Revista nº 184. La prueba en el delito de Blanqueo de Capitales

LA PRUEBA

EN EL DELITO DE

BLANQUEO DE CAPITALES

El Código penal de 1995 contiene en el Capítulo XIV del Título XIII del

Libro II del Código penal los preceptos que tipifican el delito de blanqueo de

dinero. Encuadrado bajo la rúbrica de la receptación y conductas afines tipifica

una pluralidad de comportamientos cuyo elemento común son las

conductas de aprovechamiento económico posterior a un hecho delictivo.

Como antecedentes legislativos, a los que nos referiremos en el estudio

del tipo penal, encontramos el encubrimiento, como forma participativa y

posterior al delito y la receptación, así como los artículos 344 bis h), 344 bis 1)

y 546 bis f) del Código penal (texto Refundido de 1973).

El artículo 301. 1 del Código Penal dice así:

El que adquiera, convierta o transmita bienes, sabiendo que éstos tienen su origen en un delito grave, o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción o infracciones a eludir las consecuencias legales de sus actos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.

Las penas se impondrán en su mitad superior cuando los bienes tengan su origen en alguno de los delitos relacionados con el tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas descritos en los artículos 368 a 372 de este Código.

Se blanquean capitales con la finalidad exclusiva de disimular o enmascarar actividades delictivas que han dado un resultado económico, que también se oculta a la Hacienda Pública con el consiguiente perjuicio al interés general. En la actualidad España sufre la lacra del blanqueo de capitales, por el asentamiento de distintas bandas organizadas del crimen, que han elegido nuestro país como el lugar idóneo para el lavado del dinero obtenido en actividades delictivas, como la droga, el crimen organizado, la prostitución, etc.

Son numerosos los casos que han tenido una debida trascendencia en la opinión pública, como algunos que tuvieron lugar en la Costa del Sol, y otros denominados paraísos de blanqueo de capitales, y que cuando llega el momento de su enjuiciamiento no siempre la sentencia que se dicta colma las expectativas de la opinión pública, ni tampoco recompensa los esfuerzos de la policía.

Por desgracia la falta de personal técnico altamente cualificado, la falta de medios personales y también materiales, ha convertido a España en el lugar idóneo para estas actividades criminales.

La doctrina jurisprudencial que se ha dictado en esta figura delictiva ha puesto siempre el acento en la obtención debida de pruebas, lo que no es fácil en la práctica, y más aún en el conocimiento del origen delictivo del dinero que es objeto de inversión o lavado. Recuérdese lo ocurrido en el período todavía reciente del boom inmobiliario, donde mafias procedentes de distintos lugares invertían cantidades de dinero desproporcionadas sin que nadie sospechase del origen delictivo del mismo, por falta de personal debidamente cualificado, como se ha indicado anteriormente.

Pues bien, cuando llega el momento del proceso penal, se suele alegar, en defensa de los acusados, el derecho a un juicio con garantías (art. 24.2 CE) y al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE), por la ausencia de datos suficientes que justificasen la autorización de las intervenciones telefónicas llevadas a cabo, así como la deficiente motivación de dicha decisión y el incorrecto control judicial de las escuchas. Pero lo más decisivo e importante es cuando se alega que no hay prueba realmente efectiva del origen delictivo del dinero que ha sido objeto de lavado.

También se alega, como es suponer, el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE), pues la condena no se puede ni se debe dictar sin el soporte de pruebas bastantes para acreditar la comisión del delito por parte de los acusados y enervar, por tanto, aquel derecho constitucional.

A tal respecto conviene recordar que cuando nos hallamos, como en el presente caso, ante una alegación relativa a la infracción del derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 24.2 de la Constitución Española, hemos de tener muy presente que ello no significa, que se abra la vía para llevar a cabo una nueva valoración del material probatorio disponible, en el caso de que se trate de la resolución de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, quien sólo puede valorar los hechos en situaciones o motivos excepcionales, como fijación de los hechos en primera instancia de forma arbitraria, o grave error en la valoración de los mismos.

Antes al contrario, la tarea en ese caso se ciñe, exclusivamente, a la comprobación de que el Tribunal ad quo cumplió debidamente con su obligación de Juzgador en el ámbito de acreditación de los hechos, constatando, de una parte, la existencia efectiva de pruebas de cargo lícitas en su producción y procesalmente válidas en su eficacia, que, de otro lado, se muestren suficientes de cara al enervamiento de esa inocencia que, inicialmente, ha de presumirse a todo ciudadano, así como bastantes también para fundamentar la convicción condenatoria, a la vista de la lógica y razonabilidad de los argumentos que, a este respecto, se contengan en la sentencia dictada por una Audiencia Provincial, y que sea objeto de recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Por ello, a partir de semejantes afirmaciones, cuando la referida convicción incriminatoria la haya obtenido la Audiencia, total o parcialmente, sobre la base, no de una prueba directa de lo realmente acontecido, sino mediante la necesidad de establecer un juicio de inferencia o prueba indiciaria, que vincule ciertos datos constatados, indicios, con una conclusión que se tiene por cierta, el referido examen, es decir, la censura casacional, ha de extenderse, tanto a la comprobación de los requisitos probatorios ya vistos, en relación con la acreditación de los hechos integrantes del soporte indiciario, como a la lógica de la operación mental que, a partir de ellos, conduce a la conclusión enervatoria de la presunción de inocencia.

En este último sentido, para que el oportuno juicio de inferencia resulte en verdad convincente se precisa que la base indiciaria, plenamente acreditada siempre mediante prueba directa, se integre por una pluralidad de indicios, aunque con carácter excepcional pueda admitirse incluso la concurrencia de uno sólo, si su determinante significación pudiera justificarlo, que no pierdan su fuerza acreditativa por la presencia de otros posibles contraindicios que neutralicen el sentido de su eficacia probatoria y que, en definitiva, la argumentación sobre la que se asiente la conclusión probatoria última resulte plenamente razonable, desde criterios de la lógica del humano discurrir.

Dicho lo anterior, tan sólo nos queda recordar cómo, precisamente para el enjuiciamiento de delitos de blanqueo de dinero, esta clase de prueba indiciaria, a partir de la afirmación previa de que no es precisa la condena previa del delito base del que proviene el capital objeto de blanqueo, tal como ha reconocido el Tribunal Supremo en sentencias de 27 de enero de 2006 y 4 de junio de 2007, entre otras, aparece como el medio más idóneo y, en la mayor parte de las ocasiones, únicamente posible para tener por acreditada su comisión, como también reconocen las sentencias del Tribunal Supremo de 4 de julio de 2006 y 1 de febrero de 2007, por ejemplo.

Siguiendo las anteriores sentencias, se consideran como indicios más habituales en esta clase de infracciones:

a) la importancia de la cantidad del dinero blanqueado .

b) la vinculación de los autores con actividades ilícitas o grupos o personas relacionados con ellas.

c) lo inusual o desproporcionado del incremento patrimonial del sujeto.

d) la naturaleza y características de las operaciones económicas llevadas a cabo, por ejemplo, con el uso de abundante dinero en metálico.

e) la inexistencia de justificación lícita de los ingresos que permiten la realización de esas operaciones.

f) la debilidad de las explicaciones acerca del origen lícito de esos capitales.

g) la existencia de sociedades “pantalla” o entramados financieros que no se apoyen en actividades económicas acreditadamente lícitas.

Además, también se ha considerado material probatorio válido para sustentar una conclusión condenatoria, cuando la sentencia ha tenido en cuenta pruebas tales como las declaraciones de testigos y de los propios acusados y, sobre todo, documentos que revelan la existencia de los indicios necesarios (disposición de cantidades económicas de origen no justificado y superiores al nivel económico atribuible al recurrente en la adquisición de un bien expresamente citado en la recurrida, como una finca o bienes inmuebles, así como la vinculación del recurrente con personas relacionadas con actividades ilícitas del tráfico de drogas) para construir con absoluto rigor lógico la comisión del acusado o acusados del delito objeto de enjuiciamiento.

Por otra parte, resulta preciso igualmente insistir en la necesidad de acudir nuevamente, en enjuiciamientos como el presente, a criterios de carácter indiciario para poder acreditar la presencia de los elementos subjetivos del tipo penal, tales como el conocimiento del origen ilegal de los bienes objeto de ocultación o encubrimiento y, en su caso, el de la procedencia de delitos que suponen una especial cualificación como el tráfico de drogas, así como la voluntad de ocultar o encubrir semejante origen ilícito

En esa línea, se debe destacar, como en ocasiones se ha valorado la concurrencia en los hechos enjuiciados de una parte sustancial de los indicios a los que, como hemos señalado, acuden los órganos jurisprudenciales, para poder determinar la existencia del delito de blanqueo de capitales, que no pueden reducirse a unos cuantos criterios estereotipados, sino que en función de las circunstancias subjetivas y objetivas que concurren en cada caso, se podrá deducir ese indicio racional que supone la determinación del grado de culpabilidad de los acusados.

Esos criterios también pueden ser los siguientes, como claramente se deduce de la sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2011:

a) El dato de las cuantiosísimas cantidades de dinero, objeto de los cambios de divisas llevados a cabo, en un relativamente breve período de tiempo, por parte de algunos de los recurridos directamente y con la utilización de las empresas de los que eran titulares junto con sus esposas.

b) La utilización para tales operaciones de una oficina o agencia de cambio abierta por ellos mismos que, a su vez, son quienes efectúan esas operaciones, como se ha dicho, a través de diversas empresas que también fueron constituidas previamente y de las cuentas bancarias personales de todos ellos.

c) La existencia de tales empresas, coincidentes todas en una misma actividad (el alquiler de vehículos), que ni remotamente pueden ser las generadoras de ingresos tan voluminosos ni del conjunto de relaciones y transferencias dinerarias internacionales que evidencia la documental encontrada por la Policía en su sede social.

d) La importancia del incremento de los patrimonios de los acusados, sin posible justificación ni correspondencia con sus actividades empresariales, profesionales o laborales conocidas.

En relación con la identificación del concreto delito del que los bienes objeto de lavado proceden es cierto que el Tribunal Supremo ha sostenido en algunas sentencias (valgan por todas las sentencias de 24 de octubre de 2005 y 9 de marzo de 2010) que ha de probarse con toda concreción esa infracción delictiva originaria.

Pero también se ha proclamado, reiteradamente, que no es necesario que exista un pronunciamiento judicial precedente que declare como delito la actividad de la que proceden de los bienes ( sentencias del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2003, 1 de marzo de 2005 u 8 de abril de 2010), lo que en realidad, como podrá advertirse, equivale a la inconcreción del origen delictivo, puesto que si no existe condena firme sobre las actividades productoras de los bienes resultaría incongruente afirmar su carácter delictivo.

Nos hallamos, por consiguiente, ante un delito autónomo cuya declaración no depende de la previa acreditación de ninguno otro anterior ( según ha reconocido el Tribunal Supremo en sentencias de 29 de septiembre de 2001, 10 de febrero de 2003, 4 de junio de 2007, 28 de diciembre de 2009 ó 8 de abril de 2010, entre otras.

Siguiendo con la dificultad de la prueba en el origen delictivo del dinero que es objeto de inversión o de colocación en el mercado de capitales o de bienes, lo que una vez ese dinero comienza a circular en el mercado inmobiliario o de capitales, es extraordinariamente difícil seguirle la pista y determinar su origen y situación, el Tribunal Supremo en sentencia de 29 de noviembre de 2011, remitiéndose a una sentencia previa de 10 de enero de 2000, afirmó lo siguiente:

En delitos como el de blanqueo, lo usual será contar sólo con pruebas indiciarias por lo que el cuestionamiento de su aptitud para provocar el decaimiento de la presunción de inocencia sólo produciría el efecto de lograr la impunidad respecto de las formas más graves de delincuencia entre las que debe citarse el narcotráfico y las enormes ganancias que de él se derivan, que se encuentran en íntima unión con él como se reconoce expresamente en la Convención de Viena de 1988 ya citada.

Y a continuación añade:

Desde la perspectiva probatoria, que en realidad es la más relevante y dificultosa en este tipo delictivo, señala la Sentencia de 10 de enero de 2000, que la prueba directa prácticamente será de imposible existencia dada la capacidad de camuflaje y hermetismo con que actúan las redes clandestinas de fabricación y distribución de drogas así como de “lavado” del dinero procedente de aquella, por lo que la prueba indirecta será la más usual, y al respecto no estará de más recordar que ya el art. 3 apartado 3º de la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 20 de diciembre de 1988 -BOE de 10 de noviembre de 1990- previene de la legalidad de la prueba indiciaria para obtener el juicio de certeza sobre el conocimiento, intención o finalidad requeridos como elemento de los delitos que se describen en el párrafo primero de dicho artículo, entre los que está el de blanqueo de dinero, art. 3, apartado primero epígrafe b).

Por ello, sobre el modo en que debe analizarse la prueba indiciaria en esta modalidad delictiva y los parámetros e indicios que deben ser considerados, existe también una doctrina, ya consolidada del Tribunal Supremo, que se origina en la sentencia de 23 de mayo de 1997 , y se reitera en las de 15 de abril de 1998 y 9 de mayo de 2001.

Así se indica los siguiente:

En los supuestos en que la acusación se formula por delito de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de estupefacientes (art. 546 bis f, Código Penal 73; Art. 301.1.2 Código Penal 95 , los indicios más determinantes han de consistir:

a) En primer lugar en el incremento inusual del patrimonio o el manejo de cantidades de dinero que por su elevada cantidad, dinámica de las transmisiones y tratarse de efectivo pongan de manifiesto operaciones extrañas a las prácticas comerciales ordinarias.

b) En segundo lugar en la inexistencia de negocios lícitos que justifiquen el incremento patrimonial o las transmisiones dinerarias.

c) En tercer lugar, en la constatación de algún vínculo o conexión con actividades de tráfico de estupefacientes o con personas o grupos relacionados con las mismas”.

No es fácil, pues, determinar la debida relación de causalidad entre el dinero incautado y su origen delictivo, así como en el conocimiento preceptivo de la actividad delictiva que debe tener siempre el acusado. A la vista de las distintas sentencias del Tribunal Supremo objeto de análisis, se demuestra esa dificultad que puede quedar enervada por las muestras o indicios, tanto directos como indirectos que demuestre la propia conducta de los acusados, en los términos que se han expuestos con anterioridad.

Eduardo Barrachina Juan

Magistrado por oposición de lo Contencioso-administrativo

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña