Revista nº 200. El G 8 y el impuesto global justo

EL G 8 Y EL IMPUESTO GLOBAL JUSTO.

TULIO ROSEMBUJ

Tantos años edificando el edificio neoliberal tributario, paso a paso, desde la Sociedad de las Naciones, con personajes siniestros como Carroll y los que vinieron después, sobre todo, alrededor de la OCDE; para que ahora, de un plumazo, los anglosajones consigan lo que fue un fracaso de la socialdemocracia, del socialismo, de los movimientos anticapitalistas. Cosas veredes, Sancho.

Es EEUU y Gran Bretaña los que impulsan la armada invencible contra los paraísos fiscales, la evasión, el blanqueo de capitales. Y lo hacen, como es su estilo, laminando cualquier reacción en contrario. Hasta la pobre Unión Europea debe imitarlos.

No puede ignorarse que el nuevo discurso de la fiscalidad internacional aparece inspirada por objetivos que parecían en las antípodas del paradigma al uso defendido por las multinacionales, el sistema financiero, los territorios opacos y secretos.

1. EL PREAMBULO.

El Preámbulo constituye una verdadera declaración de intenciones sobre principios globales tributarios.

Por un lado, la institución de un standard global nuevo de intercambio automático de información y el desarrollo rápidamente de un modelo multilateral que haga fácil a los gobiernos encontrar y sancionar a los evasores fiscales. Por otro, un compromiso para afrontar la elusión fiscal por erosión y desplazamiento de beneficios. En particular, un criterio común para las multinacionales que les obligue a informar a las autoridades fiscales donde obtienen sus ganancias y pagan sus impuestos a lo largo del mundo. Es decir, una clara inclinación al informe país por país de la empresa transnacional.

Asimismo, se apoya a los países en desarrollo en la recaudación de sus impuestos, mediante acceso a la información fiscal global que necesiten.

Finalmente, se acuerda un plan de acción para conocer a los propietarios reales y beneficiarios efectivos de las compañías y trusts disponible para la recaudación y ejecución legal, por ejemplo, a través de registros centrales del beneficiario, propietario, efectivo de la sociedad o entidad.

2. LA DECLARACION

La declaración del G 8 de Lough Erne de 18 de junio de 2003 es un paso más de los principios globales de fiscalidad internacional, un paso adelante que, seguramente, se verá retomado por la cumbre del G 20 de Moscú.

Primero, las autoridades fiscales de todo el mundo deberían compartir automáticamente la información para luchar contra la plaga de la evasión fiscal.

El intercambio automático de información deviene un standard aplicable por todos los países como medio para eliminar la opacidad y el secreto de las rentas pasivas no declaradas –intereses, dividendos, cánones-.

El empuje de los EEUU mediante el Financial Accountancy Compíliance Tax Act de 2010 y consigue un objetivo hasta no hace mucho utópico. No hay salvaguardia para la ocultación de rentas y riquezas.

Segundo, los países deberían cambiar las normas que permiten a las compañías desplazar su beneficios a través de las fronteras para evitar los impuestos y las multinacionales deberían informar a las autoridades fiscales que impuestos pagan y donde.

El principio global contra la erosión y el desplazamiento de beneficios alcanza su expresión significativa. Los países deben proteger y tutelar sus bases de imposición e impedir que a través de precios de transferencia, earnings stripping, arbitraje fiscal se diluyan sus ganancias en donde las obtienen a través de instrumentos artificiales de gastos, pérdidas, manipulación de las transacciones intrafirma.

Más aún: las transnacionales deben informar país por país, los impuestos que pagan y el país que los recauda.

Tercero, las compañías deberían saber quienes son sus propietarios reales y la recaudación fiscal y aplicadores de la ley deberían tener la capacidad de obtener la dicha información fácilmente.

Se consagra la figura del beneficiario efectivo de las compañías para impedir su mal uso mediante testaferros, fiduciarios, hombres de paja, que esconden a los titulares efectivos de las ganancias.

Cuarto, los países en vías de desarrollo deberían poseer la información y la capacidad para recaudar los impuestos debidos y los demás países tienen el deber de asistencia.

El deber de asistencia para aplicar, comprobar, recaudar impuestos se convierte en uno de los deberes globales de justicia, a favor de los que no tienen la aptitud para hacerlo.

Quinto, las industrias extractivas deberían informar de los pagos a los gobiernos y los gobiernos deberían publicar la renta proveniente de tales empresas.

Se recoge el criterio de la ley Dodds-Frank de EEUU, ahora adoptado también por la Unión Europea, que convierte en obligado el compromiso que hasta ahora se definía voluntario (Extractive Industries Transparency Initiative).

2. PLAN DE ACCION PARA IMPEDIR EL ABUSO DE SOCIEDADES Y TRUSTS.

La transparencia de la propiedad y del beneficiario efectivo es esencial para combatir la evasión fiscal y el blanqueo de capitales.

Las sociedades deberían saber quienes son sus propietarios o los que las controlan, asegurando una información adecuada, cuidadosa y ordinaria.

La información sobre el beneficiario efectivo debería ser accesible a los aplicadores de la ley, administraciones fiscales y autoridades financieras. Esto podría conseguirse mediante registros centrales a nivel estatal. Es una información que debiera estar disponible para las entidades financieras y asimismo, en su caso, de acceso público.

Los gestores de trusts deberían conocer al beneficiario efectivo del mismo, incluyendo información de los beneficiarios y fundadores.

Las autoridades deben ser sensibles a la valoración de los riesgos que implican el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y compartir la información con las autoridades, relevantes de su país y otras jurisdicciones.

El abuso de instrumentos financieros y ciertas estructuras de capital pueden obstruir la transparencia y deben impedirse, por ejemplo, acciones al portador y candidatos a ser accionistas o directores.

Las entidades financieras y ciertas empresas y profesiones no financieras, incluidos proveedores de sociedades y trusts, deben estar sometidas a la legislación anti blanqueo y contra la financiación del terrorismo, verificando el beneficiario efectivo.

Las sanciones efectivas, proporcionadas y disuasivas deben aplicarse a las sociedades y entidades financieras que no cumplen con sus obligaciones, en especial, la del conocimiento del cliente(due diligence)

El combate contra el abuso de sociedades y trusts para la actividad ilícita debe incluir la

respuesta a la demanda de información respecto a otras jurisdicciones extranjeras..

3. PLAN DE ACCION DE LOS ESTADOS UNIDOS PARA LA TRANSPARENCIA DE LA PROPIEDAD Y CONTROL DE LA SOCIEDAD.

El mismo día en que el G 8 daba a conocer sus resoluciones, EEUU hizo público un plan de acción de soporte, contemplando especificidades propias de su legislación.

El abuso de entidades legales, en esta perspectiva, integra la valoración de riesgos derivados del blanqueo de capitales.

La identificación y verificación del beneficiario efectivo al momento de formación de la sociedad podría incluir las siguientes condiciones:

El beneficiario efectivo es la persona natural que, directa o indirectamente ejerce el control substancial sobre una entidad legal o tienen un interés económico substancial o recibe beneficios económicos substanciales de tal entidad.

La documentación requerida sobre el beneficiario efectivo será aplicable tanto en la formación de entidades legales directamente o a través de agentes.

La formación mediante agentes les obliga a los deberes antiblanqueo, incluyendo la identificación y verificación del beneficiario efectivo.

La información sobre el beneficiario efectivo estará a disposición de las autoridades públicas, incluidas las fiscales, mediante solicitud al registro central de cada Estado.

Las entidades deben actualizar cualquier cambio de beneficiario efectivo y provee la aplicación de sanciones por falsa documentación.

Las entidades financieras están particularmente compelidas a clarificar y fortalecer el conocimiento de sus clientes, y de los beneficiarios efectivos.

Finalmente, se deben valorar los medios existentes para el cumplimiento de las solicitudes derivadas de la cooperación internacional relacionadas con el beneficiario efectivo de las sociedades.

CONCLUSIONES.

Se puede dar por sentado que los principios globales están modificando en forma sistemática y continua los criterios hasta no hace mucho vigente de fiscalidad internacional. Y, sobre todo, que su extensión aparece cada vez más sólida, innovativa y obligatoria para todos los países. Aquello que comenzó con el G 20 en Londres, 2009, se ha convertido en un corpus iuris, que afecta a los Estados, pero, también, a los sujetos transnacionales, sistema financiero, criminalidad organizada y financiación del terrorismo. La causa, como la he explicado en mi publicación Principios Globales de Fiscalidad Internacional, Barcelona, 2012 (segunda edición 2013), es la constancia por parte de los países desarrollados y economías emergentes que la evasión, el blanqueo y la corrupción son fenómenos muy superiores a los que se pensaba, intrusos en la competencia y en la integridad de los mercados. Por eso, la guerra continua. Menos mal que los anglosajones están de parte de los buenos. Ojalá pudiera decirse lo mismo de la Unión Europea, a trancas y barrancas de su indefinición.