de la Ley de 28 de mayo de 1862 y los relativos a cuestiones

matrimoniales, con excepción de los referentes al régimen económico de la sociedad

conyugal.

 

Asimismo, estarán obligados a remitir, dentro de la primera quincena de cada

trimestre, relación o índice comprensivo de todos los documentos autorizados en el

trimestre anterior que se refieran a actos o contratos que pudieran dar lugar a los

incrementos patrimoniales que constituyen el hecho imponible del Impuesto. También

están obligados a remitir, dentro del mismo plazo, relación de los documentos privados

con el contenido indicado que les hayan sido presentados para su conocimiento o

legitimación de firmas.

 

4. Los órganos judiciales, intermediarios financieros, Asociaciones, Fundaciones,

Sociedades, funcionarios, particulares y cualesquiera otras entidades públicas o

privadas no acordarán entregas de bienes a personas distintas de su titular sin que se

acredite previamente el pago del impuesto o su exención, a menos que la

Administración lo autorice.

 

5. Las Entidades de Seguros no podrán efectuar la liquidación y pago de los

concertados sobre la vida de una persona a menos que se justifique haber presentado

a liquidación la documentación correspondiente o, en su caso, el ingreso de la

autoliquidación practicada.

 

6. Se exceptúan de lo dispuesto en los dos números anteriores los supuestos a

los que se refiere el número 1 del artículo 8 de esta Ley, en los términos y con

las condiciones allí establecidos.

 

7. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los números 1 al 5 anteriores

se sancionará de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 40 de esta Ley.

 

Cuando se trate de órganos jurisdiccionales, la autoridad competente del Ministerio de

Hacienda pondrá los hechos en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial,

por conducto del Ministerio Fiscal, a los efectos pertinentes.