Revista nº 165. La necesaria Federación Fiscal Europea en la crisis económica

LA NECESARIA

FEDERACIÓN FISCAL EUROPEA

EN LA CRISIS ECONÓMICA

En el Tratado de Roma de 17 de marzo de 1956, y en los sucesivos que lo desarrollan, se ha establecido como principio fundamental para el buen desarrollo de la unión, en todos los aspectos, el de armonización fiscal. Es inadmisible que después de los años transcurridos y en la crisis económica que nos envuelve todavía, no se haya avanzado apenas en la necesaria y lógica armonización fiscal, porque los Estados miembros se oponen a ello.

En la actualidad es aceptado por los especialistas, que una Unión Europea que hubiese disfrutado de esa lógica armonización fiscal, hubiese podido hacer frente a los efectos de la crisis, como han hecho las otras tres grandes economías a nivel mundial, como los Estados Unidos de Norteamérica, Japón y China.

La falta de armonización fiscal es un factor negativo que puede desestabilizar la Unión Europea. Esto es más que evidente y no es necesario ser un especialista en asuntos financieros y bancarios para comprobar que en la Unión Europea, hay Estados indisciplinados e irresponsables que pueden arrastrar a los demás a una situación sin salida, como es la desaparición de la zona euro, tal como ha estado a punto de ocurrir con Grecia y España.

Sobre este aspecto se ha venido ocupando el Comité de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo, que ha puesto de manifiesto la urgencia de crear una federación fiscal. Esto es lo importante, una federación donde se marquen unos criterios, unas orientaciones y principios que sean vinculantes para los demás, que se fije con claridad el camino a seguir para conseguir un objetivo común.

De todos es conocido el disparate político, con trascendencia presupuestaria y económica, que supone la acumulación de deuda pública hasta límites insostenibles, que hipotecan toda la acción gubernamental de recuperación por varios años. La existencia de un presupuesto ajustado a los términos que exige la Unión Europea, en lo que se refiere a la permisibilidad del nivel de deuda pública en un presupuesto general, constituye una constante preocupación de la Unión Europea y muy especialmente del Banco Central Europeo, por cuanto ello afecta a la competividad y lastra el desarrollo del Estado que ha dado claras muestras de indisciplina presupuestaria.

En la actualidad es imposible, que en un corto plazo, se pueda transferir responsabilidad presupuestaria a ninguna institución dependiente de la Unión Europea y tampoco del Banco Central Europeo. Ello supondría la transferencia de responsabilidad política de un Estado a la Unión Europea, en un aspecto tan delicado como es la discusión y aprobación de los presupuestos generales, que según las Constituciones, constituye siempre una responsabilidad del gobierno de turno.

Los esfuerzos que se realizan en las instituciones de la Unión Europea y especialmente en BCE, sobre la reforma en la dirección y gobierno en la zona euro, con el fin de evitar situaciones tan comprometidas como lo que ha ocurrido con la cobertura de la deuda en Grecia, han fracasado una tras otra. Los Estado miembros se oponen a la pérdida de soberanía en aspectos que consideran básicos para el buen gobierno y administración de cada nación.

Llama la atención que Alemania haya sido quien ha destacado la necesidad de exigir disciplina fiscal y establecer un sistema de sanciones para aquellos Estados miembros que se han caracterizado por su irresponsabilidad, tanto política, como presupuestaria y económica, al no adoptar ninguna medida de prevención de la crisis económica, o cuando la han adoptado ha sido tarde, o aquellas son de efecto estrictamente político, pero de nula incidencia en la creación de empleo.

Esto es así, por cuanto Alemania y otros Estados disciplinados están obligados a pagar los platos rotos, del daño en la moneda del euro que han causado el despilfarro y la falta de previsión política de otros Estados del sur de Europa. Esta carga que pesa sobre los Estados más ricos y ordenados, parece que en la actualidad tiende a que, con el fin de dar un ejemplo a otros Estados, sean los culpables quienes se hagan cargo de su propia deuda, por cuanto en la situación actual Alemania es reticente a estimular la demanda nacional de consumo en productos y servicios.

Por eso el BCE tiene muy en cuenta los intereses de Alemania, sin la cual es muy difícil tomar una decisión incluso de rescate de alguna economía maltrecha, cuando se ha hecho una continua exhibición política de irresponsabilidad y falta de previsión.

No es admisible que los Estados coparticipen de una moneda única, como el euro, y, sin embargo, retengan toda la soberanía en la competencia fiscal y presupuestaria dentro de sus fronteras.

Por eso, se estudia ahora la creación de una Agencia, posiblemente dependiente de la Comisión, con poderes para imponer sanciones a esos Estados cuyo presupuesto aparece limitado por el exceso de deuda y la pérdida progresiva de competitividad, al no poder hacer frente a la deuda que tienen pendiente de pago, o bien si la política económica que han seguido vulnera los principios más elementales de la Unión Europea, al haber creado una deuda excesiva, imposible de pagar a corto plazo.

Más tarde o más temprano es obvio que en el sentir común de la Unión Europea, se está produciendo el convencimiento de que las sanciones a los Estados indisciplinados, es inevitable. Incluso se ha comentado que a esos Estados incapaces de gobernarse por sí mismos, en el aspecto presupuestario, serían objeto de un requerimiento y en caso de no ser atendidos se les podría suspender la pertenencia a la Unión Europea, o suspender sus derechos de voto en asuntos financieros y económicos. El efecto político que tendría cualquiera de esas medidas, sería catastrófico.

Estos Estados que merecen ser tutelados, controlados y vigilados estrechamente, nunca aceptarán, por motivos obvios de naturaleza política interna, la creación de esa Agencia con las potestades que se han mencionado, no obstante, a la vista de la situación económica actual en Europa, esas medidas de control son absolutamente necesarias.

La Comisión carece de competencias en este aspecto, porque su control y vigilancia del cumplimiento del Derecho Comunitario, aparece en la actualidad, sin eficacia alguna en materia de política económica y presupuestaria.

Mientras se considera que estas políticas presupuestarias y de dirección económica de cada Estado, corresponde de forma exclusiva y excluyente a los mismos, nunca se permitirá ese control eficaz que se considera necesario en Estados, que bien podríamos calificar de Rogue States o Estados gamberros.

La Comisión debería y podría hacer determinadas propuestas a estos Estados indisciplinados e irresponsables, con el fin de encauzar debidamente su política presupuestaria y económica. En este aspecto, se debería condicionar la concesión de préstamos y ayudas económicas al cumplimiento efectivo de determinadas medidas que, esos Estados, pudiendo y debiendo adoptar, no lo han hecho debido a la falta de rigor serio en la apreciación de la crisis económica o por dejadez o compromiso político electoral. Bien entendido que lo que se defiende es la intervención seria y eficaz de la Comisión, y no la posibilidad, siempre abierta y presente, de formular algunas recomendaciones, que carecen de la efectividad necesaria para conseguir el objetivo perseguido de garantizar una unión verdadera.

La Unión Europea debe actuar conjuntamente en el camino de la estabilidad y del crecimiento económico, con la adopción de medidas conjuntas y adecuadas a cada realidad Estatal, por cuanto la economía no es exactamente igual en cada uno de los Estados miembros de la Unión Europea.

No es necesario negociar la reforma de ningún Tratado, sino que por medio de la aprobación de Directivas, legislación de segundo orden, bien se podría conseguir la mejora de las competencias de la Comisión, máxime, cuando la grave situación económica justifica la adopción de medidas de reforma rápidas que se adapten al momento histórico actual. La desconfianza y volatilidad en la zona euro, lo exigen con premura, hasta que se pueda volver a la normalidad del mercado de dinero, que por los últimos acontecimientos vividos en el mes de mayo, con el rescate in extremis de Grecia, y las serias advertencias a España, justifican la ampliación de competencias para la Comisión.

Si no aparece pronto la estabilidad y la tendencia alcista en los mercados, tanto monetarios como bursátiles, con clara y rápida significación en el resto de los demás sectores de la economía, será difícil recuperar el tiempo perdido por la desconfianza que ahora mismo tenemos en la zona euro, lo que repercute en un fortalecimiento del dólar, el yen y el yuan.

Lamentablemente, no hay unidad en las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis. Cada Estado adopta las que considera necesarias para la situación actual de su economía general. La situación de las entidades bancarias, la decisión de frenar los préstamos a sus clientes, la liquidez bancaria, son conceptos que no aparecen igualmente desarrollados en los Estados miembros.

Se ha dicho que el bloque soviético se hundió hace unos veinte años sin ningún ataque militar de la OTAN, ni por ninguna otra agresión militar, sino por el peso de sus propias contradicciones económicas. Nadie pudo predecir este final, ni siquiera esos sesudos economistas que muestran siempre una indudable fe en las reglas del mercado libre.

Los analistas de mercados son criticados por su falta de visión en un corto y medio plazo. Un buen analista, incluso en términos políticos, debería saber entender y valorar debidamente toda la información disponible que puede llegarse en cualquier momento, y no sólo respecto del presente sino también del pasado y del futuro. De lo contrario es imposible la previsión razonable de lo que puede ocurrir, o estar atento ante cualquier posible eventualidad.

Pero lo políticos están más pendientes de su reelección que de atender debidamente las noticias del mercado, en cualquiera de sus aspectos, a pesar de la legión de asesores que les rodean. La crisis económica actual, que nos ha llevado a la recesión, dio numerosos y continuos avisos a finales del año 2007 y cuando entró de ello en el último semestre del 2008, ya era tarde. En España y Grecia, la incapacidad gubernamental para adoptar medidas de prevención y de contención, especialmente en lo que se refiere al fomento del empleo y el freno en el despilfarro progresivo del gasto público, es de todos bien conocida. La deuda pública es tan elevada que hipotecará la previsión presupuestaria de crecimiento económico en los próximos años.

Ante esta situación, la culpa no la tienen los especuladores ni tampoco las Agencias calificadoras de riesgo, sino la incompetencia gubernamental para adaptar, desde el primer momento, la política económica a circunstancias extraordinarias que le afectaron de forma negativa. La congelación de pensiones, la rebaja y congelación del sueldo a los funcionarios, así como la suspensión de programas de asistencia social, no son mas que una torpe manifestación de la auto destrucción del denominado Estado del Bienestar, que en nada o muy poco contribuirá a rebajar el déficit presupuestario acumulado año tras año de “fiesta inacabable”.

Esa intervención estatal unida al necesario aumento de la presión fiscal, estrangulará cualquier intento de recuperación económica a medio plazo.

El Presidente Nikolas Sarkozy manifestó que era prioritaria la ayuda a Grecia, sin desdeñar un control económico por parte de la Comisión. Ante una situación tan grave, cualquier medida que se considere apropiada debe ser aplicada, pero siempre con un previo control de la Unión Europea. A esos países que han demostrado ser indisciplinados e irresponsables en el gobierno de su propia economía, no se les puede dejar solos en el momento de inyectar cantidades millonarias para salvar su económica.

Por eso es necesario comenzar por una Federación Fiscal Europea, que termine de una vez con ese principio que, aún reconocido en innumerables sentencias del Tribunal de Justicia, se ha hecho demasiado caduco, poco práctico, e inútil en la realidad económica que vivimos, como es, de la exclusiva competencia fiscal de los Estados miembros dentro de sus propias fronteras.

La Unión Europea, la Comisión, debe ser la guía que permita avanzar a todos los Estados miembros por un mismo camino fiscal, que conduzca, entre otros destinos, a una homogenización presupuestaria, siempre bajo unos criterios, principios o directrices de la propia Unión Europea con intervención previa del Banco Central Europea.

La zona euro se ha visto en situación de peligro de desintegración, precisamente por la irresponsabilidad de Grecia y el alegre comportamiento en el gasto público de España. Por eso Alemania y Francia, de modo especial, han tratado de impedir esa humillación a la moneda europea, al intervenir de forma decisiva en la adopción de medidas de control del déficit prespuestario en aquellos Estado.

El nivel actual de deuda pública no es asumible por ningún presupuesto y constituirá un ancla que impedirá el desarrollo en años sucesivos. Sólo una previa y decidida intervención de la Comisión, para controlar y vigilar el comportamiento presupuestario de estos Estados irresponsables, podría impedir que en el futuro se vuelva otra vez a situaciones similares, como las que han obligado a la Unión Europea a acudir al rescate de Grecia y a punto tomar medidas de intervención respecto de España.

El espectáculo verdaderamente ridículo del reciente G-20 en Toronto, donde cada Estado actúa y decide por su cuenta, teniendo presente sólo sus propios intereses, es injustificable en la vieja Europa, en la Unión Europea. Una reunión que tenía por finalidad, al menos así fue anunciada, adoptar una estrategia común para hacer frente a la crisis financiera global y la adopción de medidas que permitan garantizar una recuperación económica, terminó en fracaso. La misma reunión que tuvo lugar en Londres, en la primavera, tenía por finalidad coordinar la estrategia para terminar con la crisis económica. En Pittsburgh, el pasado otoño, se pretendió sentar unas bases comunes para garantizar también el crecimiento común, basado en la cooperación. Como se decía anteriormente, en Toronto se pretendía, nada menos que adoptar medidas para que la recuperación sea sostenible.

Si nos fijamos en Estados Unidos de Norteamérica, que perdía 700.000 puestos de trabajo al mes, ahora se está creando empleo en el sector privado, que es donde se deben crear empleos y no subsidiados por el Estado. La recuperación ha sido posible porque, en su momento, se adoptaron medidas drásticas para reparar el sistema financiero, facilitando dinero a bajo interés a las empresas, se aprobó la Ley de la Recuperación, que permitió aumentar la demanda y el consumo interno. Pero todo ello no hubiese servido de nada o de bien poco, si no se hubiesen bajado los impuestos, prestando ayuda a los desempleados a encontrar un nuevo puesto de trabajo y no manteniéndoles en situación de paro por dos años pagado por el Estado, al tiempo que se invertía en infraestructuras públicas, en lugar de congelarlas.

En una Unión, como la Europea, si falta una dirección común, con potestad de intervenir tanto en el sistema fiscal como en la capacidad presupuestaria de los Estados miembros, no se avanzará conjuntamente por el mismo camino. Por eso es absolutamente necesario, en la actualidad, que se materialice ese control fiscal y presupuestario, que permitiría adoptar una política común de recuperación económica. Esto es lo importante. Si la crisis ha afectado por igual a todos, o a unos Estados más que a otros, en principio cada Estado podría reaccionar de la forma que tuviese por conveniente, como lamentablemente ha ocurrido. Pero en la Unión Europea y más aún en la zona euro, se impone una política común, aun cuando las economías no sean exactamente iguales. En caso contrario, continuarán produciéndose disfunciones que alterarán el equilibrio de la moneda común en el mercado monetario, afectando a la paridad con el dólar, la libra esterlina y el yen, entre otras.

La situación, las medidas y la solución que se ha expuesto anteriormente no es ajena al pensamiento que rige en la Comisión, donde ya se ha propuesto un compromiso sobre la legislación que permitirá a la Unión Europea supervisar las grandes empresas y el sistema bancario, como un primer paso necesario, hasta conseguir la vigilancia de la capacidad fiscal y presupuestaria de los Estados miembros. Incluso se está estudiando la forma en que las Agencias de control que se puedan crear también puedan extender sus competencias e intervenir en la política fiscal de los Estados miembro. Ahora bien, es difícil poder adivinar si este buen propósito tendrá el éxito deseado, porque se pretendía que estas Agencias de intervención pudieran entrar en funcionamiento a comienzos del año 2011.

Sirvan como ejemplo, las políticas mantenidas en Alemania, donde según la Canciller Angela Merkel, se ha puesto de relieve la importancia de la disciplina fiscal, como medio adecuado para una estabilización económica y presupuestaria. El presupuesto de emergencia presentado por el Canciller del Exchequer en el Reino Unido, George Osborne, se basa en la disminución drástica del gasto público y la disminución de la presión fiscal. Entre las medidas adoptadas para rebajar la presión fiscal, destaca el porcentaje del Impuesto sobre Sociedades, que se pretende bajar del 28% al 18%.

Unos Estados adoptan medidas inteligentes y apropiadas a este momento histórico, tendentes a conseguir la recuperación económica. Otros, por desgracia, aumentan impuestos, rebajan el sueldo a funcionarios, congelan las pensiones, paralizan obras públicas, con lo que se garantiza una recesión para los próximos años.

Esto demuestra que la misma situación, el mismo presupuesto fáctico es analizado y resuelto de forma diferente, por Estados miembros de la Unión Europea que deberían haberse puesto de acuerdo para actuar todos de forma conjunta y no de forma separada, y menos aun abandonar a su suerte a esos Estados que han dado muestras de incapacidad para hacer frente a la crisis económica. De ese modo, la Unión Europea no avanza, sino que se estanca y la zona euro peligra por el desequilibrio que ello produce respecto de monedas que, poco a poco, van ganando importancia y solvencia.

Sólo las medidas adoptadas de forma común y que tiendan al conseguir el crecimiento económico, podrán crear empleo. Todo lo demás son medidas políticas que buscan un efecto inmediato y que se diluyen con el paso de los días sin efecto alguno.

Fruto de la preocupación europea, cada vez más sentida, el plan de la Comisión, desvelado el pasado viernes 2 de julio, para gobiernos que vulneren los límites establecidos en deuda y déficit presupuestario. Dicho plan consiste en la lógica imposición de sanciones, como son, la suspensión de programas de cooperación y la recomendación para corregir el exceso de déficit. Si los Estados no cumplen con las recomendaciones se cancelarán los compromisos presupuestarios europeos hacia esos Estados y la definitiva suspensión de pagos pendientes. Además, se podrá retirar la financiación de programas en curso en áreas de cohesión, como agricultura y pesca, aunque se obligará a los Estados a continuar con los subsidios a agricultores y pescadores, aun cuando la Unión Europea no les reembolse dichos gastos.

Es posible que alguien piense que sancionar de ese modo a los Estados de acreditada indisciplina presupuestaria, como Grecia y España, puede agravar aún más crisis que padecen. Se alega que la mejor disciplina que se les puede imponer, es el respeto a la disciplina que se derivan de las reglas del mercado, lo que es complicado para esos gobiernos que las ignoran por completo.

Tanto en un caso como en otro, lo que es evidente es que si no se avanza en la consecución de una unidad fiscal y presupuestaria, y se buscan políticas comunes fiscales y presupuestarias, será muy difícil que en tiempos venideros, se pueda dar una respuesta unitaria a crisis económicas, como la que todavía padecemos. Le negligencia e indisciplina gubernamental manifestada por algunos gobiernos, incluso de forma desafiante, no puede quedar al margen de cualquier consideración, análisis o previsión de futuro. Es necesario que la Comisión intervenga y cuanto antes mejor. Se exige el control y vigilancia de la política fiscal y presupuestaria que llevan a cabo estos gobiernos, que no han respetado el Pacto del Crecimiento Europeo, donde se limitaba el déficit presupuestario al tres por cie

Eduardo Barrachina Juan

Magistrado por oposición de lo Contencioso-administrativo

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña