De la impunidad a la inmunidad fiscal

Entre 1999 y 2002 las empresas multinacionales americanas redujeron sustancialmente sus beneficios en los países

industrializados, incrementándolos en casi un 70% en los paraísos fiscales. Para decirlo en cifras, si en l999 localizaron 88 billones de dólares en territorios de nula o baja fiscalidad, fueron 149 billones en el 2002 (Tax Notes). De cada dólar, 17 céntimos fue al agujero negro. Lo que se dice tirar el dinero con la máxima rentabilidad.

La conclusión del autor de la investigación –Martin Sullivan– es que las filiales de los EEUU ahora generan sus beneficios en los tax haven antes que en los lugares donde ejercen su actividad económica sustancial.

La información confirma, para los incrédulos, que la evasión a gran escala, la verdadera, no tiene como protagonistas al agricultor, al comerciante, al autónomo. La gran empresa está en el centro del escenario desplazando con total impunidad sus beneficios del impuesto a la felicidad de la inmunidad. Ese sería el titular: de la impunidad a la inmunidad fiscal a travès del mundo.

Las leyes y la Administración no osan enfrentar al gran evasor. Temen sus represalias, sus abandonos, la deslocalización. Y se equivocan. El IRS de los EEUU, la Agencia tributaria, tiene un comportamiento mucho más inquisitivo y sancionador con la gran empresa que cualquiera de sus equivalentes europeos. Y todos adoran el mercado americano. La verdad es que la decisión de invertir puede estar influida por el coste fiscal, pero no es, ni mucho menos, la variable principal a considerar. La oportunidad de invertir depende de las posibilidades del mercado, de la seguridad jurídica, de las infraestructuras, de la capacidad laboral y, también, de los impuestos. Pero, que se sepa, nadie abandona Francia o Inglaterra por la exclusiva razón del pago fiscal.

Si esto es cierto quiere decir que la Administración tiene un margen razonable de actuación sobre la gran empresa,

al cual parece haber renunciado desde el inicio, de entrada.

No sería justo echarle la culpa al gobierno conservador. Cualquiera que analice el sistema tributario español podrá reparar que desde la transición hasta ahora, con distintos colores políticos, la respuesta a las multinacionales ha sido inexistente. Hay una cortina de protección jurídica, profesional, política que obstaculiza cualquier actuación contra la evasión fiscal internacional.

Y no se diga que esto es inevitable o ineluctable. Y no se diga que la movilidad del capital lo hace fatalmente necesario. No es cierto.

Tomemos un ejemplo. Los precios de transferencia entre las sociedades vinculadas. Una filial o sucursal distribuye

irregularmente beneficios o consigue ahorros fiscales ilícitos. Sobrefacturando o subfacturando, comprando o alquilando por un precio excesivo y vendiendo o prestando servicios por un precio vil.

El precio de transferencia es una práctica ordinaria y su control sería prioritario, así como establecer sanciones que supusieran un mayor coste a la impunidad. No se hace. Es como si fuera un invento teórico. Y, de nuevo, los únicos en creérselo es la Administración americana. Simplemente, para hacerse una idea, en los EEUU la brecha contrastada entre los ingresos debidos y la evasión fiscal por precio de transferencia entre empresas vinculadas se valora en 3 billones de dólares, apuntándose que podría ser superior.