DE SOCAVÓN EN SOCAVÓN

El derecho tributario se puede concebir como la larga marcha del súbdito hacia la ciudadanía.El súbdito es la persona sometida al imperio del Estado,a la supremacía de la Administración, a la arbitrariedad de los jueces .La común inspiración es la identificación del interés público, con el interés del Estado,con la superioridad del poder de imperio y la coacción aún legal.

La minusvalía de la persona supone el desconocimiento de cualquier derecho que no se traduzca en el cumplimiento de la obligación previa e indiscutible de contribuir al gasto público, incluso aunque sea inmotivada, excesiva o injustificada.

La larga marcha hacia la ciudadanía colectiva expresa otros criterios.El ciudadano y la administración representan, ambos, a paridad de esfuerzos, el interés general.No es la Administración más que el ciudadano ni el ciudadano menos que la Administración.Son iguales.

Los deberes de contribuir al gasto público no son previos a su motivación, justificación, razonabilidad.Y, en cualquier caso, teniendo en cuenta que no hay impuesto legítimo que no pueda discutirse, impugnarse, revisarse.

El gasto público no es una entelequia separada del impuesto.La Administración debe asignarlo correcta, eficiente y profesionalmente.Es obvio que si el ciudadano colectivo toma conciencia que su dinero, fruto del trabajo o el capital o ambos, se destruye o despilfarra, se malgasta o se evapora, tiene el derecho implícito, tácito, el derecho humano, a la reticencia.

Estamos en un momento delicado.La Administración pretende recuperar el acento enfático en el imperio de su actividad y el ciudadano repara que su ingreso no colma las necesidades inmediatas que lo legitiman.Hay tensión para el retorno a la sumisión y tendencia a la reserva o resistencia fiscal.

La autogestión tributaria administrativa hace innecesaria la potestad legislativa y judicial.La Administración avanza, desde hace décadas, sobre territorios de libertad patrimonial del individuo que le están vedados y, al mismo tiempo, no prospera en la res-tricción del tráfico ilícito financiero y fiscal que debiera concentrar el mayor de sus esfuerzos.

Curiosamente la merma de las garantías y derechos del contribuyente alimenta una desorbitada y frenética expansión del gasto público improductivo.Del socavón al socavón.El circo inaugurado por los Juegos Olímpicos se caricaturiza en Exposiciones Universales, Forum, Algaradas y Jaranas cuyos números son opacos y subvencionados por empresas a las que luego se les reprocha(sic) que no cumplan con sus cometidos.Sirva de ejemplo FECSA.Cubre el socavón del Forum y es acusada de mal servicio por el corte en la provisión de energía eléctrica en Barcelona.Una cosa por la otra:si yo soy FECSA y regalo millones de euros para tapar las vergüenzas del Ayuntamiento, lo menos que puedo esperar es que me exijan poco o nada, si no ¿qué es lo que estoy pagando?.

El gasto público en determinados servicios esenciales, infraestructuras,seguridad ciudadana está en crisis y cuando se notan sus deficiencias es demasiado tarde.No se trata de sostener un servicio de bomberos para después del fuego.Hubiera sido mejor tenerlo antes.

No se si hay relación, uno sospecha que siempre que se ejercita una potestad ilimitada las consecuencias de la arbitrariedad y la arrogancia se irradian en el sistema; pero, lo que si se , es que el desarrollo paralelo de más recaudación y peor gasto no puede ser casual.Y, al efecto,da igual que sea el Estado, la región o el Ayuntamiento.Hay una falta total de responsabilidad política en el ingreso, de cara al respeto al contribuyente, y en el gasto, de cara al respeto al ciudadano.No es casualidad que el peor gestor del gobierno encargado de Obras Públicas y Transportes sea Inspector de Hacienda.

No deja de ser paradójico que a mayores recursos tributarios, más crítica sea la aplicación del gasto.Y no es un comentario al voleo.El sistema del gasto público ha mejorado sensiblemente en los últimos veinte años; pero, ahora, parece haber tocado techo.No se trata de gastar, sino de hacerlo bien.Y, entonces, surgen los problemas.

El respeto al ciudadano solicita que asignación de los fondos públicos, cualesquiera que sean las prioridades, respete criterios técnicos de corrección y profesionalidad.

El respeto al contribuyente significa que no se puede aplicar la sanción objetiva con carácter general y ante cualquier falta, convirtiendo en graves, infracciones administrativas leves; que no se puede restringir la paridad de armas en los procedimientos de gestión, inspección y recaudación entre la Administración y el individuo; que no se puede restaurar el solve et repete del súbdito para desalentar las reclamaciones del ciudadano, exigiendo garantías que desmienten el acceso a la tutela judicial efectiva; que no se puede desaplicar la nulidad de los propios actos administrativos que sean evidencia de desviación de poder, de extralimitación, en suma, de abuso público.

Si el contribuyente dialoga con el ciudadano, o sea, consigo mismo, se dará cuenta que hay algo que no funciona.Una clase política sin autoridad.Unos, que no aceptan los errores evidentes de su gobierno y otros que para negar el cambio climático citan a sus primos.

Tulio Rosembuj

Catedrático de la Universidad de Barcelona