CRISIS¿QUE CRISIS?

La crisis económica no tiene nada que ver con el pesimismo, si no con la imprevisión. El gobierno, cualquiera que sea, es un observatorio profético, debe ver más allá de la colina y por eso la miopía cuesta carísimo. Este es un gobierno aquejado de miopía aguda. No ha visto ni ve lo que está pasando a su alrededor y menos aún lo que nos espera detrás de la cuesta.

El problema es serio, porque identifica una forma frívola y banal de aproximación a las dificultades. Nadie puede sostener que ahora no se viva mejor que hace treinta años y todos tengamos oportunidades que entonces carecíamos. Pero, esto no impide afrontar los obstáculos, previamente pensados, con alternativas diferentes. Aquí estamos en la fotografía a color. En la prensa del corazón. No se piensa, porque se cree que así los problemas no existen.

La crisis anunciada está aquí para quedarse y a la fecha ninguno se da por enterado. Es fácil echarle la culpa a las hipotecas subprime, al petróleo y al sursum corda, siempre que se tenga la honestidad de reconocer los propios fallos.

Primero, la especulación inmobiliaria La facilidad de transformar suelo en plusvalía es la contribución más intensa del país a la cultura económica. Todos contentos. El Ayuntamiento, el promotor, el constructor. Es igual si la oferta se corresponde con la demanda o las exigencias mínimas de ambiente –agua, servicios eléctricos, alcantarillado, etc. Lo importante fue la recalificación salvaje. Dame un trozo de tierra y te haré millonario. Y así no era el mercado, si no el suelo regalado lo que hizo ricos a los que ahora plañen. Obviamente, las empresas de papel madera, prefabricadas para la codicia, aguantaron un soplo. Hasta que el cliente dejó de pagar la primera cuota.

Segundo, la especulación financiera. La facilidad de otorgar créditos hipotecarios, personales, tarjetas de crédito, alimentando el compre hoy y pague mañana tuvo como protagonistas a los bancos, cajas de ahorro, entidades financieras y de inversión que convirtieron el dinero en un bien sin exigencia. Total, era barato y su garantía era la hipoteca y el pluriempleo. Además, el descuento de los títulos hipotecarios permitió la cesión de créditos a otros con la seguridad de su cobro. Hasta que el cliente dejó de pagar la primera cuota.

Tercero, la Administración estatal, autonómica, municipal, encandilada con los grandes números, en cuya virtud, el crecimiento inmobiliario garantizaban el empleo y la recaudación tributaria y a la Seguridad Social, sin complicaciones. Quien podía suponer que esos ingresos y esos empleos tenían la fragilidad del tiempo. Hasta que el cliente dejó de pagar la primera cuota.

Ahora, no hay constructor, banco, Administración pública que no clame la culpa para todos los demás. Desde los Estados Unidos hasta la Unión europea; desde el precio del petróleo a la falta de crédito internacional.

Puede decirse que tienen razón, pero no sería cierto. Cualquier empresa o Administración debe prever que los beneficios desmesurados no corresponden a la norma y que, por lo tanto, si cambian las cosas, se trocan en pérdidas desmesuradas. Eso es precisamente lo que desde hace más de un año advirtieron a España. Que todo se había terminado y debían adoptarse los cambios de ruta necesarios, tanto en el sistema financiero, empresarial cuanto en el gasto público. Nadie escuchaba.

¿Y ahora que?.

La intervención perentoria del Estado para la gestión del previsible derrumbe, deterioro, destrozo del sector financiero e inmobiliario. No parece razonable que sigamos insistiendo en la política del avestruz cuando se multiplican los riesgos de concurso de acreedores, de iliquidez, de morosidad, de restricción crediticia. Algunos de los gestores de crisis pasadas deben ser revitalizados. Aislando los efectos de la crisis se evita su diseminación.

La intervención social del Estado para la gestión del desempleo en términos de servicios comunitarios que actúen de colchón para los más desfavorecidos. Es menester recordar que nos referimos a los inmigrantes. La encomienda a Caritas y la promoción de autoayuda comunitaria (de ecuatorianos, bolivianos, rumanos, etc.) debe ser el primer paso para preservar que el desempleo, por vía de la imposibilidad de efectuar remesas familiares, alimente situaciones de inseguridad difusa. Por cada inmigrante sin trabajo hay una familia fuera que sufre las consecuencias y por cada familia fuera que sufre las consecuencias hay pulsiones del parado a solucionarlas como sea.

La intervención fiscal del Estado, como ya dije, creando un impuesto sobre las superrentas de aquellos que se beneficiaron durante los últimos cuatro años y, no menos importante, la oportunidad de una amnistía fiscal para la economía sumergida siguiendo el modelo de deuda pública con retribución fija, que ya se usara en el pasado, para paliar la segura caída de los ingresos tributarios.

Por último, la recuperación por el sector público de millones de metros cuadrados desperdiciados podría ser un medio de reactivación parcial y social de efectos puntuales y multiplicadores. Ahora toca, la descalificación del suelo urbanizable donde una vez hubo recalificación.

Vale la pena profundizar la idea. La recalificación de suelo urbano fue una onda de recursos para el sector público, asociándose a las plusvalías de los particulares.Si estas plusvalías maduradas, pero no realizadas, se transforman en minusvalías, en números rojos e impiden la realización de las promociones para las que fueron adjudicadas y por lo tanto hay damnificados por procedimientos de concurso de acreedores; lo primero que tiene que proponerse el sector público es disociarse de las pérdidas de los particulares y de los daños a los ciudadanos que difícilmente recuperarán sus anticipos. Una forma de hacerlo sería la expropiación, pero costaría dinero del contribuyente,que no tiene porque pagar los errores de la Administración asociada a los particulares; otra, simple y llanamente, sería descalificar el suelo calificado porque su uso comprometido no se lleva a cabo. La descalificación urbanística permite recuperar suelo, patrimonio, y planificar su gestión en otro sentido; más viviendas de protección oficial, más custodia del territorio, más ahorro de recursos naturales.

Tulio Rosembuj

Catedrático. Universidad de Barcelona