La desviación de poder

La Administración Tributaria, como cualquiera otra, transita por un sendero estrecho y angosto. Por un lado, la ley le otorga un conjunto de potestades superiores y, por otra, debe preservar exquisitamente no apartarse del fin debido.

 

La desviación de poder es un ilícito atípico que puede producir la Administración en perjuicio o daño del particular.

 

Hay una regla que permite la acción, pero, cuya aplicación convoca una lesión injustificada, que, resulta contraria a lo que permitía la potestad legal. Se llama ilícito atípico porque una acción aceptada se convierte en prohibida consideradas las circunstancias de su realización. Es un ilícito opuesto a los principios jurídicos que inspiran todo el sistema de derecho.

 

Y el remedio a la desviación de poder no depende de la moral y las buenas costumbres, sino, de la sanción jurídica a su comisión.

 

Para muestra basta con alguna experiencia. Aquel procedimiento administrativo que se prolonga eternamente y no por responsabilidad del particular: aquel requerimiento de interrupción genérica de la prescripción ganada, aquella calificación de hechos que no tienen motivación ni fundamento para su defensa y que se evacua con la coletilla: recurra Usted a los Tribunales.

 

Podría decirse que la desviación de poder se verifica siempre que la Administración usa el privilegio de autotutela de su crédito como arma arrojadiza. Lo hago, porque puedo, aunque no tenga razón.

 

El problema, precisamente, radica en la autotutela. Teniendo en cuenta la viscosidad de los procedimientos tributarios y la ineficacia resolutiva de la jurisdicción y el económico-administrativo. La ultima pagina convierte el ciudadano en victima aunque gane. Después de años y años da igual lo que se resuelve, porque para el ciudadano o la Administración la cuestión se ha convertido en pura arqueología. Pero, el daño injustificado no se puede borrar echando los trastos a los órganos paraadministrativos o de justicia ordinaria.

 

La principal de las responsabilidades es de la iniciativa gestora, inspectora o recaudatoria. La nueva LGT ha sido una nueva oportunidad perdida para transformar la potestad administrativa en algo civilmente útil, reglamentando hasta la saciedad la autosatisfacción burocrática.

 

La masa de procedimientos administrativos tardíos, obsoletos, inapropiados impide centrar los focos de fraude y evasión significativos, despilfarrando recursos humanos calificados en actividades condenadas a la derrota o a la frustración.

 

Hay una reforma pendiente de la Agencia Tributaria, convirtiéndola en un instrumento eficaz de política tributaria, al amparo del Congreso de Diputados y con elementos de participación social y autonómica. La desviación de poder es algo demasiado importante para dejarla en manos de los funcionarios.

 

Curiosamente, los partidos preocupados por al carrera bajista de los impuestos no han reparado que el agujero negro del sistema tributario es la propia Agencia Tributaria. Por un lado, esta paralizada para afrontar el fraude fiscal de envergadura y por otra, encuentra confortabilidad en la actuación desviada sobre el contribuyente de masa.

 

La imagen pugilística de la Agencia Tributaria la exhibe como un boxeador agresivo contra otros de menor peso y talla y un boxeador quieto contra los de igual peso y talla.